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Más  de 837 procesos se han tramitado ante la Supercom en contra de medios de comunicación y periodistas desde octubre del 2013 hasta mayo del 2017 a causa de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). 524 terminaron en sanción: 323 fueron multas, 136 amonestaciones escritas y 54 disculpas públicas.
Estos resultados serán analizados por expertos y afectados en el foro público Resistiendo a la Censura: 4 años de la Ley Mordaza, que se llevará a cabo el próximo jueves 22 de junio, a las 17:30 en el auditorio Julio Tobar Donoso de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
El evento presentará dos paneles que evaluarán los resultados, recogerán los testimonios de las víctimas y las reformas a la LOC. El primero estará conformado por expertos, académicos y víctimas de la Ley, donde se hará un recuento en cifras de los procesos tramitados por la Supercom y las Intendencias Zonales, junto con un breve análisis de las sanciones más controversiales en contra de medios de comunicación y periodistas desde el año 2013.
El segundo panel contará con la presencia de asambleístas y representantes de la sociedad civil, quienes discutirán las reformas necesarias a la LOC, con el fin de garantizar derechos básicos como la libertad de expresión y la libertad de prensa  para mejorar la situación general en el Ecuador, que se ha venido deteriorando severamente los últimos años.
El foro público busca continuar con el debate respecto a este crucial tema para las libertades de expresión y prensa en el país, más aún en momentos en que toma fuerza la idea de reformar la Ley.

alexis mera

La administración anterior nos dejó una serie de perlas que pelean entre sí por el puesto de la más insensata. Sin embargo, una de las frases más desatinadas, no solo por lo fuera de lugar, sino por la vulneración de derechos básicos que suponía, fue la del entonces Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, quien con todo el desconocimiento del caso aseguró en una entrevista en Diario El Comercio, en marzo de 2015, que “el Estado debe enseñar a las mujeres que es preferible que retrasen su vida sexual y que retrasen la concepción para que puedan terminar una carrera”.

Las voces críticas desde la sociedad civil no tardaron en levantarse frente a tan desafortunadas declaraciones, las cuales no eran aisladas: en diciembre de 2014, mediante el Decreto Ejecutivo 491 se disolvía la Estrategia Intersectorial de Prevención de Embarazo Adolescente y Planificación Familiar –ENIPLA- para ser reemplazada por el Plan Familia, proyecto comandado por una miembro del Opus Dei y manejado desde el Ejecutivo con la venia y apoyo de Mera, quien con aquellas declaraciones demostró el tamaño de su visión sobre derechos reproductivos conocimiento sobre prevención de embarazo adolescente y planificación familiar.

Esta es apenas una muestra del criterio aplicado por este abogado nacido en Bahía de Caráquez en 1966, en la elaboración de los marcos jurídicos con los que se ha gobernado el país desde 2007. Criterio que pese a que, según Correa, provendría de uno de los “jóvenes revolucionarios de izquierda” que formó parte de su gobierno desde el día uno hasta el final, lo cierto es que ciertas herramientas legales salidas desde la Secretaría dirigida por Mera junto al despacho presidencial son más que nada regresivas.

Este sería uno de los motivos por los que organizaciones de DDHH de Washington han alertado sobre la candidatura de Mera al Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), un organismo internacional dedicado al impulso de reformas en los sistemas de justicia de los países miembros, los cuales son integrantes activos de la OEA. Esta paradójica designación genera preocupación de cara a las próximas elecciones se llevarán a cabo en la próxima Asamblea General de la OEA,  entre el 19 y el 22 de junio.

Alexis Mera saltó a la vida pública como un joven y brillante abogado que se convirtió en el asesor jurídico de León Febres Cordero, cuando ejerció como alcalde de Guayaquil, a lo cual se refirió en una entrevista como “un honor”. Recordemos que León Febres Cordero fue Presidente de la República, entre 1984 y 1988, y entre los mayores cuestionamientos que se ha hecho a su ejercicio del poder fue su autoritarismo y reiteradas violaciones a los Derechos Humanos.

En los 10 años de Mera en la primera línea de la Revolución Ciudadana, aplicó una doctrina por la cual se construyó un Estado todopoderoso aún a costa de los derechos individuales. Así por ejemplo, la principal herramienta punitiva que tiene el Estado, el Código Orgánico Penal –COIP-, ha sido utilizado para juzgar a defensores de DDHH quienes, vulnerados en su derecho fundamental a la protesta social, han sido acusados de sabotaje y terrorismo; delitos que luego fueron modificados en las reformas al COIP y se englobaron en los llamados “delitos contra la estructura del Estado Constitucional”, por los que hoy esperan la amnistía 177 personas y el indulto 20 ciudadanos, criminalizados por protestar.

Según recogía un artículo de diario El Universo en 2011, Gustavo Larrea, exministro de Gobierno de Correa, señaló que tal tipificación de delitos en el COIP eran “consejos de Alexis, acostumbrado a darle consejos a León. Es absurdo usar el Código Penal para enjuiciar a dirigentes sociales. Hay más de 180 ciudadanos acusados por terrorismo. ¿Podemos decir que en Ecuador hay terrorismo? No. Eso es ‘acomodar’ el derecho y las circunstancias a tipificaciones penales que no calzan en la realidad”.

Es así que, acomodando el derecho para fines discrecionales, este ex compañero de Correa en los grupos apostólicos del colegio Cristóbal Colón ha dejado su huella visible en diversos instrumentos legales como la Ley Orgánica de Comunicación LOC, la cual ha sido usada como herramienta de persecución a medios y periodistas, con 519 sanciones expedidas desde su aprobación en 2013.

Y es que para Mera, el que en dicha ley se haya declarado a la comunicación como un derecho y un servicio público, así como que se incluyera la figura de linchamiento mediático o de censura previa, no representaba una vulneración a la libertad de expresión y libertad de prensa, sino “un empoderamiento ciudadano para la defensa de sus derechos”. Por tanto, se refirió a la acción de inconstitucionalidad contra la Ley presentada por varios actores civiles como “una paranoia de ciertos sectores de la prensa encabezados por organizaciones como Fundamedios”.

Asimismo, refiriéndose a las críticas de instancias internacionales, dijo que “se habla mucho de las opiniones consultivas de las relatorías de las libertades de expresión, que no tienen ningún valor vinculante para el Gobierno nacional porque no hay ningún tratado internacional que diga que la opinión de una señora, que obedece a intereses internacionales, sea vinculante para el Ecuador”. Ello pese a que la acción de inconstitucionalidad atacaba 64 artículos que atentaban contra 16 principios constitucionales, dos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y uno del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por tales declaraciones, parecería que este profesional del derecho que empezó su carrera en el estudio jurídico Romero & Menéndez, del cual es accionista en la actualidad, desconoce las herramientas del derecho internacional, pues varias leyes y normativas que se han expedido bajo su venia o consejo, violan directamente los estándares internacionales.

Entre ellas están los decretos presidenciales 16 y 739, los cuales fueron puestos en vigencia supuestamente para sistematizar en una misma plataforma los procesos de registro de las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, han sido utilizados como un instrumento de silenciamiento y persecución de aquellas organizaciones que presentan críticas incómodas al poder, sobre todo aquellas que promocionan la defensa de derechos fundamentales.

Este fue el caso de la disolución de fundación Pachamama y la Unión Nacional de Educadores – el gremio más grande y uno de los más antiguos del país-, o de las fundaciones Acción Ecológica y Fundamedios que se intentaron cerrar bajo una de las tres causales de disolución polémicas incluidas en tales decretos, las cuales claramente violan el derecho a la libre asociación por ser ambiguas y discrecionales: desviarse de los fines para los que fueron constituidas, hacer política partidista, y atentar en contra de la seguridad del Estado.

Lo mismo sucede con el Decreto Ejecutivo 1247 sobre consulta previa, libre e informada respecto a explotación petrolera en áreas de comunidades indígenas, el cual fue concebido básicamente como “un instrumento de carácter informativo del proceso de consulta, reduciéndolo a un proceso formal no garantista, que desvirtúa el espíritu y propósitos de la consulta”, según se detalla en un informe del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, CEDA. No obstante, este carácter informativo tampoco contempla los riesgos potenciales a las comunidades y al entorno natural, sino simplemente los beneficios de la explotación.

Este decreto, además, tampoco cumpliría con los estándares de varios instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, o las observaciones del Comité (de la ONU) para la eliminación de la Discriminación Racial en el Ecuador, pues estos dicen que no sólo debería existir consulta previa sino consentimiento previo, lo cual no consta en dicho reglamento. Además, la decisión final según tal decreto la tendría la autoridad de hidrocarburos y no las poblaciones consultadas.

Frente a ello, el abogado Marcelo Espinel de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se pregunta: “¿Cómo es que un abogado y secretario jurídico de la presidencia permite que se regulen por decreto dos derechos, el de libertad de asociación y de consulta previa a pueblos indígenas, si esto es inconstitucional y va en contra de los estándares de instrumentos jurídicos internacionales?”.

La respuesta está justamente en el uso acomodaticio que Mera ha hecho no solo de los instrumentos legales, sino de la justicia. Como hombre de confianza de Héctor Romero Parducci, adquirió experiencia en el sistema judicial cuando fue su asesor mientras éste presidió la llamada Corte Suprema de Justicia durante tres años, desde 1997. Esto quizás explique de algún modo la ventaja de conocimiento que tendría sobre el funcionamiento de la justicia en el país.

No es un secreto, por tanto, la intromisión en este poder del Estado que se ha develado en diversas ocasiones, como cuando salieron a la luz pública dos comunicados advirtiendo a los jueces con sancionarlos si  resolvían favorablemente acciones de protección en contra del Estado. El autor de los mismos fue Alexis Mera, quien en noviembre del 2010 alertó en un oficio sobre el “abuso ilegítimo de la acción de protección y de las medidas cautelares”.

Dos años después, el 19 de julio del 2012, Mera informó en un memorándum dirigido a los directores provinciales de la Judicatura de Transición que se aplicarían sanciones y la destitución de los jueces que resolvieron favorablemente esta figura. Esto pese a que limitar o impedir las acciones de protección en contra del Estado estaría violando las garantías constitucionales.

Ello es consecuente con unas declaraciones que dio en 2011, en las que aseguró que desde la creación del Consejo Nacional de la Judicatura -CNJ- “las cosas mejoraron en alguna forma”, siendo que él mismo fue asesor de dicha entidad desde su inicio hasta 2003. “¿Cuántas veces botaron a un juez antes de tener un CNJ? Me acuerdo que tramitaba las quejas cuando estaba en ahí. No decidía, solo tramitaba”, aclaró en la misma ocasión.

Una de las mayores muestras de su metida de mano en la justicia ha sido la presión e intimidación a jueces, como fue el caso del juez Wilfrido Erazo, quien rechazó una acción de protección de los trabajadores de casinos legales de hoteles de primera categoría, debido a las amenazas de destitución y de acciones penales en su contra contenidas en una carta enviada por Mera.

Al parecer, las cartas intimidatorias o de presión son el modus operandi de dicho ex funcionario, como lo denunció en 2015 el ex juez primero de Garantías Penales de Cuenca, Miguel Antonio Arias, quien renunció por haber recibido presiones para cambiar sentencias y porque, según declaró, la justicia estaba cooptada por el poder político. En las declaraciones que dio al respecto, también se refirió al caso de los profesores jubilados de Manabí que interpusieron en 2011 una acción de protección por considerar que no recibieron el pago que les correspondía por sus jubilaciones:

“Hemos visto estos atropellos como la carta que envía el secretario particular de la Presidencia de la República, Alexis Mera, al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dándole instrucciones a fin de que ordene a los jueces de su provincia de que no admitan acciones constitucionales a favor de los profesores, que por situaciones de jubilación tenían necesidad de una respuesta constitucional”, expuso Arias.

Dicha carta, que fue remitida a los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo número 4, con sede en Portoviejo, está escrita y firmada por Mera, y dice textualmente: “De persistir la tramitación de tales juicios contenciosos administrativos en esta sede judicial (…), me veré en la obligación de solicitar al Consejo de la Judicatura y a la Corte Constitucional, ésta como órgano encargado de sancionar a los jueces constitucionales, inicie las acciones pertinentes contra los responsables de esta infamante renuencia de acatar los precedentes jurisprudenciales constitucionales”.

La carta completa se puede leer en este enlace:

 http://www.fundamedios.org/wp-content/uploads/2017/06/Memorándum-Alexis-Mera-jubilados-Manabí.pdf

Las amenazas de destitución de jueces no cayeron en terreno baldío. En 2015, el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalk, se enorgullecía de la cantidad de jueces destituidos en un año: 110.

No obstante, el caso más sonado de manipulación de la justicia fue la histórica sentencia a Diario el Universo en 2011, que condenó al pago de 40 millones de dólares por un artículo de opinión publicado por el entonces columnista del diario Emilio Palacio, además de la    prisión de tres años para el periodista y los directivos del rotativo. Se descubrió que dicha sentencia no fue redactada por el Juez Paredes, quien llevaba la causa, sino por Gutemberg Vera abogado del demandante, Rafael Correa, bajo la batuta de Alexis Mera. Más tarde los sentenciados fueron perdonados por el expresidente, aunque el Juez Paredes fue denunciado por los delitos de prevaricato y falsedad ideológica, por parte de dicho diario. Nunca pasó nada con tal denuncia.

Otra muestra de la fácil forma de desechar procesos judiciales con solo una palabra de Mera, fue el caso de la ex Ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga y la compra sobrepreciada de terrenos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) para la construcción del Parque Samanes, ubicado en Guayaquil. Bastó con que Mera dijera que se trató de “un error de buena fe”, para que el juez dejara de investigar y se cerrara el caso.

Toda esta manipulación de la justicia e influencia en la elaboración de leyes no será, sin duda, ninguna sorpresa para quienes fueron parte del proceso constituyente del 2008, pues era de conocimiento general que Mera se paseaba por las mesas sugiriendo y revisando los artículos, lo cual generó molestia entre los asambleístas, sobre todo en la redacción del texto final, cuando algunos aseguran que planteó observaciones y correcciones que él mismo redactó en la Carta Magna.

Tampoco es novedoso que un día antes de que concluya su mandato, el Presidente Correa haya enviado a la Asamblea el proyecto de ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet, tomando en cuenta que Alexis Mera, propuso ya en 2013 la regulación a las redes sociales en los casos de injuria y calumnia. “He propuesto que se regule mejor todo lo que es procesos de calumnia en redes sociales porque no pueden ser un instrumento de impunidad”, declaró en esa época.

Como se ve, espacio faltaría para exponer todos los casos en los que Mera ha tenido injerencia directa o indirecta tanto en la elaboración de instrumentos legales, como en el manejo de la justicia. Sin duda, estamos frente a uno de los grandes responsables de la vulneración de derechos básicos, y del quiebre del aparato democrático y de la institucionalidad del país en los últimos diez años.

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Loja, una de las ciudades más importantes del Ecuador en la zona limítrofe con el Perú se ha convertido en una zona peligrosa para ejercer el periodismo.

Todo debido a las actividades contra la libertad de prensa y la libertad de expresión de su alcalde, José Bolívar Castillo. “Castillo se ha convertido en un  tiranuelo autoritario que ha planteado decenas de juicios contra todo el que ose criticarlo, ha movilizado empleados municipales para acallar hasta las paredes y ha convertido a Loja en la zona más peligrosa para ejercer el periodismo en el Ecuador” dijo César Ricaurte, director de Fundamedios, quien actualmente es residente en Estados Unidos, al referirse al prontuario de agresiones contra la prensa que acumula el actual alcalde de Loja y que lo convierte en el mayor depredador de la libertad de expresión, en el Ecuador.

El recuento de hechos acompaña estos comentarios:

  1. PRIMER JUICIO Y SENTENCIA CONTRA FREDDY APONTE.

Freddy Aponte Aponte,  periodista de radio Luz y Vida, de la ciudad de Loja,  fue sentenciado a 6 meses de prisión por la III Sala de lo Penal de la ex Corte Suprema de Justicia (hoy Corte Nacional de Justicia), el pasado 25 de septiembre de 2008,  acusado de los cargos de injuria calumniosa en la querella interpuesta por el ex alcalde de Loja, José Bolívar Castillo Vivanco. Aponte es acusado de haber emitido falsas acusaciones contra el burgomaestre el 18 de junio del 2007 en el marco de una entrevista al ex diputado Oswaldo Burneo en su programa matinal de opinión Primer Plano. Según Castillo, Aponte lo tildó de ‘ladrón’, acusación que el periodista niega haberla emitido, pero que le costó un juicio por injurias. El periodista cumplió su condena de prisión el año pasado y fue procesado cuando se desempeñaba como Director del programa de opinión “Primer Plano” de Radio Luz y Vida de Loja .

  1. AMENAZAS A COMUNICADOR

El lunes 09 de marzo de 2009, Lenin Paladines Salvador, Director de RadiO Centinela del Sur de la ciudad de Loja  fue amenazado con ser enjuiciado penalmente por José Bolívar Castillo Vivanco, candidato a la alcaldía de esa ciudad, por no invitarlo a participar en su programa. La amenaza de Castillo fue presentada al comunicador mediante una carta donde le solicita intervenir en la emisora por media hora como réplica ante supuestos ataques a su candidatura.

  1. SEGUNDO JUICIO PLANTEADO CONTRA FREDDY APONTE

El 17 de febrero de 2009, José Bolívar Castillo inició un segundo juicio en contra de Freddy Aponte, por daño moral. El proceso fue consecuencia de la sentencia de última instancia dictada el 25 de octubre de 2008, que lo condenó a 6 meses de prisión, indemnización por daño moral y pago de costas procesales por 1.500 dólares.

  1. SEGUNDA SENTENCIA CONTRA FREDY APONTE

El Periodista Freddy Aponte Aponte fue sentenciado en febrero de 2009, a pagar 54.633,00 dólares, producto por un juicio seguido en su contra por daño moral, interpuesto por el ex alcalde de Loja, José Bolívar Castillo. Aponte reconoció no haber podido cancelado los valores “por carecer de recursos”.

  1. TERCER JUICIO PLANTEADO CONTRA FREDDY APONTE

Por el no pago de la multa impuesta en sentencia de febrero pasado, Aponte afronta un tercer juicio por la vía penal, interpuesto, en el 2009, por el mismo Castillo, quien lo acusa de los cargos de insolvencia fraudulenta, proceso que se tramita ante el Juez IV de Garantías Penales de Loja, Wilson Jaramillo.

  1. TERCERA SENTENCIA CONTRA FREDDY APONTE

El 27 de julio de 2011, el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja, declaró culpable al periodista Freddy Aponte, por insolvencia fraudulenta, tras el no pago de una indemnización de cerca de $55 000 al ex alcalde de esa ciudad, José Bolívar Castillo, producto de un juicio anterior, por daño moral, que a su vez siguió a un juicio por injurias.  El 20 de agosto de 2012 la Sala de Conjueces de la Corte Provincial de Justicia de Loja sentenció a cinco años de prisión al periodista Freddy Aponte, tras ratificar, por escrito, la condena de primera instancia. El 26 de marzo de 2013, la sala Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró inocente al periodista Freddy Aponte.

  1. CUARTO PROCESO CONTRA FREDDY APONTE

Tras la declaratoria de inocencia del periodista, Bolívar Castillo interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional respecto a la acción contra la sentencia absolutoria de Aponte. El 13 de noviembre de 2014 la Corte Constitucional aceptó La acción extraordinaria y declaró “la vulneración constitucional al debido proceso en su garantía de la motivación” y, como medida de reparación integral, dispuso dejar sin efecto el fallo emitido por la Corte Nacional de Justicia, el pasado 26 de marzo de 2013. La Corte Constitucional no dio más argumentos jurídicos.

  1. QUINTO JUICIO CONTRA FREDDY APONTE

El 26 de septiembre de 2013, el Juzgado Sexto de Garantías Penales de Pichincha admitió a trámite la demanda por injuria no calumniosa grave interpuesta por el asambleísta Bolívar Castillo, contra el periodista lojano Freddy Aponte. Con este, suman cinco los procesos legales que ha seguido Castillo en contra del comunicador. En su demanda, Castillo acusa a Aponte de haberlo injuriado durante una entrevista realizada el 25 de junio de 2013, en el programa Contacto Directo de Ecuavisa. En junio de 2014, El juzgado Sexto de Garantías Penales de Pichincha declaró en abandono la acusación particular que, por injuria no calumniosa grave, presentó Bolívar Castillo.

  1. ALCALDE SUSPENDE TRANSMISIÓN RADIAL

El 21 de agosto de 2014, José Bolívar Castillo, alcalde de Loja ordenó suspender la transmisión radial de una sesión del Concejo del cabildo porque, según dijo, “no va a permitir que se conviertan en show”. Estas sesiones son normalmente transmitidas en la radio Municipal, por disposición de una Ordenanza local que obliga a su difusión.El portal de SRRADIO informó que en dicha reunión se programó, entre otros temas,  el debate de la reforma del presupuesto prorrogado del 2014, el cual habría incomodado al Alcalde y ciertos concejales, quienes decidieron suspender la transmisión radial.

10. CASTILLO OBLIGA A PUBLICAR RECTIFICACIÓN

El 25 de febrero de 2015, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) ordenó a diario La Hora, edición regional de Loja publicar una rectificación y disculpas públicas al alcalde de ésta ciudad, Bolívar Castillo, quien denunció al medio de comunicación por supuestamente incumplir con un pedido de rectificación realizado el 21 de enero por una nota periodística referente al uso de toletes eléctricos por parte de la policía de esa municipalidad. La Supercom resolvió que el diario La Hora incumplió con el artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) sobre la obligación de los medios a rectificar información “cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información”.

11. CASO DE CENSURA PREVIA CONTRA LA HORA

El 23 de marzo de 2015, el alcalde de Loja José Bolívar Castillo Vivanco y el procurador Síndico del Municipio de esa ciudad, Álvaro Reyes Abarca, interpusieron una denuncia ante la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), en contra del Diario La Hora por considerar que el medio no dio suficiente cobertura a la rendición de cuentas del Alcalde que se llevó a cabo el 23 de enero de 2015 y que fue publicada por el rotativo el 24 de enero de 2015 y el día 25 de febrero de 2015 respectivamente. Según Castillo, el medio habría infringido el artículo 18 y 10, numeral 3, literal f) de la Ley  Orgánica de Comunicación (LOC) referentes a la prohibición de censura previa.El 13 de mayo de 2015, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), sancionó a Diario La Hora con una multa de USD 3540

12. CASO JEANNINE CRUZ

El 20 de noviembre la Unidad Judicial Penal de Loja –ubicada en la frontera sur del país- admitió a trámite la demanda que planteó el alcalde de la ciudad, José Bolívar Castillo, en contra de la concejala Jeannine Cruz, por un video y un mensaje que publicó en su cuenta personal de Twitter @Jeanninecruzz. Castillo pide que se procese a la edil bajo el artículo 396 del Código Penal, el cual establece una pena de 15 a 30 días en prisión para la persona que “por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra”. El 4 de enero de 2016, el juez Oswaldo Saritama condenó a 30 días de prisión contra la concejala .

13. SE BORRAN FRASES EN EXTERIORES DE CANAL POR ORDEN DE CASTILLO

El 12 de enero de 2016, Obreros municipales, junto a  un inspector del ornato  llegaron a los exteriores del dos veces allanando y actualmente impedido de transmitir en señal abierta canal Ecotel TV en Loja para borrar, con pintura, frases alusivas a la libertad de expresión que habían sido escritas en sus muros días atrás, luego del allanamiento e incautación de los equipos de ese medio de comunicación, que permanece fuera del aire tras el retiro de su frecuencia. En diálogo con Fundamedios, Ramiro Cueva, director y propietario del canal aseguró que los personeros municipales intentaron en tres ocasiones borrar las frases escritas en los exteriores del medio de comunicación. Primero llegaron el domingo en horas de la madrugada, luego el lunes, pero debido a la calidad de la pintura utilizada no consiguieron su objetivo, hasta que finalmente el martes al mediodía borraron dichas frases con esmalte.

14. SEGUNDO PROCESO CONTRA JEANNINE CRUZ

El 7 de marzo de 2016 se admitió a trámite la acción penal por calumnias interpuesta por el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, en contra de la concejala de esa ciudad, Jeannine Cruz. La edil cumple actualmente una pena de un mes en prisión por otra acción que planteó Castillo “por faltar a su honra” a través de redes sociales. Este segundo proceso penal fue planteado por los comentarios vertidos por Cruz en una entrevista el pasado 3 de febrero de este año, en el programa “Los desayunos de 24 Horas” en el canal de televisión Teleamazonas, en la que se refirió al primer juicio y a las pruebas que presentaría en su defensa.

15. PRESIONES PARA LA SALIDA DE UN COMUNICADOR

El periodista Wilman Morocho denunció que fue despedido de Radio Satelital de Loja, la tarde del viernes 7 de abril de 2017, tras supuestas presiones ejercidas por el Alcalde de esa localidad, ubicada al sur del Ecuador.En diálogo con Fundamedios, Morocho aseguró que tras siete años al frente del noticiero de ese medio de comunicación fue informado que, por problemas económicos, no podía continuar laborando. Sin embargo, el comunicador sostuvo que esta acción responde directamente a presiones ejercidas por el Alcalde José Bolívar Castillo, debido a su postura crítica, tanto desde el noticiero radial, como desde una página de Facebook, “Sin tapujos”, desde la que, a título personal, ha cuestionado la labor del Burgomaestre y sus contradicciones. Como antecedente, Morocho comentó que desde enero, supo que el Alcalde pedía su salida, lonual quedó evidenciado en una nota que fue difundida por Ecotel TV.

16. IRRUMPE EN NOTICIERO

El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo irrumpió en el programa radial Primer Plano, conducido por el periodista Freddy Aponte, en radio Zapotillo para imponer una “réplica”.  La irrupción ocurrió sin previo aviso, cuando el Burgomaestre de esa ciudad fronteriza ubicada al sur del país llegó a la emisora la mañana del 26 de abril de 2017 y pidió micrófonos. El Alcalde llegó a la emisora cerca de las 07:30 de la mañana y exigió hablar en la radio, a lo que el periodista se vio obligado a acceder pese a que eso le implicó cambiar y mover las entrevistas que tenía programadas para ese día.

17. MEDIDAS CONTRA ACTIVISTA Y BLOGUERO

El matemático, activista y bloguero Bolívar Loján fue prohibido de utilizar medios informáticos como parte de una medida cautelar dictada en el marco de un proceso judicial que se sigue en su contra, por el supuesto de delito de perjurio. El delito se habría cometido en la participación de Loján como testigo en el proceso que siguió el alcalde Loja, José Bolívar Castillo, contra la concejala Jeannine Cruz, por supuestamente haber “proferido expresiones de descrédito o deshonra” en redes sociales. Es el mismo alcalde de Loja quien plantea la acción en contra del activista, quien podría enfrentar una pena de cárcel de hasta tres años, según el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal.

Por todas estas acciones, Fundamedios designa a Castillo como el “Mayor Depredador de la Libertad de Prensa en el Ecuador” actualmente e insta a todos los gremios y asociaciones de medios y periodistas a rechazar las acciones del Alcalde Loja y a los ciudadanos a pronunciarse abiertamente contra un Alcalde que ha contradicho las condiciones democráticas de su elección.

Por último exhortamos al mismo José Bolívar Castillo a que entienda que su cargo exige un espíritu democrático de tolerancia a las expresiones críticas y a entender que ser alcalde de una ciudad no es ser el dueño de una hacienda colonial, dónde puede vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos a su antojo.

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El pasado 12 de mayo de 2017, el directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) decidió remover a la Ingeniera Ana Proaño del cargo de sus funciones como Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, quien estuvo a cargo del concurso de frecuencias llevado a cabo desde abril de 2016.   

Como su reemplazo fue designado el Economista Pablo Yánez, quien fue Viceministro de Gestión Turística hasta el segundo semestre de 2016, y trabajó por varios años de la mano del exministro de Turismo, Vinicio Alvarado. Según el art. 145 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT), el Director de Arcotel entre otros requisitos debe “tener probada experiencia e idoneidad técnica y profesional en el sector de las telecomunicaciones”, experiencia que Yánez no la tiene.  

Otro cambio muy significativo es el nombramiento de Christian Hernández Yunda como asesor jurídico de la Dirección de dicha entidad estatal. Quien no solo es funcionario cercano a los Alvarado Espinel, familia que había sido propietaria de la radio que ahora se hace llamar “Canela Quevedo”, sino también es primo de Jorge Yunda, y pese a su condición de funcionario público ha seguido siendo la mano derecha de su primo desde 2005. Es su abogado personal desde ese entonces y representa legalmente a distintas frecuencias que forman parte del grupo Canela. Entre 2007 y 2009, se desempeñó como asesor legal de Yunda en el Cornatel cuando él fue presidente de la institución. Tras su salida del Conartel y hasta abril de 2017 trabajaba en la SECOM, desde donde operaba para el poderoso grupo de medios de comunicación de su primo. 

Esos estrechos nexos ya fueron revelados por Fundamedios en una serie de investigaciones publicadas a finales de marzo de 2017, en el cual se contó varios episodios que revelan la cercanía de Christian Hernández con Jorge Yunda:

“Con el mismo desparpajo reaccionó otro funcionario público que, veremos más adelante, es una pieza clave de toda la trama: el Director General de Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), dependencia de la Presidencia de la República, Christian Alberto Hernández Yunda. Hernández, primo de Yunda, escribió en la cuenta de Facebook de un comunicador que compartió la investigación: “Les falta Canela Quevedo”. En otro de sus comentarios aseguró que el problema “no es la concentración de medios, sino que el problema es el monopolio de audiencia”  y hasta amenazó a la usuaria que había compartido la información: “Yo no sé si a Hermel le gustaría. Saludos pero deje de sufrir que le hace mal a su salud”.

Christian Hernández es un funcionario cercano a los ministros Fernando y Vinicio Alvarado Espinel. La familia de estos funcionarios fue propietaria de la radio que ahora se hace llamar “Canela Quevedo” e históricamente fue Ondas Quevedeñas. Además, a pesar de ser funcionario público, se ha mantenido como mano derecha de su primo desde 2005. Es su abogado personal desde ese entonces y representa legalmente a distintas frecuencias que forman parte del grupo Canela.

Entre 2007 y 2009, se desempeñó como asesor legal de Yunda en el Cornatel, cuando él fue presidente de la institución. Tras su salida de esta institución comenzó a trabajar en la Secom y desde esa entidad que ejerce un gran poder público sigue operando para el poderoso grupo de medios de comunicación de su primo.

Existe un episodio que retrata bien cómo Christian Hernández Yunda sigue operando para su primo desde la función pública: en 2011 manda un mail a todos los directores de las Canelas que operan en casi todas las provincias del país, para ordenarles que no se adhieran a las cadenas nacionales del gobierno, pues eso les quita rating: “Según uds, y no lo dudo, no se enganchan nadie más que Canela y Radio Pública en donde hay cobertura de esta, entonces, aunque resulte un tanto riesgoso, por proteger nuestra audiencia es necesario dejar de transmitir las cadenas, salvo el caso en el que logre detectar que existe monitoreo certero de la SUPERTEL y les comunique vía correo “ESTA VEZ TENEMOS QUE ENGANCHARNOS VAN A MONITOREAR”.

Nótese como Christian Hernández Yunda, funcionario de la SECOM, habla en primera persona y les da instrucciones concretas a los directores de los medios de su primo que desobedezcan a la SECOM y la forma de hacerlo. Esto fue denunciado a la Presidencia de la República, Sin ninguna consecuencia.

Las investigaciones completas pueden ser leídas en estos tres links:

Hernández se desempeñó como secretario del extinto Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), cuando su primo era presidente del mismo. En el gobierno de Rafael Correa, fue asesor jurídico de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM).  

Hernández, siendo abogado personal de Jorge Yunda, sería quien redactó los proyectos comunicacionales de las frecuencias que lidera su primo -requisito principal para participar en el concurso de frecuencias -y los presentó en junio de 2016.

Como Coordinador del Control Técnico de los Servicios de Telecomunicaciones se nombró al Ing. Rodrigo Jarrín Arboleda, quien es accionista de la empresa Sistemas de Radiofrecuencias Jarcom Cía. Ltda., de propiedad de su padre Rodrigo Jarrín Jarrín. Esta empresa es una de las principales proveedoras de sistemas y equipos de radiodifusión y televisión.

Como se ve, los conflictos de intereses parecen no ser la excepción en los nuevos nombramientos del Conartel.

Respecto a los motivos de destitución de Proaño, fuentes cercanas al Arcotel que pidieron la reserva aseguran que fue por pedido del en ese entonces Ministro de Sectores Estratégicos, Augusto Espín, por “no cumplir ciertas disposiciones directas”, entre ellas, el no haber resuelto el tema de Radio Canela antes de la posesión del nuevo Gobierno. Proaño no habría aceptado cumplir tales disposiciones porque los errores cometidos no eran reparables, como es el caso de las vinculaciones de parentesco en las empresas que participaron, lo cual está prohibido por la Ley de Comunicación y significa la descalificación inmediata.

Entre las últimas medidas que Ana Proaño tomó al frente de Arcotel y que pudieron haberle costado el puesto, está la resolución 332 contra Televicentro -TVC- del 27 de abril, en la que se resolvió la revocatoria de las autorizaciones temporales de dos repetidoras de la estación abierta denominada ‘Telesistema’, actualmente ‘Televicentro -TVC-,’ con matriz en Quito, y dos repetidoras para Guayaquil. Es necesario recordar que en febrero de 2016,  Ángel González sumó un medio más a su grupo de medios en Ecuador: Televicentro, avalado en la marca del diario El Comercio, medio que compró en 2015. Dichas frecuencias fueron otorgadas temporalmente, sin concurso, en contra de lo que la Constitución y la Ley de Comunicación establecen.

El concurso público de frecuencias ha sido afectado por varias denuncias de irregularidades que fueron reportadas desde el inicio del mismo, convocado en abril de 2016 por el Arcotel. Con los resultados de la primera fase del concurso, se conoció que justamente habían grandes favorecidos como el mismo Ángel González, quien, a través de una trama de 18 empresas, fue calificado para obtener 104 concesiones.

La noticia de la remoción de Ana Proaño se conoció de un día para el otro  sin mayor explicación y cuando diversos sectores sociales, organizaciones y radioescuchas han solicitado públicamente la suspensión del concurso, no solo por las irregularidades sino también por los casos de corrupción que salieron a la luz a lo largo del proceso.

Justamente, el caso del asambleísta Jorge Yunda quien participó por aproximadamente 50 frecuencias a través de terceras personas es uno de los emblemáticos. No obstante, varias frecuencias del conglomerado Canela habían sido descalificadas y en especial, está el caso de CanelaTV. Las presiones sobre Ana Proaño y la llegada de Christian Hernández son movidas de piezas que señalan que las cosas para el actual asambleísta del partido en el Gobierno estarían por “solucionarse”.

Frecuencias  de Jorge Yunda descalificadas:

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libertad de asociacion en jaque

“Tenemos en nuestro país una sociedad civil muy vibrante y grande. Tenemos más de 90mil organizaciones registradas. Y a veces -yo que como canciller viajó de un espacio multilateral a otro- vemos siempre las tres o cuatro mismas organizaciones de la sociedad civil financiadas por países, que expresan las mismas quejas que luego se exponen de manera sistemática en espacios como este”. Estas eran las palabras del Canciller Guillaume Long, el pasado 1 de Mayo, durante el Examen Periódico Universal (EPU) que realiza cada 5 años la ONU a los países miembros para determinar la situación de los DDHH en cada nación.

Durante dicho examen, el Ecuador recibió recomendaciones de 27 países en temas como derecho a la protesta social, independencia de la justicia, libertad de expresión y libertad de asociación. Respecto a este último tópico, fueron 16 las naciones que hicieron referencia a la vulneración de ese derecho básico, y en específico, varias se refirieron a los Decretos Presidenciales 16 y 739, los cuales fueron creados para registrar y regular el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. En este aspecto, no fueron aceptadas por el Ecuador las recomendaciones de cuatro países (Bélgica, Costa Rica, EEUU y República Checa) que abogaban por la libertad de asociación y por la revisión o derogación de tales decretos.

Infografía 27 países-01

Ello porque los decretos en cuestión contemplan, entre otras causales, la disolución de las organizaciones por “desviarse de los fines para los que fueron constituidas” y por “dedicarse a actividades de política partidista, actividades que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o que afecten la paz pública”, lo cual contraviene el derecho fundamental de la  libre asociación contemplado en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros tratados internacionales.

Pero, ¿qué hay detrás de todo este cercamiento y blindaje legal a las organizaciones de la sociedad civil? Y, además, ¿cuáles son los riesgos de que dichos decretos sean transformados en ley, como se pretende hacer con el Proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social que acaba de aprobarse para ser debatido en la Asamblea?

Empecemos por partes. Según información del SUIOS (Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales) en efecto existen más de 90 mil organizaciones de la sociedad civil registradas en el RUOS, es decir, el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil. Al momento, para ser exactos, 90.566 y dicha cifra va en aumento constantemente. Por ejemplo, a fecha del 18 de abril, el número registrado en la página del RUOS era de 90.148.

De este número de organizaciones, la mayoría están en estatus de registradas y el resto constan como activas, disueltas o liquidadas. Según información publicada en diario El Comercio en marzo pasado, serían 26.081 las organizaciones registradas en el SUIOS  y el resto estarían en proceso de registro. Esta información no ha podido ser refrendada por Fundamedios, pues, pese a haberse solicitado por varios medios y haber enviado oficios a la Secretaría de Gestión de la Política, que es en donde se registran todas las organizaciones, no recibimos respuesta alguna, lo cual contraviene el derecho al acceso a la información pública contemplado en la Constitución y en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por otro lado, información proporcionada por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil (CEOSC) recoge que en el país existirían 46mil organizaciones, dato proporcionado por comunicados oficiales desde el Estado, según indicó la CEOSC. No obstante, a decir de Galo Toapanta, comunicador de tal organismo, este dato no lo pueden verificar, pero la referencia que pueden proporcionar es las cerca de 2000 organizaciones que lograron mapear: “muchas de estas requieren de una comprobación. Luego de una verificación una por una, tenemos un mapeo de cerca de 400 organizaciones”. Por otro lado, son 64 las organizaciones miembros de la CEOSC a nivel nacional.

Pese a que en la página web del RUOS está subido el registro y el acuerdo ministerial (no en todos los casos) de cada una de las 90mil organizaciones registradas, incluyendo su objetivo principal y su ámbito de acción, no existe un mapeo general de qué tipo de actividad realizan y es imposible determinar si son partícipes activas del ámbito público y social. Por ello, es impreciso asegurar que aquellas organizaciones representan en su totalidad a una “vibrante y grande sociedad civil”.

Respecto a eso, Ivonne Yánez, miembro de Acción Ecológica y una de las personas que elaboró uno de los informes sobre libertad de asociación presentado a los países miembros de la ONU para el EPU, opina que “efectivamente podría haber un número elevado de organizaciones de la sociedad civil, pero muchas de ellas tienen solamente un nombre o pueden ser simplemente asociaciones de padres de familia, por ejemplo. Digamos que, probablemente, en términos de cantidad sí es elevado, sin embargo, el que sea vibrante y que efectivamente tenga las mejores condiciones posibles para poder trabajar, es otra cosa”.

Con ello coincide Mauricio Alarcón, ‎director (E) de Fundamedios, quien cree que la sociedad civil siempre ha sido grande, “como tercer sector ha sido uno de los elementos fundamentales del país; lo que cuestionaría es el término de vibrante, pues justamente la política del Gobierno respecto de la sociedad civil ha creado un sistema de premios y castigos que a muchas organizaciones ha silenciado, a algunas ha anulado y a otras que han logrado sobrevivir, se les ha estigmatizado, perseguido y hostigado como ha ocurrido en los últimos años”.

¿Se trata de las cuatro organizaciones de siempre?

Aunque la posición oficial del gobierno acusa de hacer un lobbying parcializado a un grupo reducido de organizaciones de la sociedad civil en el marco del EPU, lo cierto es que es imposible trazar una línea de proporcionalidad entre las más de 90mil organizaciones que constan en el RUOS y las que se dedican a la defensa y promoción de los DDHH, pues, como se dijo anteriormente, además de la inexactitud de aquellos datos, muchas de esas organizaciones registradas tienen actividades que distan de tener una incidencia en la esfera pública y social en el tema de derechos.

Según Alexandra Almeida, directora de Acción Ecológica, no es cierto que simplemente se trate de tres o cuatro organizaciones: “ha existido una amplia participación para hacer estos informes sombra que incluso se hicieron individualmente y también en conjunto, dependiendo de los temas. También en el cabildeo que se hizo en embajadas esta vez hubo muchas más organizaciones participando”.

Según la información oficial del EPU, las organizaciones de la sociedad civil presentaron 47 informes, 26 de los cuales fueron realizados por coaliciones de varias entidades en temas diversos como derechos sexuales y reproductivos, derechos de niños, niñas y adolescentes, diversidad sexual, género, medioambiente, derechos territoriales, reunión pacífica, entre otros; además de los ya mencionados: derecho a la protesta social, independencia de la justicia, libertad de expresión y libertad de asociación. Esto en contraste con los 19 informes que se presentaron durante la evaluación anterior en 2012, por lo que la participación de la sociedad civil se incrementó este año en más del doble.

Infografía informes-02

Es por ello que Mauricio Alarcón considera que los dichos del canciller denotan “una terrible ignorancia, pues ni siquiera se ha tomado el tiempo de leer los informes que presentó la sociedad civil”. También explicó que en ellos “se abordan todos los derechos fundamentales, no únicamente dos o tres temas, y precisamente de ahí parten los cuestionamientos”.

Con ello coincide Ivonne Yánez, y resalta que los países realizan sus recomendaciones a través de serias investigaciones, por lo cual considera “una grosería del canciller Long decir que los países se limitan a tomar esos informes”. También explica que los mismos se realizan de forma individual y luego colectiva con varias organizaciones en diversos temas. Posteriormente algunas organizaciones de derechos humanos hicieron un trabajo de incidencia ante las embajadas, y también se hizo  una visita en los períodos de apreciación en el mes de abril en Ginebra, previo al Examen Periódico Universal.

Una de las agrupaciones de la sociedad civil que presentó un informe conjunto para el EPU fue la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en el Ecuador, misma que agrupa a 25 organizaciones de diversa índole, como la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos -AEDEP-, el Colectivo YASUNIDOS, la Confederación Mujeres por el Cambio, la ECUARUNARI, la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador –CUCOMITAE-, la Federación de Médicos del Ecuador, la Fundación DESAFÍO, entre otras, cuyo informe incluye el análisis de la situación de ocho derechos básicos en el país.

De acuerdo a la información incluida en el resumen de los comunicados de las 50 partes interesadas para el EPU Ecuador, serían más de 80 organizaciones de la sociedad civil las que presentaron informes en el marco de dicho examen.

¿Cuál es el riesgo de que los decretos 16 y 739 se conviertan en Ley?

Que la posición oficial deslegitime a las organizaciones que denuncian las violaciones de derechos básicos es bastante decidor respecto al derecho que justamente se está vulnerando con la aplicación de tales decretos: el de la libre asociación. Es por ello que varias organizaciones denunciaron la situación en la coyuntura del Proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, que precisamente acaba de entrar a la Asamblea mediante avocación de conocimiento de la Comisión de Participación Ciudadana para su posterior primer debate.

Ello pese a la acción de protección en contra del trámite de dicho proyecto presentada en abril por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la cual fue denegada.

Este proyecto busca, entre otras cosas, convertir en ley a los Decretos 16 y 739, con lo cual, según Juan Auz, abogado de la organización Terra Mater, “se perdería el principal argumento que tenemos desde la sociedad civil para rechazarlos, que consiste en que se está regulando un derecho fundamental -el de la libre asociación- mediante una norma de jerarquía menor, entonces eso viola el principio de legalidad”.

De hecho, esa es una de las mayores críticas de los organismos internacionales, tal como se recoge en el Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, A/HRC/20/27, de 2012, que en su párrafo 16 dice que “toda restricción (a derechos fundamentales) debe… estar prescrita por la ley, lo que implica que la ley debe ser accesible y estar formulada con la suficiente precisión”. Asimismo, el Segundo Informe de la CIDH sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, de 2011, señala que “las restricciones a la libertad de asociación sólo serán válidas si han sido establecidas por ley (mediante una decisión del Parlamento o una norma no escrita equivalente del common law) y no son permisibles si se establecen por decreto de gobierno o mediante otro tipo de decisión administrativa”.

“Cuando elevas un decreto a ley orgánica, ya tienes la legitimidad y la legalidad; además de que es más difícil derogar una ley que un decreto, de hecho, un nuevo gobierno puede derogar un decreto pero no una ley”, explica Auz.

Alexandra Almeida por su parte, cree que el proyecto de ley “es nefasto, dado que eso da pie a que se cierren otras organizaciones”. Cree además que es una “violación total a los derechos que tenemos como ciudadanos y también para las organizaciones”. En ese sentido, Mauricio Alarcón expresa que “si no hubiera la intención de seguir controlando a las organizaciones a través de restricciones, ¿por qué elevar a categoría de ley una norma que, dicho por los relatores, no cumple con los estándares internacionales? Pues para dejar un blindaje que sea una suerte de amenaza a ciertas organizaciones, para que el nuevo gobierno la aplique quizá de manera selectiva”.

Según Marcelo Espinel, Director de Proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, “es necesario que las organizaciones de la sociedad civil planteen ante los legisladores que el proyecto no cumple con los estándares internacionales y que el informe que debería emitir la comisión encargada es su inmediato archivo”.

Una de las críticas respecto al incumplimiento de los estándares internacionales es que el hoy proyecto de ley contempla causales de disolución que son poco claras y se prestan a interpretación discrecional. Según el informe emitido por el Comité de DDHH de la ONU en junio pasado, “al Comité le preocupa la información de que la legislación del Estado parte contiene disposiciones que permiten disolver organizaciones sociales que cuenten con personería jurídica, con base en causales que podrían resultar muy amplias o ambiguas”.

Para Ivonne Yánez, las causales de disolución “no son sólo subjetivas sino que están a discrecionalidad de los funcionarios públicos que son los que deciden cuándo las organizaciones están cumpliendo con sus objetivos, o cuando se pone en riesgo la seguridad del Estado. Lo que buscan es amedrentar a las organizaciones, evitar que se denuncie las posibles violaciones a derechos, cuando en realidad ese es nuestro trabajo”.

Desde 2013, año en el que fue aprobado el Decreto 16, se han disuelto dos organizaciones de manera arbitraria y polémica basándose en tales disposiciones: la Fundación Pachamama y la Unión Nacional de Educadores UNE. La primera acusada de atentar en contra de la seguridad interna del Estado y la paz pública, y la segunda por supuesto incumplimiento del registro de su directiva.

Otras dos organizaciones que también estuvieron a punto de ser disueltas por la aplicación de dicho decreto fueron Fundamedios, por supuestamente alejarse de sus fines estatutarios al evidenciar posiciones de carácter político;  y Acción Ecológica, la más reciente, por desviarse de los fines para los cuales fue constituida, y por supuestamente atentar contra la seguridad interna del Estado y afectar a la paz pública.  

No obstante, estas cuatro organizaciones no son las únicas disueltas o amenazadas por la aplicación de tales decretos. En una próxima entrega Fundamedios presentará una investigación sobre cuántas organizaciones de la sociedad civil realmente han sido disueltas en el país.


 

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El Gobierno de Ecuador rechazó 19 de las 182 recomendaciones formuladas por 83 Estados que examinaron al país, durante el tercer Examen Periódico Universal (EPU), que tuvo lugar el 1 de mayo en la sede de la ONU, en Ginebra. El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos por el cual se evalúa a los Estados miembros, en el cumplimiento de sus compromisos internacionales sobre la materia.

La decisión se conoció este 6 de mayo durante la sesión de adopción del informe del EPU. De las 182 recomendaciones, 159 tuvieron el apoyo del Ecuador afirmando que ya están implementadas o en proceso de implementación, mientras que la posición de 4 de ellas quedaron diferidas y deberán conocerse hasta el 36 Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en septiembre de este año.

Las recomendaciones, que no fueron aceptadas por el Ecuador tienen relación con el respeto pleno y la garantía de los derechos de libertad de expresión y asociación (la revisión de la Ley Orgánica de Comunicación y otras normas como el Decreto Ejecutivo 16 y 739 que resultan restrictivas para el ejercicio de los derechos), así como la independencia de la justicia, con especial énfasis en la revisión de la figura de “error inexcusable” para sancionar a jueces.

María Fernanda Espinosa, Embajadora de Ecuador en la ONU cuestionó que el país ha recibido algunas recomendaciones sobre ciertos aspectos normativos o políticas públicas que “simplemente no existen o no corresponden a la realidad ecuatoriana”. Al respecto, la funcionaria afirmó que “es de fundamental importancia asegurar que este mecanismo mantenga su carácter constructivo, objetivo y no politizado, sin duda una de las formas de hacerlo, es asegurando que las recomendaciones que realicen los estados en el diálogo interactivo sean coherentes con las propias realidades internas y las buenas prácticas de los Estados que las proponen. Solo así el EPU podrá mantener su legitimidad y credibilidad. Por otra parte, creemos fundamental mantener el objetivo principal del Examen Periódico Universal como mecanismo en el que los países sean examinados bajo estándares de información objetiva y fidedigna”.

De las 182 recomendaciones formuladas, 36 corresponden exclusivamente al respeto y mejora de los derechos de libertad de expresión y asociación emitidas por los siguientes países: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Costa Rica, Estonia, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Liechtenstein, México, Perú, República Checa, República de Corea, Reino Unido, Suecia, Suiza y Ucrania.

A continuación puede revisar las recomendaciones formuladas por cada país en el siguiente cuadro:

RECOMENDACIONES EPU PDF

 

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Por el Día Mundial por la Libertad de Prensa, Fundamedios ratifica la voluntad de diálogo

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En 10 años, la libertad de expresión ha sufrido 2213 agresiones; los medios de comunicación han sido atacados en 1081 ocasiones y los periodistas, en 644. Estas cifras se traducen en el deterioro que ha sufrido este derecho fundamental durante la última década en el Ecuador, y que vale tomarlas en cuenta en este 3 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día Mundial por la Libertad de Prensa, puesto que, “no existe democracia sin prensa libre”.

Solo en este primer cuatrimestre del año, se han registrado 148 ataques a la libertad de expresión, siendo el mes de el más violento febrero, que coincide con la época electoral. Sin embargo, si comparamos con las cifras reportadas en el mismo cuatrimestre de 2016, el número de agresiones fue similar, aunque ligeramente mayor el año pasado, con un total de 160.

Las agresiones más recurrentes en este último cuatrimestre se han dado en el ámbito digital, que abarca la censura en Internet, hackeos y ciber acoso, con 29 casos; seguido por 23 casos de agresiones verbales y 19 por el uso abusivo del poder del Estado, lo que significa que cada vez, son más vulnerables los medios digitales y los ciudadanos que se expresan a través de redes sociales.

Esta primera radiografía del 2017 nos indica que el Estado, el encargado de promover y proteger la libertad de expresión, es el que más agrede, junto a los funcionarios públicos, puesto que las agresiones verbales siguen ocupando los primeros lugares, ahondando en el discurso estigmatizante en contra de medios y periodistas que han sido descalificados desde los enlaces presidenciales o cadenas nacionales.

En este 3 de mayo, Fundamedios ratifica la voluntad de diálogo con el Estado y todas la partes involucradas de la sociedad, con el fin de encontrar las vías idóneas para recuperar la libertad de expresión, un pilar fundamental de la democracia.

Para el efecto, la Organización, junto a la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) y la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) trabajaron en la denominada “Hoja de Ruta”, un proyecto que tiene el objetivo de trazar una serie de acciones ejecutivas, legislativas, judiciales y de otros sectores de la sociedad con miras a recuperar la libertad de expresión en el país. Este documento fue entregado formalmente a los candidatos Lenín Moreno y Guillermo Lasso el pasado 1 de febrero y se espera que el nuevo gobierno acoja estas sugerencias, en su compromiso para promover y proteger este derecho fundamental.

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Con una trayectoria de 47 años falleció hoy en España, a causa de un cáncer de riñón, uno de los referentes más importantes del periodismo mundial. Experto en política internacional con un énfasis especial en los asuntos de América Latina y el conflicto palestino-israelí, Miguel Ángel Bastenier fue uno de los grandes maestros que formó varias generaciones de periodistas, tanto como profesor de periodismo internacional en la Escuela de Periodismo de Diario El País de España, en donde impartió clases desde 1983, como de la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano, creada por el Nobel Gabriel García Márquez.

Aunque él se consideraba simplemente un “profesor pues maestro es solo una teoría”, lo cierto es que en sus 30 años de docencia estableció un método de enseñanza alabado por sus alumnos que ponía todo su peso en la práctica y, como él decía, “en la sala de redacción”. Y es que él mismo era un periodista de carrera formado en la acción, aunque también en la teoría: obtuvo en 1961 una licenciatura en Periodismo en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Posteriormente obtendría dos títulos más: Licenciado en Derecho por la Universidad Central de Barcelona, en 1962, y en Historia por la misma universidad, en 1974.

Bastenier es recordado por su agudo humor y su obsesión con la lengua. Como corrector era implacable y no dudaba en responder con ingeniosas críticas a los trabajos de sus alumnos. Todo ello sustentado en sus años de experiencia como solvente articulista y reportero, y como director y subdirector de varios diarios como Telexprés de Barcelona, El Periódico de Cataluña, y El País, del que fue articulista hasta su fallecimiento.

Conocido era también por sus máximas y sentencias, como aquella que se popularizó en redes sociales: “Solo hay dos tipos de periodistas: los rápidos y los que no son periodistas”, siendo que con 172 mil seguidores en Twitter, llegó a ser una de las estrellas periodísticas de habla hispana de dicha red social, y el más popular de diario El País en el mismo medio.

Ello no sorprende, pues se trata de uno de los periodistas “analógicos” que logró adaptarse exitosamente al espacio 2.0. De hecho, fue uno de los primeros en reconocer la importancia del periodismo digital y los nuevos medios, aunque consideraba que “el periodismo sigue siendo de todas maneras el mismo, la técnica cambia, claro que cambia, se amplían los resortes, los instrumentos, la mecánica de cómo conseguimos las cosas; pero el objetivo sigue siendo el mismo”.

Dichas palabras las expresó durante una entrevista realizada por Rayuela Radio a propósito de su visita al Ecuador en septiembre del año pasado por invitación de FUNDAMEDIOS, en donde realizó dos charlas magistrales en Quito y Guayaquil, en las cuales justamente uno de los temas tratados fue el periodismo digital y la esfera del Internet, lo cual fue una de sus preocupaciones en los últimos años. También se refirió a la realidad actual de América Latina y la situación de la libertad de expresión, de la que se declaró partidario en su máxima expresión posible.

Y es que para el periodista, no es posible tener un escenario de libertad de expresión al 100%,  “porque nunca ha sido al 100% en ninguna parte, pero puede ser en un porcentaje muy alto. Puede ser perfectamente utilizable desde cualquier punto de vista y puede ser de baja calidad, así como la objetividad que en el periodismo no existe porque el periodismo es perfección y la perfección es subjetiva”.

El autor de varios libros sobre el conflicto árabe-israelí y de manuales de periodismo, dejó un legado en España y América Latina que se traduce en diversos artículos y reporterías, pero también en ideas que plasmó tanto en sus clases como en sus artículos y charlas, como aquella de que los reporteros latinoamericanos debían quitarse el “chip colonial” reflejado en esa necesidad de “ponerse la corbata para escribir”.

Sus reflexiones acerca del espacio virtual y el periodismo también quedan como lecciones culturales contemporáneas: “Si internet nos separa de tocar seres humanos, estamos perdidos. Si internet es para saber a qué seres humanos hemos de tocar, qué cosas hemos de preguntar, qué datos incorporemos a la historia, está bien. Pero si internet -y el peligro existe- debilita nuestro contacto con la humanidad, nuestra tarea física, nuestro investigar a personas y cosas que ocurren en la realidad, (es) malo”.

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Del proceso electoral del pasado 2 de abril hay más dudas que certezas. Una serie de irregularidades manifiestas lo deslegitiman frente a una ciudadanía que reclama transparencia. Pese a que la petición general y del movimiento CREO es el reconteo de votos que toma en cuenta la dimensión física del proceso, hay cuestionamientos que derivan del plano digital e informático y que deben ser resueltos por las autoridades competentes.

Estas dudas surgen debido a la caída de la página del CNE durante media hora, entre las 18:50 y las 19:20, según reportó el monitoreo de Usuarios Digitales, contrario a la versión oficial que maneja el CNE de que solo fueron 15 minutos.

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Fuente: Usuarios Digitales.

Asimismo, los nombres de dominio de dicha página cambiaron tres veces. Aquello generó todo tipo de especulaciones que iniciaron con la idea de un apagón digital hasta las declaraciones del Presidente Rafael Correa, en las que aseguraba que la página habría sufrido un hackeo desde los EEUU, como parte de una conspiración de la derecha.

Frente a esta ola de supuestos hay que hacer varias precisiones. Expertos consultados por Fundamedios explican que la página web del CNE que muestra los resultados electorales es solo un front, es decir, es tan solo un sitio web que recibe información para el acceso público a la misma y no tiene nada que ver con el sistema que estaría generando dicha información, es decir, no tiene acceso a la base de datos generada por el CNE. Según precisaron estas fuentes, el sistema en sí funciona a través de una VPN (Red Privada Virtual), que es una red cerrada a la cual no se puede acceder por Internet públicamente.

Esta VPN es la que se usa para el sistema del centro de cómputo del CNE, y es por ello que no son erradas las declaraciones de Juan Pablo Pozo y del Presidente Correa acerca de que el sistema de conteo de votos no tiene que ver con la página web. No obstante, y pese a que Pozo declara que el conteo siguió realizándose normalmente en el Hotel Marriott, en una entrevista realizada por el portal Gkillcity a Fausto Camacho, exvocal del Consejo Nacional Electoral, éste asegura que “no había forma de conocer qué sucedía, hasta que salieron a dar una rueda de prensa. Yo estaba en el Hotel Marriott donde instalaron el centro de transmisión de resultados y ni nosotros —ni los partidos, ni la prensa nacional e internacional— pudimos conocer qué resultados habían, peor ejercer el derecho a la defensa o al control social y político que dice la Constitución y la ley, que pueden hacer los partidos”.

Lo cierto es que hubo un vacío de información durante varias horas que debe aclararse de una forma sustentada y con pruebas. Por otro lado, algunas personas expresaban en relación al cambio de nombres de dominio que ello sería parte del fraude informático que supuestamente se habría fraguado, pues denotaría un cambio de servidor. Para alias NEO, hacker y experto informático, ello no significa per sé un cambio de servidores pero “es un indicio que se presta a dudar”. No obstante, para comprobar aquello, según Humberto Arthos, de Usuarios Digitales, se debería tener acceso a los logs, es decir, los historiales de los servidores del CNE, lo cual obviamente no se puede obtener pues no es accesible públicamente. A través de eso se puede rastrear si hubo un cambio de servidor o no. “¿Por qué cambiarían los links de acceso a la página si eso ya debía estar predefinido?”, se pregunta el experto.

Según Arthos, lo que Usuarios Digitales comprobaron es que en efecto un cambio de nombres de dominio, lo cual establecería la primera exigencia al CNE en temas digitales referentes al proceso electoral: que abra al público el historial de sus servidores y que explique el porqué del cambio de nombres de dominio en la web. Todo ello acogiéndonos al derecho a la información y al acceso a la información pública que ampara la Constitución y contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP.

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La segunda duda que debe ser resuelta por el CNE es justamente la caída de la página. Y en este aspecto hay varias inquietudes, pues cierto es que las declaraciones de Pozo acerca de la inaccesibilidad a la página del CNE debido al tráfico excesivo no son del todo erradas. Según explica Arthos, la página del CNE –al igual que varias páginas a las que no se pudo acceder ese día- usa un servicio de rendimiento y seguridad web llamado Cloudflare, el cual sirve para alivianar la carga por el tráfico de red y que el internet sea más rápido. Este servicio reportó problemas de desempeño de la red en Quito, Ecuador, el 2 de abril.

Para Arthos, ello podría deberse a que “la empresa instaló recientemente en Quito un data center, con lo cual Ecuador se convertiría en un punto concentrador de Internet”, no obstante aquello no termina de explicar la caída de la página, pues una cosa son los problemas de tráfico y otra la inaccesibilidad que se presentó desde ciertas ISP locales (proveedores de servicio de internet), ya que la página sí tenía acceso desde Claro y TvCable, y más no desde Movistar, CNT y Netlife. Además, también se podía acceder a través de VPNs (redes privadas virtuales), las cuales son redes a las que el usuario se conecta desde otra ubicación geográfica, no localmente.

Si hubiese sido netamente un problema de tráfico, como aseguró Juan Pablo Pozo, al menos todas las ISP locales hubiesen presentado la misma inaccesibilidad. Para María José Calderón, investigadora de la Universidad Internacional, lo que pasó en este caso no es un apagón digital masivo, sino que se trata de una forma sutil de bloqueo al acceso que se llama selective shutdown, en la cual solo se inhabilitan ciertas IPs: “lo hacen selectivamente. Lo han hecho países como Rusia, los países mediterráneo-árabes después de la primavera árabe, por ejemplo. Desde que empezaron hace unos cuatro años este tipo de manifestaciones a través de internet a nivel global, los gobiernos han empezado a abusar de los apagones digitales o bloqueos”.

Esto se traduce en una violación de derechos, ya que la conectividad es un derecho humano reconocido por la ONU en un informe emitido en 2011: “cortar el acceso de los usuarios a Internet, sea cual sea la justificación, incluida la violación de las leyes de protección de derechos de propiedad intelectual, es una medida desproporcionada y, por tanto, una violación del artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos”.

En este sentido, Calderón cree que se trata de un tema de transparencia y de gobernanza digital y esto es por lo que varias organizaciones luchan actualmente, por la garantía de la conectividad, que también está contemplada en la Constitución. “No se puede saber lo que pasó sin que nos digan dónde estaban sus servidores y para ello es necesaria una auditoría informática”, explica.

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Otro punto que llama la atención y que para el hacker Neo es fundamental, es que durante la primera vuelta, los observadores internacionales recomendaron ampliar el ancho de banda usado en la transmisión de datos por internet; sugerencia que fue acogida por el CNE, que amplió hasta cuatro gigabytes el ancho de banda, lo cual debilitaría la tesis de la caída de la web por exceso de tráfico, pues según el experto, la página estaba preparada.

Pero incluso si este argumento tuviera algo de cierto, se contradice completamente con la teoría conspirativa que presentó el Presidente Correa, cuando, a través de Twitter y varias declaraciones, incluido el enlace ciudadano del sábado 9 de abril, aseguró que la página del CNE se cayó durante el conteo de votos porque fue hackeada desde los EEUU.

Y esto asegura Neo tajantemente que es errado, pues como hacker experto, explica que es imposible detectar un país exacto de donde provienen este tipo de ataques que se llaman DDoS, los cuales buscan inhabilitar un servidor, un servicio o una infraestructura a través de saturarlos de peticiones. Este mecanismo es usado tanto por organizaciones criminales, hackers como por gobiernos.  

La explicación es que este tipo de ataque se basa en el envío simultáneo de multitud de solicitudes para abrir la página, lo cual se consigue ya sea a través de la instalación de malwares que convierten a varias máquinas en computadores zombies que envían las peticiones, o través de lo que se conoce como Hacktivistas, que es el mecanismo que utiliza Anonimous, en el cual se centraliza el software de ataque, por ejemplo el LOIC, el cual sirve para realizar las peticiones simultáneas a través de un botnet (grupo de robots informáticos automatizados).

Este tipo de software es similar a los webhive que usan los hackers para lograr lo mismo, y que  se conectan a una red VPN, es decir una red privada que no puede rastrearse de dónde proviene. Por otro lado, los hackers se conectan al webhive desde direcciones IP que provienen de todo el mundo. El webhive puede estar alojado en un servidor en determinado país pero este simplemente replica los ataques que provienen de varios lugares, por lo que es prácticamente imposible detectar un sitio específico del que se originan.

Igualmente, si este hubiese sido el caso, tampoco se logra explicar el por qué desde ciertos ISP locales y VPN sí había acceso a la página, ya que un ataque DDoS impediría el acceso desde cualquier red o proveedor de servicio de internet.

Entonces, según Neo, la única forma comprobar las afirmaciones del Presidente, es mostrar los logs, es decir, los registros del ataque. Con lo que una vez más, se repite el requerimiento de la auditoría digital. Pero él incluso va más allá, pues cree que los datos son volátiles y pueden haber sido borrados. Para ello sugiere que se realice una auditoría forense de todo el proceso, similar a la que se hace en el caso de delitos digitales, y con auditores independientes. “Si todo está guardado y no se abre, nos perjudica a todos”, concluye.

Transparentar el proceso electoral, no solo a través de un reconteo de votos sino mediante una auditoría digital es una obligación del Gobierno y el acceso a esa información es un derecho ciudadano. Durante el último enlace ciudadano, el Presidente Correa manifestó que “si quieren una auditoría informática, entonces que la pidan”. No obstante, ello debería garantizarse con total independencia y autonomía, pues a través de ese proceso se puede legitimar los resultados de las votaciones y aclararse todas las inconsistencias surgidas a raíz de las diferencias entre los resultados presentados por el CNE, los conteos rápidos de Participación Ciudadana y la Escuela Politécnica, y las encuestas de CEDATOS y Perfiles de Opinión.

Caso contrario se estaría incurriendo en una violación de derechos, pues la Constitución en su Art. 18 numeral 2 establece que “en caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información”.

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correa amenaza

Fundamedios condena las amenazas y las expresiones injuriosas del Presidente Rafael Correa en contra de la organización de la sociedad civil Participación Ciudadana, el canal de TV Ecuavisa y la encuestadora privada Cedatos, contra quienes descargó una serie de amenazas absolutamente inaceptables en cualquier país que se considere mínimamente democrático, por el solo hecho de haber divulgado resultados diferentes a los que divulgaron encuestadoras y medios oficialistas.

Durante el enlace 518 celebrado este sábado 8 de abril, en Palenque, provincia de Los Ríos, el Presidente Rafael Correa acusó a la encuestadora CEDATOS, al canal de televisión Ecuavisa y a la organización Participación Ciudadana de haber fraguado un fraude a favor de Guillermo Lasso. Expresó que las tres entidades tendrán que “responder a la ley” y que tendrán “responsabilidades civiles, administrativas y de toda índole”.

El mandatario aseguró que tanto Participación Ciudadana como CEDATOS fueron cómplices y financiadas por el candidato Guillermo Lasso a través del Banco de Guayaquil. De Ecuavisa sostuvo que es un canal deshonesto y totalmente parcializado con dicho candidato. “Ecuavisa que tendrá que responder ante la historia y ante la ley también. Es gravísimo lo que ha pasado, que ni siquiera mencionaron que había un exitpoll que le daba la victoria a Lenín, (y presentaron) un exitpoll de una empresa como CEDATOS que es mafiosa y trabaja para Lasso”.

Expresó también que el presentador Alfonso Espinoza de los Monteros es “uno de los tantos periodistas sinverguenzas que hay en este país. Descaradamente se entromete en política”.  Por otro lado, aseguró que Participación Ciudadana es la responsable de toda la conmoción social que se produjo por haber presentado resultados, según él, falsos. Además aseguró que tal organismo no quiso publicar que en su conteo rápido el ganador era Lenín Moreno, pues “son cómplices de Lasso”.

Además manifestó que son responsables de lo que pueda pasar en las calles y cuestionó que dicha organización haya declarado un empate técnico, el cual consideró falso, pues señaló que mintieron diciendo que habìa una diferencia de 0,6% cuando la diferencia entre ambos candidatos era de 1,6%. “Esta gente ha buscado toda esta semana -y no sé si la próxima que ya es semana santa- un muerto. Han tratado de generar violencia”.

“Esto es todo lo que hemos tenido que enfrentar todos estos años a estas ONG´s que son los tentáculos de la derecha, como no nos pueden ganar en las urnas se inventan estas cosas (..).  Participación Ciudadana es corresponsable de lo que pueda pasar y esto no quedará en la impunidad. No se trata de perdón y olvido, sino a nivel social es impunidad. No podemos permitir que se vuelva a jugar con la buena fe de la gente y las instituciones, y que una ONG juegue con la fe pública”.

De CEDATOS expresó que es “una empresa mafiosa tendrá que responder ante la justicia porque no se puede jugar así ante la fe pública” y que hizo fraude al darle 6 puntos más a Lasso. Para el mandatario todos los datos de la encuestadora fueron forjados para generar caos. “Ese exitpoll fue manipulado y lo voy a demostrar, que esto fue parte de un boicot para jamás aceptar los resultados porque la victoria para la derecha del Ecuador era clave y fueron contundentemente derrotados”.

 

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