Uso de cadenas nacionales: ¿Herramienta para contrarrestar la opinión disidente?

Uso de cadenas nacionales: ¿Herramienta para contrarrestar la opinión disidente?

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Se imagina estar sentado frente a un televisor durante 8 días seguidos sin la posibilidad de realizar alguna otra actividad cotidiana como comer o ir al baño? Pues esta imagen representa las 1.365 cadenas ordenadas por el gobierno del presidente Rafael Correa durante los 6 años de su gestión, lo que suma 11.793,19 minutos al aire.

Esta herramienta propagandística utilizada para difundir mensajes oficiales de las diferentes funciones del Estado, es también un instrumento de ataque en contra de la prensa no oficialista y sus invitados, señalados como “opositores” por pensar distinto al Régimen, según ha podido constar Fundamedios.

Este instrumento constituye, junto con más de 20 medios de comunicación en manos del Estado, la herramienta más poderosa para tratar de plasmar el pensamiento de la “revolución ciudadana”.

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*Las 632 cadenas correspondientes a 2007,2008 y 2009 fueron contabilizadas por Fundación Ethos, mientras que Fundamedios registró 732 enlaces obligatorios pertenecientes al 2010, 2011 y 2012.

Los tres últimos años de administración de la llamada Revolución Ciudadana (2010-2012) se utilizaron 138 cadenas nacionales para difundir mensajes del “Gobierno”, que representó 1.464 minutos gratuitos en más de 200 estaciones radiales y televisivas del país.

En segundo lugar, con 137 cadenas (1.029 minutos) están los mensajes difundidos bajo el tema “interés general”, según se especifica en las órdenes de la Secretaría de Comunicación. Dentro de estos enlaces, generalmente, están los espacios utilizados para polemizar contra los que ha denominado Correa sus “opositores”, encabeza esta lista la llamada “prensa corrupta” seguida por políticos, asambleístas, líderes de opinión, todos contrarios al pensamiento gubernamental.

Todos quienes han mostrado una postura distinta a la oficial se han hecho merecedores de este tipo de enlaces. Por ejemplo, varias cadenas fueron dedicadas a los sectores indígenas cuando realizaron protestas en rechazo a la aprobación de la ley de Recursos Hídricos, o en el 2011, al menos 13 de este tipo de cadenas fueron utilizadas para defender el juicio iniciado, a título personal, por el presidente Rafael Correa contra Diario El Universo, es decir defendió un juicio personal con recursos de todos los ecuatorianos.

La Asamblea Nacional también fue uno de los actores que más utilizó esta herramienta comunicacional con 66 enlaces obligatorios que en la práctica constituyen 503 minutos al aire.

Un hecho que cabe recordar, fue la cadena de radio y televisión “indefinida e ininterrumpida” del 30 de septiembre de 2010, cuando el país vivió una jornada de violencia generada por una sublevación policial, que el Gobierno calificó como “intento de golpe de Estado”. Aquel día, todas las estaciones del país tuvieron que enlazarse obligatoriamente a la señal de Ecuador TV , llamado medio público que constituyó un acto de censura a la información, donde no se permitió a los medios privados informar de lo que sucedía y donde se le privó a los ciudadanos de obtener información de distintas fuentes.

Hay que resaltar que en el 2011, se utilizaron 17 enlaces para informar sobre el proceso de la Consulta Popular y Referéndum, celebrado el 7 de mayo de 2011, por lo que se espera que en el próximo proceso electoral, previsto para el 2013, esa cifra aumente.

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Por un lado -y dentro del debate democrático y cuando de asuntos de interés público se trata- se exige que las autoridades estatales actúen con mayor transparencia y rindan periódicamente cuentas a la ciudadanía de cómo desarrollan sus gestiones.

En ese sentido la Corte Interamericana ha indicado que no solo es un derecho, sino un deber de todo funcionario público pronunciarse públicamente sobre tales asuntos, y para ello es legítimo que empleen los mecanismos comunicacionales del Estado, con el fin de que toda la ciudadanía se informe de su gestión.

Por ello, las cadenas nacionales son el medio tradicional por el cual las autoridades estatales comunican a la ciudadanía sobre asuntos de especial interés para el país.

La normativa legal vigente indica que “las cadenas nacionales son espacios exclusivamente para la información de las actividades de las respectivas funciones, ministerios u organismos públicos y los funcionarios que transgredan esta disposición serán sancionados de acuerdo a la ley” (1). En el mismo artículo se menciona que la transmisión de estos espacios será en “horarios compatibles con programación regular de las estaciones de radiodifusión y televisión, salvo en el caso de emergencia constitucionalmente declarada” (2).

Sin embargo, el uso que le ha dado el actual Gobierno a esta herramienta comunicacional es contrario a la normativa nacional y a los principios internacionales sobre esta materia, entre las características de este enlace obligatorio están:

1. Interrupción de espacios noticiosos.

2. Transmisión exclusiva en medios privados: para “desmentir”, “aclarar”, desacreditar, a juicio del gobierno, imprecisiones de información u opiniones vertidas en esos espacios noticiosos

3. Este enlace se ordena como “cadena”, cuando existe la disposición de que ninguna estación contraria a la dispuesta, se enganche a esta señal.

4. Son utilizadas para defender la postura oficial: proyectos de ley, juicios, etc.

5. La duración de este tipo de enlaces oscilan entre los 3 y 15 minutos.

6. Generalmente el material que se emite en forma de “cadena”, es el utilizado en los enlaces sabatinos del presidente Correa.

Al respecto los órganos del Sistema Interamericano han venido alertando en años recientes sobre un uso abusivo que algunos estados estarían dándole a su facultad de emitir enlaces y cadenas nacionales, pues ello se ha convertido en la práctica, en un mecanismo de restringir indebidamente el ejercicio del derecho a la libre expresión, y en ciertos casos ha dado cabida a que se menoscaben otros derechos fundamentales de particulares.

En repetidas ocasiones, la Relatoría Especial ha alertado sobre el uso excesivo y discrecional de las cadenas nacionales. En particular, ha hecho referencia a que la excesiva frecuencia de tales mecanismos en la práctica conlleva a que los medios de comunicación que deban interrumpir su programación para dar paso al enlace nacional, se ven impedidos de ejercer su derecho a difundir la información que deseen en el marco de su ejercicio a la libre expresión.

Si tales cadenas se realizan con excesiva frecuencia, la consecuencia será que los medios no oficiales se encontrarían transmitiendo permanentemente y en detrimento incluso de su línea editorial, el mensaje oficial del Estado.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, al respecto, ha indicado que “este mecanismo, utilizado en forma discrecional y con fines ajenos al interés público puede constituir una forma de censura”.

¿Instrumento para atacar a periodistas?

De las 1364 cadenas transmitidas durante la presidencia de Rafael Correa, 46 han sido reportadas como alertas por Fundamedios por ser utilizadas en contra de medios, periodistas y figuras públicas de oposición. En 2008 se utilizaron 2 enlaces obligatorios; en el 2009 se transmitieron 3; durante el 2010 fueron 4 y se observó un sustancial aumento durante el 2011 y 2012, con 17 y 20 cadenas nacionales en cada año.

Frases como: “¿Es esto un periodismo imparcial, independiente? ¿Hasta cuándo? Por esto es que Piero alguna vez cantó…: “Y todos los días, todos los días, los diarios publicaban porquerías”. Y Víctor Heredia, ante tanta infamia, lo reafirmó diciendo: “Y ese miente miente que forma de mentir “. O para asegurar que ciertos periodistas tienen “escaso criterio periodístico que les impide ver más allá de sus intereses políticos de oposición”, forman parte de estos mensajes obligatorios.

Algunos ejemplos

Una de las primeras cadenas registrada por Fundamedios fue la emitida en diciembre de 2008, utilizada para descalificar a Carlos Vera, ex presentador del espacio de opinión “Contacto Directo”, quien fue criticado por haber vertido comentarios, a su juicio, del mal desempeño del Ministerio de la Vivienda en la construcción de casas en Manabí y Guayas, provincias del Ecuador.

En marzo de 2009, el Gobierno ordenó una cadena televisiva en contra de los periodistas Carlos Vera, Jorge Ortiz, y Emilio Palacio. Los tres comentaron sobre la conformación de la Comisión de Transparencia que investigó el bombardeo e incursión del Ejército colombiano en el sector de Angostura.

En octubre de 2010, el programa de entrevistas “Los Desayunos de 24 Horas”, conducido por María Josefa Coronel de la estación de televisión Teleamazonas, fue interrumpido por una “cadena” gubernamental para criticar las opiniones y cuestionamientos de la presentadora, así como de sus invitados, entre los que se contaba el ex presidente Lucio Gutiérrez, líder opositor que es acusado por el Gobierno de ser quien lideró la sublevación del 30 de septiembre.

Los medios radiales también fueron afectados con estas interrupciones, en febrero de 2011, el espacio noticioso de Radio Quito fue interrumpido durante 15 minutos por una “cadena gubernamental” que sirvió para descalificar la entrevista realizada por Miguel Rivadeneira, periodista y director de la estación, al coordinador de la veeduría que investigó los contratos de Fabricio Correa con el Estado.

El 28 de marzo de 2011, se emite otra cadena nacional contra los periodistas de investigación: Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, autores del libro “El Gran Hermano”, que reveló contratos suscritos entre Fabricio Correa, hermano del Presidente, con el Estado.

Tras la audiencia sobre la situación de la libertad de expresión en Ecuador, que se desarrolló el 25 de octubre de 2011, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington y a la que Fundamedios acudió como defensor de derechos humanos junto a víctimas y periodistas, se emitieron al menos 3 cadenas nacionales televisivas y una radial de una duración de algo más de 15 minutos de duración dónde se hizo falsas imputaciones en contra del Director Ejecutivo de Fundamedios y contra la organización, vinculándolos incluso con personajes a quienes, el gobierno acusa de estar relacionados con crímenes de Estado cometidos en el pasado y con tramas conspirativas en contra de éste.

Se han utilizado, hasta para aclarar que desayunó el Presidente, como se lo hizo el martes 11 de septiembre de 2012, en una cadena de tres minutos en el espacio de entrevistas “Desayunos de 24 Horas”.

Postura del Oficial

Esta herramienta comunicacional ha sido utilizada políticamente según lo expuso el secretario de Comunicación Fernando Alvarado, en conversatorio con el Instituto de Prensa Internacional (IPI), el 10 de mayo de 2012; donde expresó que “Consideramos a ciertos medios de comunicación y a ciertas personas que dicen ejercer el periodismo como actores políticos que están con un interés más allá de la libre expresión o del derecho a informar a la ciudadanía. A estos actores políticos, que están claramente identificados, se les da una respuesta política”, aclaró Alvarado.

Así mismo Alvarado dijo en la revista Gato Pardo, que los medios son “una maleza que había que limpiar (…) la maleza siempre está allí, y siempre iba a estar, y que, en consecuencia sólo tenía dos caminos: darle espacio y negociar con ellos, lo que implicaba dejar la maleza crecer, podándola sólo de vez en cuando…”

En el mismo sentido y para justificar la utilización de estos espacios para arremeter contra periodistas el presidente Correa, el pasado 26 de noviembre de 2011 durante su Enlace Ciudadano 247, el Mandatario indicó que las cadenas nacionales han sido utilizadas para desmentir a la “prensa corrupta” y defendió su utilización, “Es nuestro derecho y nuestro deber informar al pueblo ecuatoriano. Por si acaso esas cadenas cuestan cero (dólares), es un derecho legal que tiene el gobierno. Si no fuera algo adecuado, algo correcto, entonces por qué está en la ley y estamos utilizando ese derecho”.

Sostuvo además que se usaría menos ese derecho “si tuviéramos una prensa algo decente que publicara la verdad o, al menos cuando se equivocan o mienten, rectificaran las mentiras, pero nunca lo hacen” y aseguró que “no nos van a atemorizar, seguiremos con las cadenas, mientras haya prensa corrupta, mala fe que manipule todo y no publique ni siquiera las rectificaciones que enviamos frente a las mentiras que publican. Seguiremos utilizando ese derecho y ese deber que es informar al público”, expresó el Jefe de Estado”.

Recientemente, Rafael Correa volvió a defender el uso de esta herramienta. Esta vez fue a través de su cuenta de twitter @mashirafael, después que una de sus seguidoras @angieayala_mrtz le preguntó: “¿Por qué la Secom (Secretaría de Comunicación de la Presidencia) gasta tanto nuestro dinero en cadenas nacionales hasta para aclarar que Ud desayunó en el mercado?”. A lo que Correa respondió: “1ro. Las cadenas nacionales son gratuitas. 2do. No entendió nada. No es dónde comió el presidente, sino cómo se miente…”.

Por su lado, el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, advirtió en su cuenta de Twitter que debido a los “miopes de dignidad, fatuos representantes de los conceptos. ¡Nos han motivado a realizar un par de producciones más!”.

Sobre el manejo de estos espacios, en su informe de 2011, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), criticó el uso que el Gobierno ha dado a las cadenas, generalmente para señalar a sus críticos, al decir que el Ejecutivo “ha implementado una nueva manera de utilizar las facultades que autorizan la celebración de cadenas presidenciales”.

La CIDH y su Relatoría Especial señalan que hay límites para los contenidos de las cadenas nacionales y argumentan “no es cualquier información la que legitima al Presidente la interrupción de la programación habitual, sino aquella que pueda revertir interés de la colectividad en el conocimiento de hechos que puedan encerrar trascendencia pública y, que sean realmente necesarios para la real participación de los ciudadanos en la vida colectiva.”

Así mismo, la Relatoría Especial ha reconocido la potestad del Presidente y de las altas autoridades del Estado para utilizar los medios de comunicación independientes con el propósito de informar a la población sobre aquellas cuestiones que requieren ser informadas de manera urgente. En efecto, no sólo es legítimo sino que en ciertas ocasiones es un deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre cuestiones de interés público.

El ejercicio de esta facultad, no es absoluto. El principio 5 de la Declaración de Principios establece explícitamente que, (…) “las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.

La Corte Interamericana también ha sostenido que las situaciones de riesgo pueden ser exacerbadas si se es objeto de discursos oficiales que puedan provocar, sugerir acciones, instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de personas que ejercen la libertad de expresión.

En este mismo sentido, una cadena nacional pierde su calidad de interés público cuando es empleada para menoscabar derechos de terceros, o cuando es empleada como un mecanismo de injerencia en otras funciones del Estado.

Así, cuando las autoridades emplean estos espacios para hostigar, atacar, insultar y estigmatizar a personas o grupos, no solo existe un ejercicio abusivo de las cadenas, sino que en ello se configuran actos de violación contra derechos fundamentales. Igualmente, y tal como lo han alertado los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, los funcionarios públicos (en particular el Ejecutivo) que utilicen de estos espacios no deben hacerlo para amedrentar, influenciar, o afectar el debido curso de procesos judiciales en curso, pues ello constituye una amenaza al derecho de independencia e imparcial del que gozan quienes ejercer la función judicial.

Enlace Ciudadano

Estas cadenas presidenciales de los sábados, que no son obligatorias por cierto, y hasta el momento se han emitido 296, forman parte central de los “gabinetes itinerantes” un mecanismo de comunicación política que consiste en el traslado semanal del Presidente, sus ministros y otras autoridades a distintos lugares del país y que tiene el objetivo de “garantizar el acceso a la participación pública y política” según el Plan del Buen Vivir de este Gobierno.

Los enlaces sabatinos se dieron a un mes de la posesión de Correa (enero 2007), al inicio eran transmitidas por radio, luego se extendieron a la televisión. Estos son transmitidos por los medios en manos del Estado (10) y se engancharon alrededor de 200 medios a nivel nacional.

El objetivo de participación de la ciudadanía, a través de la rendición de cuentas semanal, se ha ido cambiando de forma, ahora este espacio es utilizado como instrumento de descalificación de sus oponentes, defensa de miembros de su gobierno involucrados en escándalos de corrupción, ataques contra periodistas y medios de comunicación privados, hasta plataforma para establecer políticas públicas como la prohibición a sus ministros y funcionarios públicos de dar entrevistas a medios privados o el retiro de la publicidad oficial de los medios a los que llama mercantilistas.

Al respecto, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de 2011, lamentó que el primer mandatario emplee sus enlaces sabatinos para descalificar a medios de comunicación y periodistas críticos del Gobierno y recordó que el jefe de Estado ha tildado a los medios y periodistas como: “prensa corrupta”, “amarillista”, “manipuladores”, “mediocres”, “corruptos”, “conspiradores” y “sicarios de tinta”.

Para la Relatoría, hay una intención de “estigmatizar a periodistas, medios de comunicación u organizaciones no gubernamentales que hacen pública información crítica de las actuaciones del Estado” y recordó que funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no lesionen los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento.

Cadenas nacionales en la región

Esta herramienta, además ha sido utilizada por otros presidentes de la región, de acuerdo a una nota publicada por diario El País de España, el 22 de julio de 2012, bajo el título: “Chávez, Correa y Fernández, líderes en el uso de la propaganda televisiva”, estudio que se originó luego de que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, emitiera cuatro discursos televisivos en 5 días.

Notas
1 Art. 29 de la vigente Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión
2 Ibid 1