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Decreto 16

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El pasado 4 de agosto de 2015 el presidente de la República expidió el Decreto Ejecutivo No. 739 que reforma y codifica el Decreto No. 16, vigente desde junio de 2013, que contiene el denominado Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, y que regula el derecho constitucional de los ciudadanos a asociarse en forma libre y voluntaria, así como el funcionamiento de todas las formas de organización de la sociedad civil.

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Gestión de la Política, ha afirmado que las reformas tienen como fin homologar los requisitos de funcionamiento de las organizaciones sociales y ciudadanas, y son consecuencia de acuerdos alcanzados en el proceso de diálogo que han impulsado.

Las organizaciones que suscriben el presente comunicado señalan enfáticamente que este nuevo Decreto mantiene las restricciones y las amenazas a la libertad de asociación de los ciudadanos, partiendo de la abierta violación a los artículos 132 y 133 de la Constitución de la República que consagran los principios de legalidad y de reserva de ley para regular el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales. Se mantienen las causales ambiguas de disolución de las organizaciones, así como el procedimiento de disolución controvertida, en abierta violación a los principios y estándares internacionales, que sobre la libertad de asociación, han emitido los principales organismos internacionales y relatorías especiales de los sistemas de protección de derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que los Estados tienen facultad para reglamentar la inscripción, vigilancia y control de organizaciones dentro de sus jurisdicciones, pero que “deben asegurar que los requisitos legales no impidan, retrasen o limiten la creación o funcionamiento de estas organizaciones”.

Así también Maina Kiai, relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, ha insistido en la necesidad de asegurar la existencia de un ambiente propicio para la sociedad civil, que permita el libre ejercicio de los derechos de asociación y reunión pacífica, y que el Estado tiene una obligación positiva de llevar a cabo medidas eficaces para hacer efectivo el disfrute de estos derechos. En más de una ocasión ha hecho hincapié en los artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Ecuador ratificó y se comprometió a respetar y a garantizar el 6 de marzo de 1969, y que garantizan los derechos de reunión pacífica y asociación.

Por estas consideraciones, quienes suscriben este comunicado exigen la derogatoria de los Decretos Ejecutivos 16 y 739. Además varias organizaciones presentarán nuevos argumentos jurídicos respecto del Decreto Ejecutivo No. 739 y dentro del trámite de las acciones de inconstitucionalidad que, desde agosto de 2013, se presentaron ante la Corte Constitucional, sin que hasta el momento haya resultado alguno.

Suscriben las siguientes organizaciones:

  1. Ecuarunari
  2. Corporación Participación Ciudadana
  3. Federación Nacional de Periodistas
  4. Federación Médica Ecuatoriana
  5. Federación de Barrios de Quito
  6. Junta Cívica de Guayaquil
  7. Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cucomitae)
  8. Centro sobre Derecho y Sociedad (CIDES)
  9. Red de Mujeres Políticas del Ecuador (REMPE)
  10. ACDemocracia
  11. Acción Ecológica
  12. Fundamedios
  13. Fundación Ciudadanía y Desarrollo
  14. Internacional de Servicios Públicos, ISP – Ecuador

Suscriben los siguientes ciudadanos:

  1. Nelson Reascos
  2. David Rosero
  3. Martha Roldós
  4. Mauricio Alarcón Salvador
  5. Jaime Vintimilla
  6. Patricio Camacho

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LAS ORGANIZACIONES SOCIALES REUNIDAS EN EL COLECTIVO POR LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES Y LOS DERECHOS SEÑALAN GRAVES PROBLEMAS EN EL APRESURADO SISTEMA DE REGISTRO QUE SE PUSO EN MARCHA BAJO EL DECRETO 16

 

  
Miércoles, 24 de diciembre de 2014

 

Las organizaciones sociales, profesionales y ciudadanos autoconvocados en el Colectivo por la Defensa de las Libertades y Derechos Fundamentales expresamos lo siguiente:

 

1. Las entidades no gubernamentales y los sectores sociales que denunciamos la violación de derechos fundamentales que representa el Decreto 16 consideramos que la re-inscripción automática realizada por Secretaría de Gestión de la Política fue inconsulta e incluso arbitraria con 46.000 organizaciones de derecho del país amenazadas con su desaparición legal ante la entrada en vigencia del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS) y que no soluciona los problemas de fondo que plantea el Decreto 16 a la organización social en el Ecuador.

 

2. Así, la situación de miles de organizaciones de base, comunas, comunidades, gremios, sindicatos, parcialidades, barrios, recintos, comités de pequeños comerciantes y otras formas de organización de la sociedad civil milenarias, constituidas de hecho o que están en situación irregular, al no poder registrar estatutos o directivas por negligencia de las mismas entidades del Estado han sido puestas al borde de la ilegalidad por no constar en el SUIOS, lo cual es una situación muy grave.

 

3. El Colectivo señala que si bien el Decreto 16 solo debía regular a las organizaciones sin fines de lucro, en el SUIOS se ha registrado a organizaciones con fines de lucro y que nada tienen que ver con el mencionado Decreto 16, como cajas comunales, cooperativas, etc. El Sistema puesto en operación por la Secretaría de Gestión Política de la Presidencia estás lejos de ser veraz y confiable, pero además se ha podido comprobar que tampoco contiene información fiable o actualizada de las organizaciones.

 

4. Tantos problemas en la plataforma parece ser fruto del apuro y la improvisación. No quisiéramos pensar que la vigencia del Sistema de esta forma no es más que una trampa para que después se cierre una tenaza sobre las organizaciones, incluso aquellas reconocidas en el SUIOS, a pretexto de la verificación de datos.

 

5. Tampoco existe ninguna garantía de que el SUIOS tal como ha sido puesto en operación garantice el derecho de privacidad de las personas establecidos en la Constitución y las leyes y que al final nuestros datos sean proclives a ser manipulados por cualquier persona o entidad pública o privada.

 

6. Las organizaciones de este Colectivo volvemos a insistir ante el Ejecutivo por la derogatoria del Decreto Ejecutivo No. 16, ante la negligencia e ineficiencia de la Corte Constitucional en la protección de los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Lo hacemos fundamentados en que el Decreto 16 atenta contra el derecho que tiene toda persona a asociarse libremente para fines lícitos, sanciona el ejercicio de un derecho fundamental y transgrede el principio de legalidad, dado que se estaría juzgando y sancionando a las personas por actos u omisiones que nos están tipificadas en una ley.

 

7. El Decreto 16 pretende regular un derecho constitucional, contraviniendo claramente lo establecido en el numeral primero del artículo No. 132 de la Constitución de la República en el cual claramente se manifiesta el principio de reserva de ley, que significa que solo la Asamblea Nacional, a través de una Ley Orgánica, puede regular derechos humanos fundamentales, como es el caso de la libertad de asociación y de reunión con fines pacíficos.

 

8. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que los Estados tienen facultad para reglamentar la inscripción, vigilancia y control de organizaciones dentro de sus jurisdicciones”, pero que ellos “deben asegurar que los requisitos legales no impidan, retrasen o limiten la creación o funcionamiento de estas organizaciones”. Una publicación reciente de la CIDH que cataloga los estándares interamericanos en la libertad de asociación señala que el procedimiento para registrar una OSC “debe traducirse en un efecto declarativo y no constitutivo” y, ser de naturaleza “rápida, exigiendo solamente los documentos necesarios para obtener la información adecuada a los fines del mismo”. Todo solicitante negado además debe tener acceso a “un recurso adecuado y efectivo sustanciado de conformidad con las reglas del debido proceso, que permita impugnar cualquier resolución […] ante una autoridad independiente de la que estableció la restricción”.

 

9. Recordamos también que la Constitución prohíbe expresamente la regresividad en los derechos. Estos, según la Carta Magna deben ser progresivos, deben ampliarse. Cualquier restricción que se pretenda, significaría reformas constitucionales que solo se podrían aprobar vía Asamblea Constituyente.

 

10. Por todo ello, las organizaciones rechazamos la inscripción forzada y arbitraria al que hemos sido sometidos. Reiteramos nuestra posición desde el ejercicio del derecho a la resistencia, establecido en la Constitución, e insistimos en la derogatoria del Decreto 16.

 

Firman:LAS ORGANIZACIONES, PROFESIONALES Y CIUDADANOS

 

  • Ecuarunari
  • Cucomitae
  • Federación de Barrios de Quito
  • Observatorio de Derechos y Justicia
  • Red de mujeres políticas (Rempe)
  • ISP-Ecuador
  • Unión Nacional de Educadores
  • Junta Cívica de Guayaquil
  • Fundamedios
  • Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador
  • Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo
  • Plataforma Nacional por los derechos de las Mujeres
  • Colectivo NOSOTRAS
  • AROG
  • AEDEP
  • Centro de Investigación y Desarrollo Estratégico (CIDES)
  • Corporación Participación Ciudadana
  • Luis Verdesoto
  • Martha Roldós

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COMUNICADO 


LAS ORGANIZACIONES SOCIALES REUNIDAS EN EL COLECTIVO POR LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES Y LOS DERECHOS DEMANDAMOS QUE LA CORTE CONSTITUCIONAL ADOPTE MEDIDAS CAUTELARES URGENTES FRENTE AL DECRETO 16


Frente al vencimiento del plazo que el Gobierno ecuatoriano estableció hace 180 días para organizar el Sistema Unificado de Información de las organizaciones Sociales (SUIOS), que se propone en el Decreto 16, las organizaciones sociales, profesionales y ciudadanos autoconvocados en el Colectivo por la Defensa de las Libertades y Derechos Fundamentales considerando que:


1. El Decreto Ejecutivo No. 16 atenta no solo contra el derecho que tiene toda persona a asociarse libremente para fines lícitos, sino que al sancionar el ejercicio de un derecho fundamental, se transgrede el principio de legalidad, pues se estaría juzgando y sancionando a las personas por actos u omisiones que nos están tipificadas en una ley. Además, este decreto pretende regular un derecho constitucional, contraviniendo claramente lo establecido en el numeral primero del artículo No. 132 de la Constitución de la República en el cual claramente se manifiesta el principio de reserva de ley.


2. El Decreto no garantiza el derecho al debido proceso y protección judicial establecido en el artículo No. 76 de la Constitución de la República así como, los artículos No. 8 y No. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos puesto que, el Sistema Unificado de Información de las organizaciones Sociales (SUIOS), que se propone en el Decreto, no establece requisitos precisos y no incorpora el derecho de apelación ante una autoridad independiente. Una clara muestra de esto constituye lo ya sucedido con la Fundación Pachamama en la cual se evidenció una clara situación de indefensión y el establecimiento sanciones exageradas y desproporcionadas.


3. El mencionado Decreto además es ampliamente discrecional y ambiguo, dando poder a un funcionario de Estado de determinar, a su criterio, si una organización cumple o no con los requisitos para su inscripción, o si no contraviene el orden público o las leyes. Esto impide y limita la creación y funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.


4. La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que los Estados tienen facultad para reglamentar la inscripción, vigilancia y control de organizaciones dentro de sus jurisdicciones”, pero que ellos “deben asegurar que los requisitos legales no impidan, retrasen o limiten la creación o funcionamiento de estas organizaciones”. Una publicación reciente de la CIDH que cataloga los estándares interamericanos en la libertad de asociación señala que el procedimiento para registrar una OSC “debe traducirse en un efecto declarativo y no constitutivo” y, ser de naturaleza “rápida, exigiendo solamente los documentos necesarios para obtener la información adecuada a los fines del mismo”. Todo solicitante negado además debe tener acceso a “un recurso adecuado y efectivo sustanciado de conformidad con las reglas del debido proceso, que permita impugnar cualquier resolución [. ..] ante una autoridad independiente de la que estableció la restricción”.


5. Recordamos también que las restricciones a la libertad de asociación deben ser “prescritas por la ley”, lo que significa que “cuentan con una base jurídica y son lo suficientemente precisas para que una persona u ONG pueda evaluar si la conducta deseada o propuesta podría constituir una violación, al igual que las consecuencias que podría tener tal conducta. El grado de precisión que se requiere es tal que establece criterios claros para regir el ejercicio de la autoridad discrecional”.


Por estas razones, resolvemos:


1. Reiterar ante el país, las autoridades de Gobierno y a la Corte Constitucional que el Decreto 16 atenta contra la Constitución y los instrumentos internacionales de DDHH. La Corte Constitucional debe salir del letargo en el cual ha sumido las causas relacionadas al Decreto 16 y resolver las demandas de inconstitucionalidad presentadas.


2. Respaldar la declaratoria de desobediencia civil de la Ecuarunari y advertir que estaremos alertas ante cualquier intento de aplicar el D16 contra las organizaciones sociales del país.


3. Rechazar por las represalias contra la CONAIE y expresar la solidaridad con una de las organizaciones históricas des luchas de los movimientos sociales en el país.


4. Expresar la preocupación por los últimos hechos que pueden considerarse parte de una escalada en contra de la organización social en el Ecuador: el asesinato  del líder anti minero José Tendetza, el impedimento para que la Caravana Ambiental circule libremente por el Ecuador, los obstáculos para que los grupos ambientalistas puedan reunirse con parlamentarios alemanes en el territorio ecuatoriano, la sentencia en contra de Pepe Acacho, entre otras.


5. Exigimos a la Corte Constitucional el tratamiento sin más demoras de las demandas de inconstitucionalidad presentadas por diversas organizaciones y la adopción urgente de medidas cautelares que suspenda la vigencia del Decreto 16 ante la urgencia y el daño irreparable que se puede causar a la organización social en el país.


6. Rechazamos las cartas de respuesta que la Dirección Jurídica de la Presidencia ha realizado a las cartas que las organizaciones de la sociedad civil hemos presentado al Presidente de la República pidiendo la derogatoria del Decreto 16, pues no contiene ningún sustento legal y menos de protección de derechos válido.


7. Pedimos que el Gobierno ecuatoriano entregue la información solicitada por los Relatores de los sistemas mundial e interamericano de protección de Derechos Humanos sobre la vigencia del Decreto 16 y que se acepten los estándares internacionales que recomiendas que el Derecho humano fundamental a la libre asociación solo debe ser regulado por Ley sometida a la discusión parlamentaria y debe construirse de forma incluyente en consultas con la sociedad civil organizada.


Dado en Quito, 17 de diciembre de 2014


Firman:


LAS ORGANZACIONES, PROFESIONALES Y CIUDADANOS


Ecuarunari
Cucomitae
Federación de Barrios de Quito
Observatorio de Derechos y Justicia
La red de mujeres políticas (Rempe)
ISP-Ecuador
Unión Nacional de Educadores
Junta Cívica de Guayaquil
Fundamedios
Acción Nacional Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo – Plataforma Nacional de las Mujeres
Arog
AEDEP
Centro de Investigación y Desarrollo Estratégico (CIDES)
Corporación Participación Ciudadana
Federación Nacional de Periodistas del Ecuador
Yasunidos
Frente Popular
Luis Verdesoto
Martha Roldós
Raúl Moscoso
Verónica Albuja

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Diversas organizaciones sociales enviaron hoy a las misiones diplomáticas de la UNASUR en Ecuador una copia de la carta dirigida al presidente Rafael Correa insistiendo en el pedido de derogatoria del Decreto Ejecutivo 16 por ser atentatorio contra el derecho de la libertad de asociación en el Ecuador.

Las organizaciones sociales firmantes de la carta al Presidente consideran indispensable hacer un llamado a la comunidad de la UNASUR -que se reúne mañana en Quito- sobre este Decreto, que es un grave riesgo para la existencia de las organizaciones.  Uno de aquellos riesgos tiene que ver con el carácter discrecional y ambiguo del Decreto, dando poder a un funcionario de Estado de determinar, a su criterio, si una organización cumple o no con los requisitos para su inscripción, o si no contraviene el orden público o las leyes. Esto impide y limita la creación y funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

Cabe señalar que la mencionada disposición presidencial ha merecido observaciones unánimes de todos los organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos.

La carta al Presidente fue entregada hoy en el Palacio de Carondelet y la suscriben las siguientes organizaciones: Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador, Federación de Barrios de Quito, Unión Nacional de Educadores,  Frente de Lucha por Ingreso al Magisterio, Observatorio de Derechos y Justicia, ACDemocracia, Ecuarunari, Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, Fundamedios, Junta Cívica de Guayaquil, entre otras.

Una copia de esta misiva llegó hoy a las embajadas de Brasil, Perú, Colombia, Chile y Uruguay con la finalidad de que la hagan extensiva a los presidentes de sus países.

El próximo 20 de diciembre termina nuevamente el plazo para el registro de las organizaciones como lo establece el Decreto 16. El primer plazo venció el pasado 20 de junio. Días antes de esta fecha, el Presidente expidió una prórroga por seis meses más.

Adjuntamos copia de la carta.

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El Colectivo contra el Decreto 16 presentó este jueves, 24 de julio, el libro “El derecho a reunirnos en paz: El Decreto 16 y las amenazas a la organización social en Ecuador”, un trabajo conjunto entre varias organizaciones que aportaron, desde su experiencia, con análisis sobre la situación del derecho a la libre asociación en el país.

La publicación, editada por Fundamedios, disecciona desde los ámbitos jurídico, sociológico y social los riesgos del Decreto 16, publicado en el Registro Oficial de 20 de junio de 2013 para reglamentar el funcionamiento de las organizaciones sociales. El artículo 7, numeral 10, dispone por ejemplo que: “las organizaciones (…) no podrán negar el ingreso a las personas que tuvieren interés legítimo a participar en ella”.

Organismos nacionales e internacionales han señalado que esta es una clara violación al derecho que tiene toda persona a asociarse libremente con personas de su elección para fines lícitos. Hoy, Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari; Carlos Castellanos, presidente de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cucomitae); Rosana Palacios, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE); y Marita Paz, presidenta de la Junta Cívica de Guayaquil, insistieron en estos riesgos, que están documentados y argumentados en el libro.

Carlos Pérez Guartambel recalcó que el Decreto 16 es un tema político para el control de las organizaciones. Mientras que Delfín Tenesaca, líder indígena, coincidió en que este control también se evidencia en los intentos de dividir las organizaciones. “Un gobierno no puede condicionar los derechos que están inéditos en nuestra naturaleza humana”, dijo Marita Paz.

“También hay mucha silencio y autocensura en la sociedad ecuatoriana. Tenemos la responsabilidad histórica de no callarnos”, expresó César Ricaurte, director de Fundamedios.

El libro cuenta además con artículos de opinión y reportajes de la prensa nacional que explican los alcances del Decreto 16. Asimismo contiene las demandas de inconstitucionalidad que tres organizaciones presentaron ante la Corte Constitucional y aún no tienen respuesta. El libro se completa con pronunciamientos internacionales y el discurso de las organizaciones que acudieron a la CIDH en octubre del 2013 para tratar este tema.

¿Cuáles son las contradicciones de este Decreto con el derecho internacional?, ¿la sociedad civil en el actual Gobierno tiene algún papel?, ¿cómo afecta esta resolución presidencial a movimientos históricos como el indígena? Este libro busca las respuesta a estas preguntas e intenta ser una guía para la defensa de un derecho fundamental como la libertad de asociación.

El libro es gratuito y puede descargarlo aquí

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La consejera Marcela Miranda, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS),  dijo ayer, martes 27 que “hay voluntad política” para revisar las inconsistencias del Decreto 16 señaladas por una docena de organizaciones sociales que acudieron a una reunión de trabajo en el organismo con el fin de pedir la derogatoria de dicho Decreto.

En la cita estuvieron presentes seis de los siete consejeros del CPCCS y al menos cinco se mostraron a favor de atender las demandas de las organizaciones, que consideran al Decreto 16 como inconstitucional y violatorio del derecho de libre asociación.

El Decreto 16 está vigente desde el 20 de junio del 2013. Dispone como causal de disolución de las organizaciones la participación en actividades de política partidista, de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad del Estado o que afecten la paz pública y establece un registro único para todo tipo de organización de la sociedad civil.

Miranda señaló que efectivamente el Decreto 16 es incoherente con el artículo 96 de la Constitución, que reconoce todas las formas de organización de la sociedad. Coincidió con el presidente del CPCCS, Fernando Cedeño, en que la disposición presidencial se confunden los roles de las organizaciones ciudadanas y de las no gubernamentales. “Me parece que hay algunos artículos que hay que analizarlos cotejándolos con la Constitución”, dijo Miranda y se mostró a favor de hacer una mesa de trabajo sobre el Decreto 16 con las organizaciones.

Los consejeros David Rosero y Andrea Rivera reiteraron que las organizaciones de hecho “no pueden ser invisibilizadas por un Decreto”. Y el consejero Hugo Arias se mostró a favor de la movilización de las organizaciones sociales para la derogatoria de esta disposición presidencial y de respaldar un Amicus curiae (cuando un tercero envía sus criterios para que la Corte o Tribunal los considere en su decisión) para agilitar el trámite de las tres demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto que se encuentran en la Corte Constitucional. No se pronunció la consejera Mónica Banegas.

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El 10 de febrero de 2014, la Secretaría de Nacional de Comunicación (SECOM) negó el pedido de réplica solicitado por Fundamedios el pasado 29 de enero, luego de que lo medios estatales El Telégrafo, El Ciudadano y la Agencia Andes publicaran el comunicado de esa cartera de Estado y con notas alusivas sobre las declaraciones realizadas por los directivos de Fundamedios, respecto a que la organización tendrá como su ente regulador a la SECOM, quien es su principal agresora.

La Secom justifica la negativa al indicar que “no hay ninguna información falsa sobre la que tengamos que otorgar réplica (…) además de ser una institución de distinta naturaleza a la de un medio de comunicación”. Cabe recordar que el derecho a la réplica está definida en la misma Ley de Comunicación como: “el derecho que tiene una persona o un colectiva de personas que haya sido directamente aludido a través de un medio de comunicación, de forma que se afecte el derecho a la dignidad, honra o reputación, a replicar esas informaciones.”

En la misma respuesta la Secretaria de Comunicación asegura que no se ha configurado el silencio administrativo solicitado por Fundamedios, respecto al registro de la directiva y nuevos socios de la Organización, al no tener respuesta del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Responsabilizan a la Fundación del retraso de ese trámite administrativo, cuando fueron los funcionarios del MIES, quienes por más de un año y medio aplazaron dicho registro.

Por otro lado, sobre las cadenas nacionales o enlaces en los que hemos sido atacados, la SECOM defiende la difusión de los mismos, argumentando que “si FUNDAMEDIOS ha sido mencionada en alguna cadena informativa o de rendición de cuentas se debe a que su organización emitió información que no se apega a la verdad”.

En realidad, por lo menos en 20 ocasiones se han difundido cadenas nacionales para descalificar y desprestigiar su trabajo, y que al menos en 36 enlaces sabatinos el Presidente de la República ha descalificado a la organización o sus directivos. La SECOM nada dice, además, de las 107 notas que han emitido los medios oficiales entre octubre de 2011 y enero de 2014 para desprestigiar la labor institucional.

Fundamedios solicitó su derecho a la réplica por las siguientes notas: El Telégrafo: “SECOM responde a las acusaciones de Fundamedios” (http://goo.gl/zAedja), Agencia Andes: “La Secretaría de Comunicación de Ecuador refuta rumores difundidos por ONG Fundamedios” (http://goo.gl/H7DvZM) y El Ciudadano difundió el comunicado de prensa de la SECOM  (http://goo.gl/CWwnxs).

Ver pedido de réplica de Fundamedios aquí.

Ver la respuesta de la Secom aquí.

 

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El reciente traspaso del control administrativo a su principal agresor, la SECOM, solo es un hito más en una campaña de constante acoso y persecución hacia Fundamedios por parte del actual Gobierno ecuatoriano.

Por más de un año y medio, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) no permite el registro de la directiva y nuevos socios de Fundamedios lo que claramente es una violación del derecho que tiene toda persona a asociarse libremente con personas de su elección para fines lícitos.

Desde el 09 de octubre de 2012, Fundamedios solicitó al MIES el registro de la directiva y la inclusión de un nuevo socio a la Fundación, sin embargo el Ministerio no ha dado paso a ello escudándose en un sinnúmero de trabas administrativas.

La primera es que no se pudo dar paso al  registro de un nuevo socio puesto que el periodo de la directiva había terminado y que debíamos presentar una auto convocatoria a la Asamblea General. Este pedido fue entregado al Ministerio.

Después de varios meses sin contestación a nuestro trámite, el 10 de mayo de 2013, nuestro abogado mantuvo una reunión con los funcionarios del MIES, donde solicitamos presentar en una sola petición la inclusión del nuevo socio y el registro de la nueva directiva, lo cual fue aceptado pero debía ser ingresado como un nuevo trámite.

El 17 de mayo del año pasado se cumplió con el nuevo requerimiento a la vez que se mantuvo una nueva reunión esta vez con  el Ab. Francisco Puente, quien se encargaba de estos trámites. Él no presentó observaciones a la solicitud realizada.

Un mes después, junio de 2013, el Ministerio con el oficio No. MIES-CZ-9-2013-2479-OF, dando largas a nuestro trámite, solicitó que, a) se adjunte copias de la nómina de socios de la Fundación y b) que se acredite la calidad de periodista del nuevo socio. Solicitud, por demás absurda, puesto que en el primer caso el Ministerio es  la autoridad encargada de llevar el registro de FUNDAMEDIOS y por lo tanto debían tener esa información. Sin embargo, el Ministerio justificó el pedido aduciendo que  los expedientes están incompletos puesto que fueron trasladados a un nuevo archivo y por lo tanto no contaban con esa información. En el segundo caso era aún más absurdo puesto que solicitaban que el nuevo socio justifique su calidad de periodista, citando un artículo de los estatutos que corresponde a los afiliados y no a los socios.

En el mismo mes de junio se mantuvo una reunión con el abogado Francisco Puente para explicarle que nosotros no teníamos una copia de la nómina de los socios actuales puesto que el MIES no da paso al ingreso del nuevo socio por lo que volveríamos a la misma situación por cuanto el MIES tenía los expedientes “incompletos” y no tenía acceso a esa información.

Solicitamos una solución y la segunda semana de agosto, el abogado Puente nos indicó que debíamos entregar  una copia certificada de la última directiva registrada donde conste la salida de la última socia.

El 17 de agosto del mismo año, Fundamedios volvió a ingresar la documentación y hasta el momento no hay respuesta alguna. Conocimos de fuentes extraoficiales que existen órdenes de sus superiores de no dar trámite al registro de la directiva de la Organización.

Apegados a la Ley, el pasado 05 de diciembre, y al no haber pronunciamiento del MIES o haber recibido notificación alguna por parte de esa institución,  ingresamos un último documento donde amparados en el artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado que establece “todo reclamo, solicitud o pedido a una autoridad pública deberá ser resuelto en un término no mayor a quince días, contados a partir de la fecha de su presentación, salvo que una norma legal expresamente señale otro distinto…”  por lo tanto nos acogemos al silencio administrativo que dar por aceptada tácitamente nuestra petición.

Sin embargo, pocos días después, coincidencialmente, el 13 de diciembre, el MIES realiza el traspaso del control administrativo de Fundamedios hacia la SECOM, respondiendo a un “pedido” realizado en agosto del 2013.  Este traspaso de competencias se notifica a los afectados recién un mes después, el 16 de enero, luego de haber presentado al MIES una carta notificando que había transcurrido el tiempo suficiente para que se de paso al silencio administrativo.

Fundamedios ha sido constantemente atacado y descalificado por altos funcionarios del gobierno incluido el presidente Rafael Correa, así como también la utilización de los medios en manos del estado para desprestigiar las denuncias que realiza nuestra organización sobre las violaciones y limitaciones a la libertad de expresión y asociación que sufren los periodistas y ciudadanos del país. Un recuento de estas acciones están en el informe adjunto “El Caso Fundamedios o la construcción de un enemigo público”.

Todos los documentos de este caso aquí.

Government blocks the normal functioning of Fundamedios

The recent transfer of administrative control to the main aggressor, SECOM,(Secretariat of Communication) it’s just another step in the campaign of constant harassment and persecution that the Ecuadorian government performs against Fundamedios

For over a year and a half, the Ministry of Economic and Social Inclusion (MIES) does not allow the registration of the new directors and Fundamedios partners, which clearly means a violation of the free association right, and the right that has every person to freely associate with anyone of their choice, for legal purposes.

Since October 9th  2012, Fundamedios requested to the MIES the registration of the new directors and the inclusion of a new member for the Foundation, but the Ministry chose not to pass the procedure and gave countless excuses and administrative barriers.

The first barrier was the negative for registering the new member. They said that the director’s period was over and that we had to call to the General Assembly. This order was delivered to the Ministry.

After several months without response to our request, on May 10th, 2013, our attorney met with MIES workers, where we requested a single petition and that was the inclusion of the new member and the registration of the new directive, which was accepted but they told us to re enter it as a new process.

On May 17th, 2013 Fundamedios accomplished with the new requirement while we held another meeting.  This time with the Ab. Francisco Puente, who was responsible for these procedures. He did not submit any remarks on the application.

A month later, June 2013, the Ministry, delaying our process, sent us a letter MIES-CZ-9-2013-2479-OF, requesting:  a) copies of the list of members of the Foundation. b) To accredit the title of journalist for the new partner. The first request was totally absurd because the Ministry is the authority responsible for maintaining the register of FUNDAMEDIOS and therefore should have that information. However, the Ministry justified the request, saying that the records were incomplete because they were transferred to a new file and therefore they did not have that information.

The second request was even more absurd because they wanted that the new partner justifies the title of journalist, claiming an article applicable to affiliates and not to partners.

In the month of June we had a meeting with the lawyer Francisco Puente, to explain to him that we did not have a copy of the list of current members since the MIES never qualified the new member. So we went back to the same situation because the MIES had the “incomplete” records and did not have access to that information either.

We ask for a solution and the second week of August, the lawyer Puente told us that we should deliver a certified copy of the last registered directive with the output of the last partner.

On August 17th the same year, Fundamedios, once again, re entered the documentation and yet, there is no response. We know, from extra official sources that there are superior orders to not process, neither the registration of the new member of the Organization, nor its directive.

Attached to the Law, on December 5th and in the absence of any answer from MIES of receiving any notice from the institution, we entered a final document using as an argument the Article 28 of the State Modernization Law which states that “all claim, request or order of a public authority must be resolved within a period not exceeding fifteen days from the date of filing, unless a statute expressly states other different thing “Therefore we applied the administrative silence to give tacitly accepted our request.

However, few days later, coincidentally, on December 13th, the MIES enforce the administrative control transfer of Fundamedios to the SECOM (Secretariat of Communication), responding to a “request” made ​​in August 2013.

This control transfer was notified to us a month later, on January 16th, after having presented a letter to the MIES, notifying them that the time of administrative silence had passed.

Fundamedios has been constantly attacked and disqualified by top government officials including the President Rafael Correa, as well as the governments media outlets, which have discredited our denounces of violations and restrictions on freedom of expression and association against journalists and citizens. A summary of these actions are in the attached report “The Case of Fundamedios or the construction of a public enemy”.

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La Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de Medios, Fundamedios, ha pasado al control administrativo de su principal agresor, la institución del Estado que ha diseñado, producido y ordenado la emisión de una gran operación propagandística en contra de muchos periodistas ecuatorianos y de las instituciones que la defienden, entre las que se cuenta Fundamedios. El pasado viernes 16 de enero, se recibió un oficio firmado por el Coordinador General de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Comunicación (SECOM) notificando que nuestra organización, junto con tres gremios de empresas de comunicación, habían sido “transferidas” a su control.

“Simplemente, se ha puesto nuestra cabeza en bandeja de plata”, señaló el Director Ejecutivo de FUNDAMEDIOS, César Ricaurte- “Demostrando que esta “transferencia, solo marca un paso más en una política de hostigamiento, estigmatización y acoso, pues acto seguido, el día lunes 20 de enero, a primera hora, la SECOM procede a solicitar todos nuestros informes financieros y de auditoría desde la creación de la organización hasta el momento. Debemos señalar que cualquier documento que salga de Fundamedios y sea entregado a la SECOM será utilizado únicamente para alimentar la campaña de construcción del enemigo público que esta secretaría de Estado ha impulsado desde hace más de dos años en contra de nuestra organización”, añadió Ricaurte.

En esta afirmación no hay ninguna especulación, pues hechos de este tipo ya han sucedido en el pasado cuando se ha exhibido informes entregados por Fundamedios al SRI en cadenas nacionales ordenadas por la SECOM para atacar a la organización. Además la política de constante acoso y el intento de construcción de un “enemigo público” no es una ficción. Estos son los hechos:

1. En al menos 20 ocasiones, la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) ha dedicado cadenas para descalificar y desprestigiar la labor de Fundamedios.

2. Entre julio de 2011 y enero de 2014, el Presidente de la República ha mencionado a Fundamedios en al menos 36 enlaces sabatinos, en los cuales nos ha acusado de ser una organización “mala fe”, que miente, que hace política, que tiene “gente de “mentalidad enferma” por defender la libertad de expresión de los ciudadanos por sobre la dignidad de los funcionarios (Enlace Ciudadano No 293); o que “no está para defender la libertad de expresión, sino para defender al gremio y todos sus abusos”, (Enlace Ciudadano No 317), por mencionar algunos ejemplos. Desde el enlace No. 229 (16 de julio de 2011) hasta el enlace No. 357 (18 de enero de 2014), el 37% de veces se ha estigmatizado a Fundamedios o sus directivos, incluyendo, los miembros de su Consejo Asesor o sus socios.

3. De igual manera, los medios de gobierno como Ecuador TV, El Ciudadano, El Telégrafo y Agencia Andes, dirigidos por el propio Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, así como los medios incautados; Gama Tv y Tc Televisión se han hecho eco de estas acusaciones, con la publicación de al menos 107 notas periodísticas, entre octubre de 2011 y enero de 2014. Algunas de ellas, coincidencialmente paralelas a las cadenas que ordena la SECOM, lo que da cuenta de un hostigamiento y descalificación constantes a la organización. Se adjuntan un informe completo y documentos sobre esta campaña sucia.

Pero esta acción del Gobierno ecuatoriano es solo una más de los hechos con los cuales se obstaculiza el trabajo de monitoreo, denuncia y defensa de la libertad de prensa y de expresión en el Ecuador que realiza la organización. Desde hace más de un año y medio, el Ministerio de Inclusión Económica y Social se ha negado a registrar la directiva y el ingresos de nuevos socios a la organización, violando claramente la Constitución, que garantiza el derecho humano fundamental a la libre asociación entre ciudadanos.

Cabe señalar que la SECOM sustenta su pedido de entrega de informes financieros y auditorías, en el Decreto 16, norma infraconstitucional que claramente viola disposiciones constitucionales y principios establecidos en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Este Decreto otorga amplias potestades al Presidente y sus funcionarios para intervenir, incluso físicamente, en una organización, o disolverla por causales tan subjetivas como la “alteración de la paz pública”, como ya sucedió hace pocas semanas con una organización ambientalista. Al respecto, cabe recordar que hay por lo menos tres demandas de inconstitucionalidad en contra del Decreto 16 sin que la Corte Constitucional siquiera las haya admitido a trámite.

El hostigamiento contra Fundamedios inició en noviembre de 2011, días después de la realización de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de la libertad de expresión en Ecuador.

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