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Ley de Comunicación

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Ramiro García (izq.) y César Ricaurte durante la rueda de prensa.
Ramiro García (izq.) y César Ricaurte durante la rueda de prensa.
Ramiro García (izq.) y César Ricaurte durante la rueda de prensa.

Esta mañana, Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha solicitaron a la Fiscalía que se incluya al CORDICOM en el proceso penal que siguen estas instituciones contra el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, quien fue denunciado por falsificación de instrumento público, así como por su uso.

Según Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el Consejo de Regulación de Información y Comunicación (CORDICOM) también manipuló el inciso segundo de la transitoria sexta de la Ley de Comunicación de Ecuador, función que solo le compete a la Asamblea Nacional.  Esta adulteración consta en el “Reglamento para la aplicación del artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación sobre contenidos musicales”, elaborado por ese organismo y publicado en el Registro Oficial el 29 de octubre de 2014.

Este cambio consta en los considerandos del reglamento sobre el inciso segundo de la transitoria sexta que se refiere a la gradualidad progresiva para la difusión musical de producción nacional. El texto que publicó fue: “La Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica de Comunicación dispone la gradualidad para la aplicación del artículo 103 de la referida Ley, debiéndose aplicar la difusión de contenidos musicales en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la Ley…”. El texto original de la Ley menciona el 102.

“Tanto la SUPERCOM como el CORDICOM manipulan el texto de la Ley. Esto se denomina en derecho falsedad ideológica. Es decir adulteran y cambian el texto a efecto de posibilitar -en el caso del CORDICOM- un reglamento que permita la aplicación de sanciones utilizando un texto que no es el aprobado por el Legislativo”, dijo García en rueda de prensa.

Informó además que han solicitado a la Fiscalía que les envíe copia certificada de la resolución del CORDICOM y que se certifique quienes fueron los que votaron por esa resolución, así como el cargo que esas personas ocuparon.

De su parte, César Ricaurte, director de Fundamedios, recalcó la fecha del reglamento: 29 de octubre de 2014 y dijo que fue suscrito por Patricio Barriga, actual secretario Nacional de Comunicación. “Recordemos que las sanciones a los medios de comunicación por parte de la Supercom, aplicando este reglamento y modificación de la Ley de Comunicación, datan de principios de 2016. Es decir, un año después de que se aprueba este reglamento. La primera modificación o posible falsificación de la Ley de Comunicación la hace el CORDICOM”. La organización ha reportado 11 sanciones a medios con el texto adulterado.

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El director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (FUNDAMEDIOS), César Ricaurte; la presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE), Susana Piedra; el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), Diego Cornejo; y el representante de la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, Luis Verdesoto, que reúne a 25 organizaciones de la sociedad civil, solicitaron, el martes 2 de agosto de 2016, una reunión de trabajo a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, para iniciar un debate urgente hacia la reforma integral a Ley Orgánica de Comunicación (LOC) siguiendo el mandato expreso realizado al Estado ecuatoriano por el Comité de DDHH de Naciones Unidas, en su documento de recomendaciones.

Las observaciones remitidas por el Comité, conformado por 18 expertos internacionales en DDHH, son claras y surgen del seguimiento a la situación del Ecuador, el análisis de la documentación entregada por el Estado ecuatoriano y de los informes presentados por la sociedad civil. En el párrafo 30 de las recomendaciones se lee: “El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión en todas sus formas, de conformidad con el artículo 19 del Pacto. Al respecto, debe velar por que su legislación, en particular la Ley Orgánica de Comunicación, sea plenamente compatible con el artículo 19 del Pacto y que cualquier restricción del ejercicio de la libertad de expresión cumpla plenamente con las estrictas exigencias establecidas en el artículo 19, párr. 3, del Pacto y desarrolladas en la Observación general núm. 34 (2011) sobre libertad de opinión y libertad de expresión del Comité. Asimismo, el Estado parte debe ofrecer protección efectiva a todos aquellas personas que sean objeto de actos de acoso o amenazas por ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión y asegurar que todas las alegaciones relativas a actos de esa naturaleza se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial y que los autores sean llevados ante la justicia”.

En declaraciones para la prensa, César Ricaurte explicó que si bien el Comité señala principalmente dos aspectos de la LOC: el linchamiento mediático y la censura por omisión que se ha convertido en un mecanismo para imponer contenidos, esos sólo son dos ejemplos en un conjunto de preocupaciones que fueron expresadas durante el examen a Ecuador. “Por eso estamos pidiendo que se abra un gran debate nacional, en el que participen los actores involucrados en el mundo de la comunicación para que al final tengamos una ley que sí cumpla los estándares, que se sujete plenamente al artículo 19 del Pacto y a las recomendaciones recogidas en la observación 34”, afirmó a los medios de comunicación.

En la solicitud, los representantes de las organizaciones también le recordaron a la Presidenta de la Asamblea que el cumplimiento de las observaciones del Comité de DDHH es obligatorio y al Órgano Legislativo que preside le corresponde tomar las acciones pertinentes para que la Ley de Comunicación deje de ser el principal mecanismo de censura y restricción a la libertad de prensa y expresión de los ecuatorianos, como ha sucedido en sus tres años de vigencia.

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valeFundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha presentaron hoy un denuncia penal contra el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, por alterar una transitoria de la Ley de Comunicación de Ecuador, función que solo le compete a la Asamblea Nacional.  Esta modificación ocurrió cuando el funcionario encargó la impresión de la normativa en 300.000 textos de bolsillo. Pero además con este cambio sancionó a 11 medios durante el 2016.

La denuncia fue presentada esta tarde ante la Fiscalía. En ella, los demandantes solicitaron el inicio de la instrucción fiscal contra Ochoa por la falsificación de instrumento público, así como por su uso. Para ello se basan en el artículo 328 del Código Penal Integral (COIP) que se refiere a la falsificación y uso de documento falso. Su texto dice: “La persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando se trate de documentos privados la pena será de tres a cinco años. El uso de estos documentos falsos, será sancionado con las mismas penas previstas en cada caso.”

El cambio que hizo la Supercom se ubica en el inciso segundo de la transitoria sexta de la Ley. Este se refiere a la gradualidad progresiva para la difusión musical de producción nacional y su texto original es: “La misma gradualidad se aplicará para la difusión de contenidos musicales que establece el artículo 102, en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Ley…“. Pero en los textos impresos menciona el artículo 103 (que trata sobre la difusión progresiva de contenidos musicales) en lugar del 102 (referente al fomento de la producción nacional independiente).

La sanción por incumplir el artículo 103 es el pago equivalente a 10 salarios básicos. Según el registro de Fundamedios, al menos 22 radios han sido sancionadas con este artículo desde el 2014. Sin embargo desde enero del 2016, son 11 los medios sancionados con la transitoria modificada al artículo 103. Las multas suman más de USD 40.000.

Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, explicó en rueda de prensa que hubo uso doloso del documento alterado. “Hemos considerado con Fundamedios que este es un tema jurídico que no puede permitirse”.

Mientras que César Ricaurte, director de Fundamedios, informó que los medios sancionados con este cambio son Radio Canela, Radio Alfa 98.5 FM , Radio Bonita 93.7 FM (Ambato), Radio Cariamanga 104 FM (Cariamanga), Genial Radio (Santa Elena), Radio Encuentro (Santa Elena) Radio Disney 93.7 FM (Guayaquil), Radio Turbo de Guaranda 93.9 FM, Radio Turbo de Ambato 93.3 FM y en dos ocasiones a Radio EXA FM. Además recordó que existen un pedido de juicio político en la Asamblea contra Ochoa por la misma razón, pero además de sus responsabilidades políticas hay claros indicios de que se ha cometido un delito. En la plataforma Change.org, Fundamedios ha logrado hasta el momento que 203 personas respalden este pedido.

García recalcó que hay “un delito cometido” y reconocido por el propio Superintendente. Se refirió así a la entrevista que Ochoa diera a El Universo, el 11 de julio de 2016. Allí, el funcionario afirmó que “lo único que hizo fue generar un arreglo, en vez de ser el artículo 102, se puso lo que obviamente constaba, que era el espíritu de la ley”. El abogado espera que la Fiscalía inicie las correspondientes investigaciones. “El señor Ochoa reconoce haber actuado dolosamente, no se trata de un error de tipeo ni de imprenta”, manifestó el jurista.

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La Superintendencia de la Información y Comunicación alteró una transitoria de la Ley de Comunicación; lo hizo cuando encargó la impresión de nuevas versiones de la Ley Orgánica de Comunicación y aplicó esa norma para emitir 11 sanciones contra medios de comunicación durante el 2016. Arrogándose funciones del Legislativo, el superintendente Carlos Ochoa modificó la transitoria sexta de la Ley y la aplicó en varias las resoluciones de ese organismo.

Por esa razón, Fundamedios considera que existen motivos suficientes para el inicio de un juicio político y censura de la autoridad de la Supercom, el señor Ochoa. Más aún cuando el funcionario admitió su falta, al declarar a la prensa: “Todos sabemos de ese error en el acápite seis. Va al artículo 102 ‘Fomento a la producción nacional’, cuando esto supuestamente tenía que ver con el 1×1. Esta ley (de bolsillo) lo único que hizo fue generar un arreglo, en vez de ser el artículo 102, se puso lo que obviamente constaba, que era el espíritu de la Ley y a lo que se refería, que era el artículo 103”.

El texto de la transitoria sexta de la Ley de Comunicación, aprobada por la Asamblea Nacional el 23 de junio del 2013, no es el mismo que se lee en las ediciones de bolsillo impresas por la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom). La entidad reguladora modificó un aparente “error” de la LOC, y lo repite en sus resoluciones amparadas en esta transitoria.

El cambio que hizo la Supercom se ubica en el inciso segundo de la transitoria sexta de la LOC: se modificó el número del artículo 102, referente al fomento de la producción nacional independiente, por el 103, sobre la difusión progresiva de contenidos musicales.

El segundo inciso de la transitoria sexta de la norma, que refiere a la gradualidad progresiva para la difusión musical de producción nacional, menciona lo siguiente: “La misma gradualidad se aplicará para la difusión de contenidos musicales que establece el artículo 102, en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Ley…”. Sin embargo, en las ediciones de bolsillo de la Supercom, el texto menciona que “La misma gradualidad se aplicará para la difusión de contenidos musicales que establece el artículo 103…”

Las 11 resoluciones dictadas contra medios se basaron en este artículo falseado de la Ley de Comunicación (LOC). De esta manera, el Superintendente y los intendentes zonales Jeoconda Loor Chancay y Gustavo Merino, violaron el artículo 56 de la misma, al no fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación. Pero, sobre todo, violaron el principio de legalidad contenido en la Constitución y tratados internacionales, según el cual nadie puede ser sancionado sino en estricta aplicación de la ley y según lo que esté expresamente señalado en ella.

La sanción por incumplir el artículo 103 es el pago equivalente a 10 salarios básicos. Según el registro de Fundamedios, al menos 22 radios han sido sancionadas con este artículo desde el 2014. Sin embargo desde enero del 2016, son 11 los medios sancionados con la transitoria modificada al artículo 103. Las multas suman más de USD 40.000.

En estas resoluciones se hace mención a la transitoria sexta modificada sancionando a: Radio Canela, Radio Alfa 98.5 FM , Radio Bonita 93.7 FM (Ambato), Radio Cariamanga 104 FM (Cariamanga), Genial Radio (Santa Elena), Radio Encuentro (Santa Elena) Radio Disney 93.7 FM (Guayaquil), Radio Turbo de Guaranda 93.9 FM, Radio Turbo de Ambato 93.3 FM y en dos ocasiones a Radio EXA FM.

El artículo 131 de la Constitución faculta a la Asamblea Nacional para iniciar un proceso de enjuiciamiento político “a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, (…) de Superintendencias, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado”. Las acciones del superintendente Ochoa se corresponden con esta causal, por lo que el juicio político debería finalizar en su censura y destitución. Si de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, la misma Asamblea dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente.

En el caso específico de que se llegue a comprobar que Carlos Ochoa, Gustavo Merino y Jeoconda Loor cometieron un uso abusivo de la Ley y podrían enfrentar cargos penales por falsificación y uso de documento falsificado. La causa la podrían iniciar los perjudicados o terceras personas.

Todos estos hechos son motivo suficiente para que Fundamedios, en su calidad de organismo no gubernamental que trabaja en la defensa de la libertad de expresión, demande de los legisladores el inicio de juicio político y la destitución contra el Superintendente Carlos Ochoa, enviando de esa manera un claro mensaje sobre la importancia de respetar el Estado de Derecho en el Ecuador.

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Representantes de la sociedad civil harán el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Comité de DDHH de la ONU por parte del Estado ecuatoriano.
Representantes de la sociedad civil harán el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Comité de DDHH de la ONU por parte del Estado ecuatoriano.
Representantes de la sociedad civil harán el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Comité de DDHH de la ONU por parte del Estado ecuatoriano.

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil [1] que presentaron informes alternativos sobre la situación del Ecuador, con el apoyo de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), afirmaron que han sido contundentes las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el sexto informe periódico del Ecuador. Así lo expresaron hoy en rueda de prensa y aseguraron que ven reflejadas sus preocupaciones en las recomendaciones emitidas por las Naciones Unidas.

César Ricaurte, director de Fundamedios, destacó el rol determinante de la sociedad civil y la importancia del informe emitido por el Comité que incluye 33 recomendaciones y se concentra en tres ejes principales: Comisión de la Verdad; libertad de expresión y reunión pacífica; y jurisdicción indígena. Además destacó que el Comité de DDHH da un año al Estado ecuatoriano para que implemente políticas y acciones efectivas alrededor de estos temas. Ricaurte también destaca que el Comité es enfático en el tema de libertad de expresión y muestra su preocupación “sobre los casos de personas críticas al Gobierno, incluyendo periodistas y usuarios de redes sociales, que habrían sufrido acoso y amenazas luego de ser mencionadas específicamente por oficiales del Gobierno”. El informe del Comité recuerda que el Estado ecuatoriano “debe velar por que su legislación, en particular la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), sea plenamente compatible con el artículo 19 del Pacto”, por lo que “desde la sociedad civil, exigimos que la Asamblea Nacional inicie inmediatamente el proceso de reforma a la LOC, con participación activa de la sociedad civil, para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión”, aseveró Ricaurte. El informe también se al derecho de asociación: “El Estado parte debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción puedan ejercer en la práctica su derecho a la libertad de reunión pacífica”.

La activista Lotty Andrade se congratuló de que el Comité se haya referido en el informe a los abusos y violencia sexual en centros educativos. El organismo manifiesta su “preocupación por el bajo número de sentencias condenatorias en relación con el elevado número de denuncias sobre delitos sexuales en el ámbito educativo registradas y la presunta impunidad de algunos perpetradores de tales actos”. Destacó que el informe manifiesta la necesidad de intensificar sus esfuerzos para garantizar la aplicación efectiva de la legislación y las políticas sobre igualdad de género existentes para alcanzar la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Los expertos también recomiendan adoptar medidas efectivas para aumentar la participación de las mujeres en los cargos de elección unipersonal a nivel local. Andrade también resaltó el Comité observa con preocupación que el nuevo Código Orgánico Integral Penal criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo y establece que el Estado debe revisar el Código Orgánico Integral Penal a fin de introducir excepciones a la interrupción voluntaria del embarazo, entre ellas, la despenalización del aborto por violación.

De izquierda de derecha:  Karla Calapaqui, Pamela Troya, César Ricaurte, Martha Roldós y Lotty Andrade.
De izquierda de derecha: Karla Calapaqui, Pamela Troya, César Ricaurte, Martha Roldós y Lotty Andrade.

La activista Pamela Troya destacó las recomendaciones del Comité en cuanto a la discriminación y violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género. También recordó que en el informe el Comité “lamenta no haber recibido información detallada” acerca de las acciones de carácter penal desplegadas contra los responsables de los “tratamientos” en las llamadas ‘clínicas para tratar la homosexualidad’ y sus resultados. Asimismo, enfatizó en que el Comité concluyó que el Ecuador debe redoblar esfuerzos “para combatir estereotipos y prejuicios contra personas LGBTI y garantizar que se prevengan los actos de discriminación”.

La activista Martha Roldós comentó sobre el capítulo acerca de la independencia judicial que incluye el informe y resalta la contundencia de la recomendación: “El Estado parte debe incrementar sus esfuerzos para asegurar y proteger la plena independencia e imparcialidad de la judicatura, garantizando que pueda desempeñar sus funciones judiciales sin ningún tipo de presiones o injerencias”. Pidió a las autoridades que lean detalladamente las recomendaciones.

La activista Karla Calapaqui se refirió a las observaciones sobre uso excesivo de la fuerza en el las manifestaciones sociales y la criminalización de la protesta bajo figuras penales como el sabotaje y el terrorismo. Destacó además la recomendación de agilitar la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. En sus resoluciones, el Comité también conmina al Estado a proteger la vida de los pueblos indígenas en aislamiento, garantizando que no se realicen actividades extractivas que los coloquen en una situación de mayor vulnerabilidad. En cuanto a la jurisdicción indígena, recomienda al Estado parte tomar las medidas necesarias para adoptar un marco legal e institucional específico que regule la división de competencias entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, asegurando el respeto de los derechos de las comunidades.

En general, el informe lamenta la falta de información en las respuestas orales y escritas de la delegación ecuatoriana. Sobre todo la no entrega de cifras sobre cuántas personas han sido criminalizadas por terrorismo y sabotaje durante este periodo. Por último, los representantes de la sociedad civil dijeron que se mantendrán vigilantes de las acciones que tome el Estado, ya que las recomendaciones del Comité de DDHH son de cumplimiento obligatorio. Asimismo, informaron que dentro del seguimiento que hace el Comité se prevé la visita de relatores para monitorear la aplicación de las recomendaciones al Estado ecuatoriano, en el transcurso de un año.

[1] Las organizaciones que presentaron los informes sombra al Comité de DDHH de la ONU fueron: Fundamedios, Conaie, Ecuarunari, Confeniae, Frente Popular, Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres, Asamblea Plurinacional Permanente en Mujeres en Resistencia, Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en el Ecuador, Fundación Yerbabuena y Observatorio de DDHH colectivos y minorías, Área de Derecho y Programa Andino de DDHH de la Universidad Andina Simón Bolívar, Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Conaie, Cofenaie, Pueblo Kichwa de Sarayaku, Nación Sapara del Ecuador, Terramater, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Fundación Ecuatoriana Equidad (FEE), Global Initiative for Sexuality & Human Rights, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador (CEDHU), Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas y Matrimonio Civil Igualitario.

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A tres años de vigencia y aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), la falta de transparencia ha sido una constante. Negativas, evasivas, desorganización y trabas en la entrega de información resume gran parte del actuar de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y las distintas intendencia zonales a la hora de entregar información sobre las sanciones a los medios.

Eso ha impedido realizar un exhaustivo proceso de monitoreo de la LOC y que los ciudadanos tengan un cabal conocimiento de la verdadera masacre que se ha perpetrado bajo una aplicación abusiva y arbitraria de una normativa que viola todos los estándares de protección a la libertad de expresión, denuncia Fundamedios.  

Hasta el 14 de junio de este año, Fundamedios contabilizó un total de 554 procesos en contra de medios de comunicación, de los cuales, 398 culminaron en sanción. De los procesos que tienen sanción, el 55% (220) fueron multas económicas; el 27% (107) fueron amonestaciones escritas y el 11% (45) fueron disculpas públicas. Cifras que muestran el hostigamiento a los medios y el riesgo que estas multas representan para la estabilidad económica de los mismos.  (Descargue las cifras completas)

Los medios más sancionados han sido los medios privados. El ranking lo encabeza diario La Hora que ha acumulado un total de 17 sanciones, seguido por Canal UNO con 16; Diario Extra con 15; Radio Fútbol FM con 11 y el canal local Cayambe Visión Canal 9, con siete sanciones.  Este último medio representa la persecución de una autoridad local, puesto que todas las denuncias en contra de ese canal  fueron interpuestas por el ahora exalcalde de Cayambe, William Perugachi. Por su parte, tan solo se conocen siete sanciones en contra de medios en manos del Estado: 4 a TC, 1 a Gama TV y Ecuador TV y 1 a El Telégrafo.

De hecho, los funcionarios públicos y la Supercom son los que más han aplicado la LOC.  El 73% (290) de las denuncias analizadas fueron presentadas por estos actores entre octubre de 2013 y abril de 2016. Los ciudadanos usaron el sistema en un 27% (108).

Los artículos más utilizados en estos tres años han sido: el Art. 28 de la LOC, que hace referencia a las Copias de programas o impresos es el más reclamado por los denunciantes 17% (67). Otros artículos usados son referentes a: Normas Deontológicas 15% (60), Honra 6% (22), Rectificación 5% (20) y; otros  57% (229).  

Luego de estos tres años es evidente que los medios son las principales víctimas. ¿Cómo olvidar la sanción que recibió el caricaturista Bonil y diario El Universo el 31 de enero de 2014, cuando la Superintendencia de la Información y Comunicación los multó con el pago equivalente al 2% de su facturación promediada de los últimos tres meses y exigió la rectificación de una caricatura?

Si este hecho parecía inverosímil, en los meses siguientes las sanciones aumentaron con casos que bien podrían ser retratados en un museo de lo increíble. No hay que olvidar que la Supercom ha sancionado a los medios por “no evitar el morbo”; por lo que opinó un oyente al aire (Radio Novedades,  marzo 2015); por hablar de “tríos” y “amantes” en horario familiar, o por contar chistes sobre chinos que podrían ser discriminatorios (Radio Fútbol FM, 2015, 2016); por “abstenerse de publicar contenido intercultural”, que ha merecido la sanción del 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses a varios medios. Y así, la lista podría resultar interminable y ya más de un medio se ha declarado en resistencia como lo hizo El Universo y La Hora, por considerar que la entidad reguladora carece de independencia a la hora de juzgarlos y sancionarlos.

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logoloc3aniosNegativas, evasivas, desorganización y trabas en la entrega de información resume gran parte del actuar de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y las distintas intendencia zonales a la hora de entregar información sobre las sanciones a los medios.

¿La consecuencia? Un subregistro de 182 sanciones contra medios. La cultura del ocultamiento es notoria. No es gratuito. Si ya más de 200 sanciones con más de 350 procesos abiertos era absolutamente escandaloso, al multiplicarse la cifra de procesos y sanciones, la situación para la libertad en el Ecuador se torna intolerable.

Desde mayo de 2014, luego de constatar que la Supercom no informaba de los procesos y sanciones de forma veraz y oportuna, Fundamedios inició un monitoreo especial y exhaustivo. Para esto, se realizan periódicas solicitudes de acceso a la información, amparados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Esta acción ha sido calificada por los abogados de la Supercom como “un abuso del derecho”.

La situación se volvió aún más compleja tras constatar que las distintas intendencias zonales no reportaban todos lo procesos y sanciones a la Superintendencia central, tal como ordena la Ley. Así que hubo que hacer solicitudes de acceso, intendencia por intendencia, cada vez con más trabas de por medio.

El 1 marzo de 2016 se decidió concluir el monitoreo especial a la Ley de Comunicación (LOC) con las solicitudes físicas de los procesos contra los medios en las dependencias zonales y el 4 de abril fue el último pedido ante la Supercom en Quito. Entonces se hizo un balance general y el resultado fue desconcertante: 182 sanciones no habían sido reportadas oportunamente entre 2014 y 2016. Fundamedios había reportado 216 sanciones hasta el 14 de junio de 2016. Pero la cifra de sanciones, después de evaluar exhaustivamente el subregistro, es de 398 sanciones. Esto incrementa sustancialmente el total de agresiones a la libertad de expresión bajo la aplicación de la LOC. Este dato es hasta el último corte reportado el 14 de junio de este año.

Las 216 sanciones inicialmente reportadas se publicaron apenas se pudo conocer y verificar cada caso, es decir, el reporte de las violaciones a la libertad de prensa es inmediato. El sistema de monitoreo, en esos casos, se alimenta de la denuncia directa de los afectados, de notas de prensa y -eventualmente y solo de forma parcial- a través del portal web de la Supercom, que publica las resoluciones de forma selectiva, tardía y sin documentación del proceso completo.

Esta situación fue denunciada oportunamente por Fundamedios en las alertas del 1 de junio de 2015 y del 15 de febrero de 2016, en las cuales se dejaba en evidencia la falta de transparencia del organismo que tiene a su cargo las sanciones de la LOC.

UNA MIRADA A LOS 182 CASOS

De las 182 sanciones subregistradas por Fundamedios, 137 corresponden a procesos iniciados de oficio y 45 por denuncia. Además, 95 resultaron en multas económicas, 55 fueron amonestaciones escritas, 17 disculpas públicas y 15 rectificaciones.

Las sanciones más recurrentes a los medios se han dado bajo la aplicación de los siguientes artículos de la LOC: artículo 10, referente a normas deontológicas; artículo 28, sobre la obligación que tienen los medios de entregar copias de programas o publicaciones dentro de tres días, y el artículo 23, sobre el derecho a la rectificación.

Al finalizar esta etapa del monitoreo, de las 182 sanciones no reportadas, 32 corresponden a 2014, 122 a 2015 y 28 a 2016. Por zonal, el número de sanciones no registradas son las siguientes:

  • Zonal 1 (Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos): 5 casos
  • Zonal 3 (Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza): 11 casos
  • Zonal 4 (Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas) : 65 casos
  • Zonal 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago): 7 casos
  • Zonal 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe): 51 casos
  • Zonal 8 (Guayas, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos y Galápagos) : 15 casos
  • Zonal 9 (Quito-Supercom): 28 casos


LAS TRABAS DE LA SUPERCOM Y SUS INTENDENCIAS ZONALES

La última respuesta que recibió Fundamedios a los pedidos de información a la Supercom fue a través del oficio Supercom-PC-IGJI-0028-2016, firmado por Elsa Quispe, el 18 de abril de 2016. Allí se señala que toda la información, así como el formulario para remitir “este tipo de peticiones”, se encuentra en la página web. También advierten que la información solicitada ha sido proporcionada en reiteradas ocasiones” .

Esta última respuesta es una clara negativa a entregar información pública. Pero además, la Supercom miente al afirmar que toda la información se encuentra en la página web. Es muy sencillo verificar que no todos los procesos no están en línea o están incompletos o se los sube a la web semanas y hasta meses después de cerrados.

Las respuestas de las zonales en muchos casos son incompletas y parciales. En los recientes pedidos a estas Intendencias, las dependencias 1, 4, 5-8, 6 y 7 respondieron y enviaron un listado y los procesos. Sin embargo, la zonal 3 y la Superintendencia Central contestaron negativamente y con evasivas, remitiendo al portal web de la Supercom donde, la información no está completa, en una versión del juego infantil de “dónde está la pelotita”.

Al inicio del proceso en el 2014, la Supercom y las Intendencias Zonales respondieron el primer pedido de información de manera normal y dentro del tiempo como lo establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOITAIP). Pese a que la información no fue entregada de manera completa, no hubo trabas para responder y entregar dicho pedido.

Sin embargo, desde enero de 2015, la Supercom y las Intendencias Zonales se encargaron de poner obstáculos para que se pudiera acceder de manera abierta y oportuna a cada uno de los procesos, como lo consagra el artículo 1 de la LOTAIP, el cual establece que  el acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado.

Fundamedios utilizó un mismo formato especial para todos los pedidos de información, con mínimas variaciones. Pese a ello, la Supercom actuó de una manera particular. Luego, como una especie de efecto dominó, las intendencias Zonales respondieron con la misma negativa y usando los mismos argumentos.

LOS ARGUMENTOS DE LAS NEGATIVAS

  • Se solicita remitir la documentación de FUNDAMEDIOS en la que se justifique la necesidad de investigación, así como la documentación en la que se acredite la calidad de Director Ejecutivo y Representante Legal de FUNDAMEDIOS de César Ricaurte Pérez. ( Respuesta Zonal 7. Oficio Nro. Supercom-Z7-DIZ-381-2015, firmado por Rolando Rafael Ortega Salinas. Loja, 8 de mayo de 2015).
  • Se solicita especificar los fines investigativos para los cuales se utilizará la información. (Respuesta Zonal 6. Oficio Nro. Supercom-Z6-DIZ-18-2015, firmado por Luis Enrique Zamora González. Cuenca, 20 de enero de 2015).
  • Se solicita la documentación en la que se acredite la calidad de Director Ejecutivo y Representante Legal de FUNDAMEDIOS de César Ricaurte Pérez. (Respuesta Zonal 9. Oficio Nro. Supercom-PC-IGJI-66-2015, firmado por Elsa Quispe Cajiao. Quito, 6 de mayo de 2016).
  • Se solicita visitar canales informativos, redes sociales y sitio web de la SUPERCOM. En caso de no encontrar la información requerida, realizar una solicitud mediante el formulario correspondiente.
  • Se solicita que César Ricaurte Pérez adjunte firma de responsabilidad dentro de los formularios y se adjunte documentación que permita verificar la calidad en la que comparece.  
  • Se señala que la información de resoluciones está en la sección de “Transparencia” en el sitio web www.supercom.gob.ec -la información requerida por Fundamedios no se encuentra en el portal hasta el cierre de éste informe-  (Respuesta Zonal 3. Oficio Nro. Supercom-Z3-DIZ-0142-2016, firmado por María Victoria Paucar Castro. Riobamba, 29 de marzo de 2016).

En los casos en los que se concertó la entrega de los procesos solicitados, la información no llegaba completa. En repetidas ocasiones, a pesar de que los oficios de respuesta tenían un número preciso de casos, estos no se entregaron en su totalidad. Varias veces llegaron procesos incompletos, procesos repetidos o simplemente no los entregaron.

Pedidos de información y respuestas de la Supercom y Superintendencias zonales
Clic para ampliar el cuadro

pedidos


SANCIONES DE LAS INTENDENCIAS ZONALES

Para un análisis más detallado de los procesos recibidos es necesario conocer el accionar de cada una de las intendencias zonales en los más recientes pedidos de información que Fundamedios ha enviado.

El 1 de marzo del 2016 se envió un pedido de información a la Intendencia Zonal 1 ubicada en Esmeraldas. Fundamedios recibió la respuesta el 1 de abril del mismo año con número de oficio Supercom -Z1-DIZ-0082-2016. Allí se detalló que desde el 26 de noviembre del 2015, se han tratado 6 denuncias y 23 oficios. Del total de trámites, 5 no han sido reportados; los mismos que se explican a continuación.

 Zonal 1:  5 procesos
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El 1 de marzo del 2016, se envió un pedido de información a la Intendencia Zonal 3 ubicada en Riobamba. Fundamedios recibió la respuesta el 29 de marzo del mismo año con número de Oficio Supercom-Z3-DIZ-0142-2016. Allí se detalló toda la información solicitada está en la página web. Sin embargo, los procesos no se ubican en el portal de la Supercom.

El 19 de mayo del 2015,  se envió una solicitud anterior. Se recibió la respuesta el 9 de junio del 2015. A continuación se detallan los trámites no reportados por Fundamedios:  

Zonal 3: 11 procesos
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El 1 de marzo del 2016, se envió un pedido de información a la Intendencia Zonal 4 ubicada en Portoviejo. Fundamedios recibió la respuesta el 23 de marzo del mismo año con número de Oficio Supercom-Z4-DIZ-0054-2016.

Anteriormente, se envió otra solicitud con fecha 27 de marzo de 2015. La Intendencia Zonal 4 respondió a la solicitud el 20 de mayo del 2015. A continuación se detallan los trámites no reportados por Fundamedios:

Zonal 4: 64 procesos
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El 1 de marzo del 2016, se envió un pedido de información a la Intendencia Zonal 6 ubicada en Cuenca. FUNDAMEDIOS, recibió la respuesta el 18 de marzo del mismo año con número de Oficio SUPERCOM-Z6-DIZ-0041-2016. Allí se informó que desde el 26 de noviembre del 2015, se han tratado cuatro denuncias y tres trámites han sido archivados. Del total de trámites, nueve no han sido reportados; los mismos que se detallan a continuación:

Zonal 6: 7 procesos
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zonal6vale

El 1 de marzo del 2016, se envió un pedido de información a la Intendencia Zonal 7 Sur ubicada en Loja. FUNDAMEDIOS, recibió la respuesta el 1 de abril del mismo año con número de Oficio SUPERCOM-Z7-DIZ-0124-2016. Allí se detalló que desde el 11 de agosto del 2015, se han tratado 15 denuncias, 17 trámites de oficio y únicamente dos trámites han sido archivados. Del total de trámites, 26 no han sido reportados; los mismos que se detallan a continuación:

Zonal 7: 50 procesos
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zonal7

El 1 de marzo del 2016, se envió un pedido de información a la Intendencia Zonal 8 ubicada en Guayaquil. FUNDAMEDIOS, recibió la respuesta el 24 de marzo del mismo año con número de Oficio SUPERCOM-Z8-DIZ-0084-2016. Allí se detalló que desde el 16 de noviembre del 2015, se han tratado 5 denuncias, 24 trámites de oficio y únicamente dos trámites han sido archivados. Del total de trámites, 29 no han sido reportados; los mismos que se detallan a continuación:

Zonal 8: 12 procesos
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zonal8
NOTA: En algunos casos las respuestas de las Intendencias Zonales, llegaban incompletas, por esa razón algunos campos se encuentran en blanco; como es el caso de las fechas.

 SUPERINTENDENCIA QUITO:  27 procesos
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supercom

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concurso memesAl cumplirse tres años de la aplicación de la Ley de Comunicación (LOC) el próximo 25 de junio, FUNDAMEDIOS con el apoyo de AEDEP, CCQ y Municipio de Quito organizan el concurso “Tres años de LOCuras” para encontrar los mejores memes en torno a la aplicación de la LOC en contra de medios de comunicación y periodistas.

El objetivo del concurso es motivar a los ciudadanos a contar imaginativamente su punto de vista sobre las sanciones aplicadas por la Superintendencia de la Comunicación. Algunas de sus resoluciones más insólitas fueron descritas en el informe anual de Fundamedios de este año en www.censuracom.ec.

Los materiales podrán ser enviados entre las 00:00 del 30 de mayo y las 23:59 del 31 de julio de 2016, hora de Ecuador continental (-5 GMT). El jurado seleccionará a los ganadores el 2 de agosto de 2016. Los resultados se harán públicos el 5 de agosto.

Los premios serán:

  • Primer lugar: Un smarthphone Android
  • Segundo lugar: Tablet Android
  • Tercer lugar: Cámara Go Pro Hero 3 Silver

Los trabajos que cumplan con los requisitos establecidos en las bases se publicarán en los perfiles de Facebook de Fundamedios y Lo Fundamental, para ser sometidos a votación por parte de los usuarios de las redes sociales.

  • Los participantes pueden enviar sus creaciones a [email protected]. En el correo deberán adjuntar una carta firmada que dé cuenta de la originalidad del contenido (disponible aquí).

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1.- ORGANIZADORES

La Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de Medios – FUNDAMEDIOS con el apoyo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), la Embajada de Canadá, la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

 

2.- TEMA Y OBJETIVO DEL CONCURSO

Al haberse cumplido tres años de la aplicación de la Ley de Comunicación, LOC, el 25 de junio pasado, FUNDAMEDIOS con el apoyo de AEDEP, CCQ y Municipio de Quito organizan este concurso para encontrar los mejores memes en torno a la aplicación de la LOC. 535 procesos han sido abiertos en tres años contra medios de comunicación y periodistas a raíz de la aplicación de la LOC, que han logrado que los medios poco a poco vayan silenciando su voz, impidiendo a los ecuatorianos conocer temas trascendentales de la vida pública del país. El objetivo del concurso es motivar a los ciudadanos a contar imaginativamente su punto de vista sobre las sanciones aplicadas por la Superintendencia de la Comunicación.

3.- PARTICIPANTES

Podrán participar en el presente concurso ciudadanos ecuatorianos o extranjeros que residan en el territorio nacional. En caso de que el participante sea menor de edad deberá adjuntar una carta de autorización de cualquiera de sus padres o representantes.

4.- SOBRE LOS MATERIALES GRÁFICOS

  1. La creación debe ser original e inédita.
  2. Los participantes podrán enviar el número de creaciones que desee. No hay un límite establecido.
  3. El uso de fotografías o cualquier otro material gráfico que pueda estar protegido por derechos de autor se someterá al principio del “Fair use” o “Uso justo”.
  4. En el caso de imágenes estas deberán tener un tamaño máximo de 720 px de ancho por 720 px de alto.
  5. Los productos deben contar imaginativamente la aplicación de la LOC, en estos últimos tres años.
  6. Los materiales podrán ser reproducidos, para lo cual los participantes deberán autorizar expresamente el uso de los mismos a Fundamedios. Los participantes conservarán los derechos de propiedad intelectual sobre sus creaciones.

5.- ENVÍO DE MATERIALES

El participante deberá enviar sus creaciones al correo electrónico [email protected], indicando en el asunto “Concurso de memes: Tres años de LOCuras”. En el cuerpo del correo electrónico deberá indicar sus nombres completos y un número de teléfono de contacto. Deberá adjuntar una carta firmada en la que declare que el trabajo es original e inédito, que es el autor del mismo y que autoriza su uso a Fundamedios (el formato de la carta está disponible aquí), así  como una copia de su cédula de identidad o pasaporte.

6.- PLAZOS

Los materiales podrán ser enviados entre las 00:00 del 30 de mayo y las 23:59 del 31 de julio de 2016, hora de Ecuador continental (-5 GMT). El jurado seleccionará a los ganadores el 2 de agosto de 2016. Los resultados se harán públicos el 5 de agosto.

7.- JURADOS, SELECCIÓN DE GANADORES Y PREMIOS

Todos los materiales recibidos, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases, se publicarán en los perfiles de Facebook de Fundamedios y Lo Fundamental, para ser sometidos a votación por parte de los usuarios de las redes sociales. Habrá un jurado integrado por tres reconocidos expertos cuyos nombres se conocerán en el acto de premiación.

Se seleccionará a tres ganadores:

  • Los primer y segundo lugares serán escogidos por decisión del jurado.
  • El tercer lugar corresponderá al participante cuya creación obtenga el mayor número de “Me gusta” en Facebook.

Los premios serán los siguientes:

  • Primer lugar: Un smarthphone Android
  • Segundo lugar: Tablet Android
  • Tercer lugar: Cámara Go Pro Hero 3 Silver

8.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en este concurso supone la aceptación plena e incondicional de estas bases. El reconocimiento como participante válido queda sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en este documento.

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