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Decreto 16

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¿Qué tienen las organizaciones de la sociedad civil que molestan tanto al poder? Bueno, al menos al saliente, ya que lo registrado en los últimos cuatro años es insólito. La respuesta viene del lado de los cuestionamientos incómodos al poder en ámbitos como respeto a derechos básicos o simples desacuerdos frente a las políticas de Estado.

En 2013 se disolvió a la Fundación Pachamama y en 2016, a la Unión Nacional de Educadores –UNE-. Esto es bien conocido por todos. También se intentó disolver a las ONGs Fundamedios y Acción Ecológica, pero no han sido casos aislados. Cuando Correa firmó los decretos 16 y 739 nos metió gato por liebre: estos supuestamente estaban hechos para organizar mejor al sector civil. Pero no fue así. Estas disoluciones son la punta del iceberg de un mecanismo creado desde el Ejecutivo para controlar, acallar y limitar a las organizaciones de la sociedad civil, vulnerando el derecho fundamental a la libre asociación, incluido en tratados internacionales y en la Constitución.

Las alarmas saltaron por tres causales de disolución incluidas en tales decretos:  desviarse de los fines para los que fueron constituidas; dedicarse a actividades políticas partidistas; y atentar en contra de la seguridad del Estado. Sin embargo, estas no son las únicas instrumentalizadas para tal propósito. A la UNE la disolvieron por “no registrar la directiva”, pese a que lo hizo. Y lo volvió a hacer, y se lo volvieron a negar valiéndose de un sinsentido legal kafkiano.

Estos absurdos no son patrimonio de los procesos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) al ser disueltas. Obtener un dato exacto acerca de cuántas OSC realmente han sido disueltas desde 2013 es como entrar a un laberinto sin salida. Tratar de levantar datos a través del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales –SUIOS- se convierte en una tarea ingrata. Quién diría que fue creado para organizar en una sola plataforma la información y los procesos relacionados a las organizaciones, y que fue la razón de ser de los Decretos 16 y 739:

Decreto-16

 

Según estos decretos/reglamentos, el sistema debía contar con una plataforma de registro de las organizaciones -RUOS por sus siglas- a través de un portal web. El portal existe, sí, y  supuestamente tiene los registros de todas las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Pero cuando uno entra se entera de que no hay criterios de búsqueda, por lo que para determinar cuántas son las organizaciones que se hallan en estatus de “disueltas” habría que hacer una búsqueda manual, siendo que son nada más que 9mil páginas. A cincuenta páginas por día, hagan las cuentas.

Digamos que si algún día lográsemos terminar tal labor, lo lógico sería tener datos fidedignos acerca del número de organizaciones sociales registradas a nivel nacional. Pues no. La investigación realizada por Fundamedios dice lo contrario: la información que arroja el sistema es inexacta y no es de fácil acceso público. Entonces, si los decretos 16 y 739 no han servido para establecer el correcto funcionamiento del SUIOS, como consta en el reglamento, ¿para qué han servido en realidad? ¿Estamos frente a un despropósito?

Para responder esta pregunta primero hay que analizar los datos cotejados para esta investigación. Como ya sabemos, el proceso de obtener datos a través de la plataforma SUIOS pone a prueba la paciencia de cualquiera, y por eso se enviaron oficios solicitando información a varios ministerios y a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, que es la entidad encargada de manejar el sistema de registro. Aquí empiezan las imprecisiones.

Según la información proporcionada por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, al 27 de abril de 2017, el número de organizaciones de la sociedad civil registradas en el SUIOS es de 91.034. No obstante, la cifra arrojada por la plataforma web en una fecha cercana era de 90.148. Casi mil menos. A fecha actual aún no se equiparan esas cifras… y se supone que la información pertenece a la misma plataforma. Que alguien lo explique.

Ministerios-2Fig. 1

En la infografía se observa el número de organizaciones registradas en cada ministerio o secretaría, y hay un apartado para las organizaciones registradas -se sobreentiende- directamente en la plataforma, las cuales estarían en proceso de actualización. Según el reglamento, todas las organizaciones deberían registrarse directamente en la plataforma.  ¿Duplicidad de acciones? Sí. Y recursos desperdiciados, también. El 70% de organizaciones estarían a la cola en el proceso de registro:

Fig.-3Fig. 2

Aunque los datos que proporcionó la Secretaría acerca del número de organizaciones disueltas y liquidadas desde 2013 estuvieron firmados, sellados y sumillados por varios funcionarios que, tras varias llamadas en espera y derivaciones a uno y otro departamento, aseguraron formalmente que estos eran, vamos a tener que olvidarnos de ellos más adelante. Ya entenderán por qué:

Fig.-2

Fig. 3

Cuarenta y ocho organizaciones disueltas por ahora no suena a mucho, más si la mayoría serían disoluciones voluntarias (40), según los acuerdos ministeriales que adjuntó la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. De las cuatro restantes no se conoce la causa de disolución pues “no se dispone el acuerdo ministerial en razón de que el ministerio o secretaría correspondiente actualizó el estado jurídico a disuelta”, según el oficio enviado por dicha cartera.

Es el mismo caso con las organizaciones liquidadas: tres serían  voluntarias, y la última no tendría el acuerdo ministerial, pues “el ministerio o secretaría está en proceso de carga de información al sistema”. Como se aprecia, un sistema bastante efectivo y funcional.

Se trató de rastrear a las organizaciones sin causa conocida de disolución, pero no se obtuvo mayor información que la proporcionada por el SRI. Todas constan con su RUC pasivo y el local registrado como cerrado. Tres de estas organizaciones se dedicaban a actividades de carácter social, una era una asociación de profesores y la última realizaba actividades de enseñanza post universitaria.

En la lista proporcionada por dicha secretaría, no consta ni la UNE ni la fundación Pachamama. Pero, ¿no fueron estas las primeras organizaciones disueltas? ¿Desapareció su registro entre las pilas de archivos ministeriales? Nunca lo sabremos.

Pese a lo engorroso del proceso, en Fundamedios insistimos en hacer un análisis manual de datos al 35% de las organizaciones enlistadas en la página web del RUOS (imposible hacerlo al 100% sin perder la paciencia). Encontramos 27 organizaciones disueltas, la mayoría registradas en el MIES y domiciliadas en la provincia del Guayas. No obstante, solo diez de ellas constan en la lista de organizaciones disueltas enviada por la Secretaría de Gestión de la Política. Se supone que ambos datos salen del mismo SUIOS. Insólito.

Por otro lado, el motivo de disolución no está disponible en la web del sistema, pero existe un antecedente: en julio de 2016 el Ministerio de Educación inició el proceso de disolución de nueve organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la UNE y el Comité Central de Padres de Familia del Colegio Montúfar, ambas con posiciones críticas frente al Gobierno. Salvo la UNE, al resto se las iba a disolver por hallarse supuestamente inactivas.

Estos datos se cotejaron con la lista actualizada de organizaciones disueltas que se solicitó al Ministerio de Educación, y en efecto constan como disueltas ocho de esas nueve organizaciones, menos el Comité de Padres de Familia del Montúfar, que a día de hoy consta en estatus de registrado en la página del RUOS, pero su hoja de registro está vacía y no existe el acuerdo ministerial. En el SRI su estado es pasivo y el estado del establecimiento consta como cerrado, por lo que parecería que tal comité existe y no existe a la vez.

En busca de una respuesta a tanta inconsistencia, conversamos con un funcionario de la Secretaría de Gestión de la Política, quien señaló que la razón principal de disolución de las OSC, además de la voluntaria, es la inactividad o el no haber presentado toda la documentación requerida para su registro o actualización. Pero, como ya imaginábamos, no hay información total levantada al respecto.

La mayor respuesta a estos misterios numéricos vino de coincidencia, cuando una funcionaria del Ministerio de Agricultura -MAGAP- comentó que el SUIOS no funciona adecuadamente, y que desde la aplicación del decreto 16, los trámites y requisitos para el registro de las organizaciones de la sociedad civil se volvieron una traba.

“La funcionalidad del SUIOS era importante en el Decreto 16, pero con el 739 le quitaron importancia al sistema. Antes era requisito que las organizaciones se registren en él, pero por las complicaciones que hubo, en una reunión se llegó a un acuerdo en el que cada ministerio se comprometía a subir en el sistema la información de las organizaciones que se registren en cada entidad”, explicó.

Pero esto no quedó ahí. La misma funcionaria fue más allá y de plano dio a entender que la plataforma SUIOS es un fracaso. En el ministerio en el que labora, por ejemplo, no se ha dado seguimiento a la actualización del sistema. “No ha habido el interés ni se ha puesto empeño en ello”, agregó de la forma más tranquila. Lo curioso, por decir lo menos, es que tal Ministerio desarrolló su propio sistema, el Registro de Organizaciones del Multisector –ROM-, que pese a tener un registro completo de las organizaciones inactivas, no posee datos consolidados acerca de las organizaciones disueltas por el MAGAP. ¿Un sistema paralelo? Más recursos públicos.

El MAGAP fue uno de los seis ministerios a los que se solicitó información acerca de las organizaciones registradas y disueltas, de los cuales solo tres respondieron con la información completa. El resto o acudió a leguleyadas para no dar la información, o simplemente declaró no tenerla levantada.

Ahora sí, veamos por qué debíamos olvidarnos de las 44 organizaciones disueltas que nos había dicho la Secretaría de Gestión de la Política. Son muchas más:

Cifras-Ministerios (1)Fig. 4

Si se hace una comparación entre los datos de la Fig. 1 proporcionados por la Secretaría de Gestión de la Política y los datos de la Fig. 4, claramente se aprecia que las cifras no coinciden ni en el número de organizaciones registradas, ni en el número de disueltas. Respecto a esto último, sólo en los tres ministerios que respondieron a la petición de información, la cifra total (445) es diez veces mayor a la proporcionada por el SUIOS (44).

¿Más explicaciones? Según el funcionario de la Secretaría de la Gestión de la Política que consultamos para esta investigación, la diferencia entre los datos subidos al SUIOS y los que poseen los ministerios es porque, en efecto, cada ministerio está encargado de actualizar esta información y que se demoran en hacerlo… si es que lo hacen. Recordemos lo dicho por la funcionaria del MAGAP.

Ahora, vamos a lo preocupante. Si tanto el decreto 16 como el 739 fueron creados para crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales (de hecho, así se llama dicho reglamento), y este claramente no cumple su objetivo, ¿para qué se busca convertirlo en ley? En la entrega anterior de este reportaje se consultaron varios expertos que coincidieron en que se trata de una ley que busca limitar, perseguir y anular a las organizaciones de la sociedad civil, pese a que su propósito inicial era el de organizar un sistema que a las claras mal funciona.

Como se mencionó anteriormente, la funcionaria del MAGAP consultada reveló que los procesos y requisitos impuestos por los decretos 16 y 739 se volvieron tan engorrosos e imposibles para el registro y funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, que ellos simplemente decidieron pasarlos por alto y crear su propio sistema, lo cual suena absurdo por donde se lo mire.

Con todo los datos analizados, podemos concluir que, si de las aproximadamente 90mil organizaciones registradas en el SUIOS, la mayoría están en proceso de registro y son solo 18mil las realmente registradas, y de ellas, hay que determinar las que están en estado activo (solo en el MAGAP hay más de 1.900 inactivas), la cifra de 445 organizaciones disueltas cobra gran relevancia, y eso que solo pertenecen a 3 de los 28 ministerios en los que se registran las OSC.

Estaríamos entonces frente a dos decretos que hoy están próximos a convertirse en el Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, los cuales básicamente han desvirtuado su supuesta razón de ser original para convertirse en un mecanismo de disolución de organizaciones de la sociedad civil, ya que, como pudimos constatar, es lo único que realmente funciona y se aplica de tales reglamentos.

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libertad de asociacion en jaque

“Tenemos en nuestro país una sociedad civil muy vibrante y grande. Tenemos más de 90mil organizaciones registradas. Y a veces -yo que como canciller viajó de un espacio multilateral a otro- vemos siempre las tres o cuatro mismas organizaciones de la sociedad civil financiadas por países, que expresan las mismas quejas que luego se exponen de manera sistemática en espacios como este”. Estas eran las palabras del Canciller Guillaume Long, el pasado 1 de Mayo, durante el Examen Periódico Universal (EPU) que realiza cada 5 años la ONU a los países miembros para determinar la situación de los DDHH en cada nación.

Durante dicho examen, el Ecuador recibió recomendaciones de 27 países en temas como derecho a la protesta social, independencia de la justicia, libertad de expresión y libertad de asociación. Respecto a este último tópico, fueron 16 las naciones que hicieron referencia a la vulneración de ese derecho básico, y en específico, varias se refirieron a los Decretos Presidenciales 16 y 739, los cuales fueron creados para registrar y regular el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. En este aspecto, no fueron aceptadas por el Ecuador las recomendaciones de cuatro países (Bélgica, Costa Rica, EEUU y República Checa) que abogaban por la libertad de asociación y por la revisión o derogación de tales decretos.

Infografía 27 países-01

Ello porque los decretos en cuestión contemplan, entre otras causales, la disolución de las organizaciones por “desviarse de los fines para los que fueron constituidas” y por “dedicarse a actividades de política partidista, actividades que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o que afecten la paz pública”, lo cual contraviene el derecho fundamental de la  libre asociación contemplado en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros tratados internacionales.

Pero, ¿qué hay detrás de todo este cercamiento y blindaje legal a las organizaciones de la sociedad civil? Y, además, ¿cuáles son los riesgos de que dichos decretos sean transformados en ley, como se pretende hacer con el Proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social que acaba de aprobarse para ser debatido en la Asamblea?

Empecemos por partes. Según información del SUIOS (Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales) en efecto existen más de 90 mil organizaciones de la sociedad civil registradas en el RUOS, es decir, el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil. Al momento, para ser exactos, 90.566 y dicha cifra va en aumento constantemente. Por ejemplo, a fecha del 18 de abril, el número registrado en la página del RUOS era de 90.148.

De este número de organizaciones, la mayoría están en estatus de registradas y el resto constan como activas, disueltas o liquidadas. Según información publicada en diario El Comercio en marzo pasado, serían 26.081 las organizaciones registradas en el SUIOS  y el resto estarían en proceso de registro. Esta información no ha podido ser refrendada por Fundamedios, pues, pese a haberse solicitado por varios medios y haber enviado oficios a la Secretaría de Gestión de la Política, que es en donde se registran todas las organizaciones, no recibimos respuesta alguna, lo cual contraviene el derecho al acceso a la información pública contemplado en la Constitución y en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por otro lado, información proporcionada por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil (CEOSC) recoge que en el país existirían 46mil organizaciones, dato proporcionado por comunicados oficiales desde el Estado, según indicó la CEOSC. No obstante, a decir de Galo Toapanta, comunicador de tal organismo, este dato no lo pueden verificar, pero la referencia que pueden proporcionar es las cerca de 2000 organizaciones que lograron mapear: “muchas de estas requieren de una comprobación. Luego de una verificación una por una, tenemos un mapeo de cerca de 400 organizaciones”. Por otro lado, son 64 las organizaciones miembros de la CEOSC a nivel nacional.

Pese a que en la página web del RUOS está subido el registro y el acuerdo ministerial (no en todos los casos) de cada una de las 90mil organizaciones registradas, incluyendo su objetivo principal y su ámbito de acción, no existe un mapeo general de qué tipo de actividad realizan y es imposible determinar si son partícipes activas del ámbito público y social. Por ello, es impreciso asegurar que aquellas organizaciones representan en su totalidad a una “vibrante y grande sociedad civil”.

Respecto a eso, Ivonne Yánez, miembro de Acción Ecológica y una de las personas que elaboró uno de los informes sobre libertad de asociación presentado a los países miembros de la ONU para el EPU, opina que “efectivamente podría haber un número elevado de organizaciones de la sociedad civil, pero muchas de ellas tienen solamente un nombre o pueden ser simplemente asociaciones de padres de familia, por ejemplo. Digamos que, probablemente, en términos de cantidad sí es elevado, sin embargo, el que sea vibrante y que efectivamente tenga las mejores condiciones posibles para poder trabajar, es otra cosa”.

Con ello coincide Mauricio Alarcón, ‎director (E) de Fundamedios, quien cree que la sociedad civil siempre ha sido grande, “como tercer sector ha sido uno de los elementos fundamentales del país; lo que cuestionaría es el término de vibrante, pues justamente la política del Gobierno respecto de la sociedad civil ha creado un sistema de premios y castigos que a muchas organizaciones ha silenciado, a algunas ha anulado y a otras que han logrado sobrevivir, se les ha estigmatizado, perseguido y hostigado como ha ocurrido en los últimos años”.

¿Se trata de las cuatro organizaciones de siempre?

Aunque la posición oficial del gobierno acusa de hacer un lobbying parcializado a un grupo reducido de organizaciones de la sociedad civil en el marco del EPU, lo cierto es que es imposible trazar una línea de proporcionalidad entre las más de 90mil organizaciones que constan en el RUOS y las que se dedican a la defensa y promoción de los DDHH, pues, como se dijo anteriormente, además de la inexactitud de aquellos datos, muchas de esas organizaciones registradas tienen actividades que distan de tener una incidencia en la esfera pública y social en el tema de derechos.

Según Alexandra Almeida, directora de Acción Ecológica, no es cierto que simplemente se trate de tres o cuatro organizaciones: “ha existido una amplia participación para hacer estos informes sombra que incluso se hicieron individualmente y también en conjunto, dependiendo de los temas. También en el cabildeo que se hizo en embajadas esta vez hubo muchas más organizaciones participando”.

Según la información oficial del EPU, las organizaciones de la sociedad civil presentaron 47 informes, 26 de los cuales fueron realizados por coaliciones de varias entidades en temas diversos como derechos sexuales y reproductivos, derechos de niños, niñas y adolescentes, diversidad sexual, género, medioambiente, derechos territoriales, reunión pacífica, entre otros; además de los ya mencionados: derecho a la protesta social, independencia de la justicia, libertad de expresión y libertad de asociación. Esto en contraste con los 19 informes que se presentaron durante la evaluación anterior en 2012, por lo que la participación de la sociedad civil se incrementó este año en más del doble.

Infografía informes-02

Es por ello que Mauricio Alarcón considera que los dichos del canciller denotan “una terrible ignorancia, pues ni siquiera se ha tomado el tiempo de leer los informes que presentó la sociedad civil”. También explicó que en ellos “se abordan todos los derechos fundamentales, no únicamente dos o tres temas, y precisamente de ahí parten los cuestionamientos”.

Con ello coincide Ivonne Yánez, y resalta que los países realizan sus recomendaciones a través de serias investigaciones, por lo cual considera “una grosería del canciller Long decir que los países se limitan a tomar esos informes”. También explica que los mismos se realizan de forma individual y luego colectiva con varias organizaciones en diversos temas. Posteriormente algunas organizaciones de derechos humanos hicieron un trabajo de incidencia ante las embajadas, y también se hizo  una visita en los períodos de apreciación en el mes de abril en Ginebra, previo al Examen Periódico Universal.

Una de las agrupaciones de la sociedad civil que presentó un informe conjunto para el EPU fue la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en el Ecuador, misma que agrupa a 25 organizaciones de diversa índole, como la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos -AEDEP-, el Colectivo YASUNIDOS, la Confederación Mujeres por el Cambio, la ECUARUNARI, la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador –CUCOMITAE-, la Federación de Médicos del Ecuador, la Fundación DESAFÍO, entre otras, cuyo informe incluye el análisis de la situación de ocho derechos básicos en el país.

De acuerdo a la información incluida en el resumen de los comunicados de las 50 partes interesadas para el EPU Ecuador, serían más de 80 organizaciones de la sociedad civil las que presentaron informes en el marco de dicho examen.

¿Cuál es el riesgo de que los decretos 16 y 739 se conviertan en Ley?

Que la posición oficial deslegitime a las organizaciones que denuncian las violaciones de derechos básicos es bastante decidor respecto al derecho que justamente se está vulnerando con la aplicación de tales decretos: el de la libre asociación. Es por ello que varias organizaciones denunciaron la situación en la coyuntura del Proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, que precisamente acaba de entrar a la Asamblea mediante avocación de conocimiento de la Comisión de Participación Ciudadana para su posterior primer debate.

Ello pese a la acción de protección en contra del trámite de dicho proyecto presentada en abril por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la cual fue denegada.

Este proyecto busca, entre otras cosas, convertir en ley a los Decretos 16 y 739, con lo cual, según Juan Auz, abogado de la organización Terra Mater, “se perdería el principal argumento que tenemos desde la sociedad civil para rechazarlos, que consiste en que se está regulando un derecho fundamental -el de la libre asociación- mediante una norma de jerarquía menor, entonces eso viola el principio de legalidad”.

De hecho, esa es una de las mayores críticas de los organismos internacionales, tal como se recoge en el Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, A/HRC/20/27, de 2012, que en su párrafo 16 dice que “toda restricción (a derechos fundamentales) debe… estar prescrita por la ley, lo que implica que la ley debe ser accesible y estar formulada con la suficiente precisión”. Asimismo, el Segundo Informe de la CIDH sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, de 2011, señala que “las restricciones a la libertad de asociación sólo serán válidas si han sido establecidas por ley (mediante una decisión del Parlamento o una norma no escrita equivalente del common law) y no son permisibles si se establecen por decreto de gobierno o mediante otro tipo de decisión administrativa”.

“Cuando elevas un decreto a ley orgánica, ya tienes la legitimidad y la legalidad; además de que es más difícil derogar una ley que un decreto, de hecho, un nuevo gobierno puede derogar un decreto pero no una ley”, explica Auz.

Alexandra Almeida por su parte, cree que el proyecto de ley “es nefasto, dado que eso da pie a que se cierren otras organizaciones”. Cree además que es una “violación total a los derechos que tenemos como ciudadanos y también para las organizaciones”. En ese sentido, Mauricio Alarcón expresa que “si no hubiera la intención de seguir controlando a las organizaciones a través de restricciones, ¿por qué elevar a categoría de ley una norma que, dicho por los relatores, no cumple con los estándares internacionales? Pues para dejar un blindaje que sea una suerte de amenaza a ciertas organizaciones, para que el nuevo gobierno la aplique quizá de manera selectiva”.

Según Marcelo Espinel, Director de Proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, “es necesario que las organizaciones de la sociedad civil planteen ante los legisladores que el proyecto no cumple con los estándares internacionales y que el informe que debería emitir la comisión encargada es su inmediato archivo”.

Una de las críticas respecto al incumplimiento de los estándares internacionales es que el hoy proyecto de ley contempla causales de disolución que son poco claras y se prestan a interpretación discrecional. Según el informe emitido por el Comité de DDHH de la ONU en junio pasado, “al Comité le preocupa la información de que la legislación del Estado parte contiene disposiciones que permiten disolver organizaciones sociales que cuenten con personería jurídica, con base en causales que podrían resultar muy amplias o ambiguas”.

Para Ivonne Yánez, las causales de disolución “no son sólo subjetivas sino que están a discrecionalidad de los funcionarios públicos que son los que deciden cuándo las organizaciones están cumpliendo con sus objetivos, o cuando se pone en riesgo la seguridad del Estado. Lo que buscan es amedrentar a las organizaciones, evitar que se denuncie las posibles violaciones a derechos, cuando en realidad ese es nuestro trabajo”.

Desde 2013, año en el que fue aprobado el Decreto 16, se han disuelto dos organizaciones de manera arbitraria y polémica basándose en tales disposiciones: la Fundación Pachamama y la Unión Nacional de Educadores UNE. La primera acusada de atentar en contra de la seguridad interna del Estado y la paz pública, y la segunda por supuesto incumplimiento del registro de su directiva.

Otras dos organizaciones que también estuvieron a punto de ser disueltas por la aplicación de dicho decreto fueron Fundamedios, por supuestamente alejarse de sus fines estatutarios al evidenciar posiciones de carácter político;  y Acción Ecológica, la más reciente, por desviarse de los fines para los cuales fue constituida, y por supuestamente atentar contra la seguridad interna del Estado y afectar a la paz pública.  

No obstante, estas cuatro organizaciones no son las únicas disueltas o amenazadas por la aplicación de tales decretos. En una próxima entrega Fundamedios presentará una investigación sobre cuántas organizaciones de la sociedad civil realmente han sido disueltas en el país.


 

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El pasado 4 de agosto de 2015 el presidente de la República expidió el Decreto Ejecutivo No. 739 que reforma y codifica el Decreto No. 16, vigente desde junio de 2013, que contiene el denominado Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, y que regula el derecho constitucional de los ciudadanos a asociarse en forma libre y voluntaria, así como el funcionamiento de todas las formas de organización de la sociedad civil.

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Gestión de la Política, ha afirmado que las reformas tienen como fin homologar los requisitos de funcionamiento de las organizaciones sociales y ciudadanas, y son consecuencia de acuerdos alcanzados en el proceso de diálogo que han impulsado.

Las organizaciones que suscriben el presente comunicado señalan enfáticamente que este nuevo Decreto mantiene las restricciones y las amenazas a la libertad de asociación de los ciudadanos, partiendo de la abierta violación a los artículos 132 y 133 de la Constitución de la República que consagran los principios de legalidad y de reserva de ley para regular el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales. Se mantienen las causales ambiguas de disolución de las organizaciones, así como el procedimiento de disolución controvertida, en abierta violación a los principios y estándares internacionales, que sobre la libertad de asociación, han emitido los principales organismos internacionales y relatorías especiales de los sistemas de protección de derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que los Estados tienen facultad para reglamentar la inscripción, vigilancia y control de organizaciones dentro de sus jurisdicciones, pero que “deben asegurar que los requisitos legales no impidan, retrasen o limiten la creación o funcionamiento de estas organizaciones”.

Así también Maina Kiai, relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, ha insistido en la necesidad de asegurar la existencia de un ambiente propicio para la sociedad civil, que permita el libre ejercicio de los derechos de asociación y reunión pacífica, y que el Estado tiene una obligación positiva de llevar a cabo medidas eficaces para hacer efectivo el disfrute de estos derechos. En más de una ocasión ha hecho hincapié en los artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Ecuador ratificó y se comprometió a respetar y a garantizar el 6 de marzo de 1969, y que garantizan los derechos de reunión pacífica y asociación.

Por estas consideraciones, quienes suscriben este comunicado exigen la derogatoria de los Decretos Ejecutivos 16 y 739. Además varias organizaciones presentarán nuevos argumentos jurídicos respecto del Decreto Ejecutivo No. 739 y dentro del trámite de las acciones de inconstitucionalidad que, desde agosto de 2013, se presentaron ante la Corte Constitucional, sin que hasta el momento haya resultado alguno.

Suscriben las siguientes organizaciones:

  1. Ecuarunari
  2. Corporación Participación Ciudadana
  3. Federación Nacional de Periodistas
  4. Federación Médica Ecuatoriana
  5. Federación de Barrios de Quito
  6. Junta Cívica de Guayaquil
  7. Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cucomitae)
  8. Centro sobre Derecho y Sociedad (CIDES)
  9. Red de Mujeres Políticas del Ecuador (REMPE)
  10. ACDemocracia
  11. Acción Ecológica
  12. Fundamedios
  13. Fundación Ciudadanía y Desarrollo
  14. Internacional de Servicios Públicos, ISP – Ecuador

Suscriben los siguientes ciudadanos:

  1. Nelson Reascos
  2. David Rosero
  3. Martha Roldós
  4. Mauricio Alarcón Salvador
  5. Jaime Vintimilla
  6. Patricio Camacho

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LAS ORGANIZACIONES SOCIALES REUNIDAS EN EL COLECTIVO POR LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES Y LOS DERECHOS SEÑALAN GRAVES PROBLEMAS EN EL APRESURADO SISTEMA DE REGISTRO QUE SE PUSO EN MARCHA BAJO EL DECRETO 16

 

  
Miércoles, 24 de diciembre de 2014

 

Las organizaciones sociales, profesionales y ciudadanos autoconvocados en el Colectivo por la Defensa de las Libertades y Derechos Fundamentales expresamos lo siguiente:

 

1. Las entidades no gubernamentales y los sectores sociales que denunciamos la violación de derechos fundamentales que representa el Decreto 16 consideramos que la re-inscripción automática realizada por Secretaría de Gestión de la Política fue inconsulta e incluso arbitraria con 46.000 organizaciones de derecho del país amenazadas con su desaparición legal ante la entrada en vigencia del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS) y que no soluciona los problemas de fondo que plantea el Decreto 16 a la organización social en el Ecuador.

 

2. Así, la situación de miles de organizaciones de base, comunas, comunidades, gremios, sindicatos, parcialidades, barrios, recintos, comités de pequeños comerciantes y otras formas de organización de la sociedad civil milenarias, constituidas de hecho o que están en situación irregular, al no poder registrar estatutos o directivas por negligencia de las mismas entidades del Estado han sido puestas al borde de la ilegalidad por no constar en el SUIOS, lo cual es una situación muy grave.

 

3. El Colectivo señala que si bien el Decreto 16 solo debía regular a las organizaciones sin fines de lucro, en el SUIOS se ha registrado a organizaciones con fines de lucro y que nada tienen que ver con el mencionado Decreto 16, como cajas comunales, cooperativas, etc. El Sistema puesto en operación por la Secretaría de Gestión Política de la Presidencia estás lejos de ser veraz y confiable, pero además se ha podido comprobar que tampoco contiene información fiable o actualizada de las organizaciones.

 

4. Tantos problemas en la plataforma parece ser fruto del apuro y la improvisación. No quisiéramos pensar que la vigencia del Sistema de esta forma no es más que una trampa para que después se cierre una tenaza sobre las organizaciones, incluso aquellas reconocidas en el SUIOS, a pretexto de la verificación de datos.

 

5. Tampoco existe ninguna garantía de que el SUIOS tal como ha sido puesto en operación garantice el derecho de privacidad de las personas establecidos en la Constitución y las leyes y que al final nuestros datos sean proclives a ser manipulados por cualquier persona o entidad pública o privada.

 

6. Las organizaciones de este Colectivo volvemos a insistir ante el Ejecutivo por la derogatoria del Decreto Ejecutivo No. 16, ante la negligencia e ineficiencia de la Corte Constitucional en la protección de los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Lo hacemos fundamentados en que el Decreto 16 atenta contra el derecho que tiene toda persona a asociarse libremente para fines lícitos, sanciona el ejercicio de un derecho fundamental y transgrede el principio de legalidad, dado que se estaría juzgando y sancionando a las personas por actos u omisiones que nos están tipificadas en una ley.

 

7. El Decreto 16 pretende regular un derecho constitucional, contraviniendo claramente lo establecido en el numeral primero del artículo No. 132 de la Constitución de la República en el cual claramente se manifiesta el principio de reserva de ley, que significa que solo la Asamblea Nacional, a través de una Ley Orgánica, puede regular derechos humanos fundamentales, como es el caso de la libertad de asociación y de reunión con fines pacíficos.

 

8. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que los Estados tienen facultad para reglamentar la inscripción, vigilancia y control de organizaciones dentro de sus jurisdicciones”, pero que ellos “deben asegurar que los requisitos legales no impidan, retrasen o limiten la creación o funcionamiento de estas organizaciones”. Una publicación reciente de la CIDH que cataloga los estándares interamericanos en la libertad de asociación señala que el procedimiento para registrar una OSC “debe traducirse en un efecto declarativo y no constitutivo” y, ser de naturaleza “rápida, exigiendo solamente los documentos necesarios para obtener la información adecuada a los fines del mismo”. Todo solicitante negado además debe tener acceso a “un recurso adecuado y efectivo sustanciado de conformidad con las reglas del debido proceso, que permita impugnar cualquier resolución […] ante una autoridad independiente de la que estableció la restricción”.

 

9. Recordamos también que la Constitución prohíbe expresamente la regresividad en los derechos. Estos, según la Carta Magna deben ser progresivos, deben ampliarse. Cualquier restricción que se pretenda, significaría reformas constitucionales que solo se podrían aprobar vía Asamblea Constituyente.

 

10. Por todo ello, las organizaciones rechazamos la inscripción forzada y arbitraria al que hemos sido sometidos. Reiteramos nuestra posición desde el ejercicio del derecho a la resistencia, establecido en la Constitución, e insistimos en la derogatoria del Decreto 16.

 

Firman:LAS ORGANIZACIONES, PROFESIONALES Y CIUDADANOS

 

  • Ecuarunari
  • Cucomitae
  • Federación de Barrios de Quito
  • Observatorio de Derechos y Justicia
  • Red de mujeres políticas (Rempe)
  • ISP-Ecuador
  • Unión Nacional de Educadores
  • Junta Cívica de Guayaquil
  • Fundamedios
  • Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador
  • Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo
  • Plataforma Nacional por los derechos de las Mujeres
  • Colectivo NOSOTRAS
  • AROG
  • AEDEP
  • Centro de Investigación y Desarrollo Estratégico (CIDES)
  • Corporación Participación Ciudadana
  • Luis Verdesoto
  • Martha Roldós

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COMUNICADO 


LAS ORGANIZACIONES SOCIALES REUNIDAS EN EL COLECTIVO POR LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES Y LOS DERECHOS DEMANDAMOS QUE LA CORTE CONSTITUCIONAL ADOPTE MEDIDAS CAUTELARES URGENTES FRENTE AL DECRETO 16


Frente al vencimiento del plazo que el Gobierno ecuatoriano estableció hace 180 días para organizar el Sistema Unificado de Información de las organizaciones Sociales (SUIOS), que se propone en el Decreto 16, las organizaciones sociales, profesionales y ciudadanos autoconvocados en el Colectivo por la Defensa de las Libertades y Derechos Fundamentales considerando que:


1. El Decreto Ejecutivo No. 16 atenta no solo contra el derecho que tiene toda persona a asociarse libremente para fines lícitos, sino que al sancionar el ejercicio de un derecho fundamental, se transgrede el principio de legalidad, pues se estaría juzgando y sancionando a las personas por actos u omisiones que nos están tipificadas en una ley. Además, este decreto pretende regular un derecho constitucional, contraviniendo claramente lo establecido en el numeral primero del artículo No. 132 de la Constitución de la República en el cual claramente se manifiesta el principio de reserva de ley.


2. El Decreto no garantiza el derecho al debido proceso y protección judicial establecido en el artículo No. 76 de la Constitución de la República así como, los artículos No. 8 y No. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos puesto que, el Sistema Unificado de Información de las organizaciones Sociales (SUIOS), que se propone en el Decreto, no establece requisitos precisos y no incorpora el derecho de apelación ante una autoridad independiente. Una clara muestra de esto constituye lo ya sucedido con la Fundación Pachamama en la cual se evidenció una clara situación de indefensión y el establecimiento sanciones exageradas y desproporcionadas.


3. El mencionado Decreto además es ampliamente discrecional y ambiguo, dando poder a un funcionario de Estado de determinar, a su criterio, si una organización cumple o no con los requisitos para su inscripción, o si no contraviene el orden público o las leyes. Esto impide y limita la creación y funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.


4. La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que los Estados tienen facultad para reglamentar la inscripción, vigilancia y control de organizaciones dentro de sus jurisdicciones”, pero que ellos “deben asegurar que los requisitos legales no impidan, retrasen o limiten la creación o funcionamiento de estas organizaciones”. Una publicación reciente de la CIDH que cataloga los estándares interamericanos en la libertad de asociación señala que el procedimiento para registrar una OSC “debe traducirse en un efecto declarativo y no constitutivo” y, ser de naturaleza “rápida, exigiendo solamente los documentos necesarios para obtener la información adecuada a los fines del mismo”. Todo solicitante negado además debe tener acceso a “un recurso adecuado y efectivo sustanciado de conformidad con las reglas del debido proceso, que permita impugnar cualquier resolución [. ..] ante una autoridad independiente de la que estableció la restricción”.


5. Recordamos también que las restricciones a la libertad de asociación deben ser “prescritas por la ley”, lo que significa que “cuentan con una base jurídica y son lo suficientemente precisas para que una persona u ONG pueda evaluar si la conducta deseada o propuesta podría constituir una violación, al igual que las consecuencias que podría tener tal conducta. El grado de precisión que se requiere es tal que establece criterios claros para regir el ejercicio de la autoridad discrecional”.


Por estas razones, resolvemos:


1. Reiterar ante el país, las autoridades de Gobierno y a la Corte Constitucional que el Decreto 16 atenta contra la Constitución y los instrumentos internacionales de DDHH. La Corte Constitucional debe salir del letargo en el cual ha sumido las causas relacionadas al Decreto 16 y resolver las demandas de inconstitucionalidad presentadas.


2. Respaldar la declaratoria de desobediencia civil de la Ecuarunari y advertir que estaremos alertas ante cualquier intento de aplicar el D16 contra las organizaciones sociales del país.


3. Rechazar por las represalias contra la CONAIE y expresar la solidaridad con una de las organizaciones históricas des luchas de los movimientos sociales en el país.


4. Expresar la preocupación por los últimos hechos que pueden considerarse parte de una escalada en contra de la organización social en el Ecuador: el asesinato  del líder anti minero José Tendetza, el impedimento para que la Caravana Ambiental circule libremente por el Ecuador, los obstáculos para que los grupos ambientalistas puedan reunirse con parlamentarios alemanes en el territorio ecuatoriano, la sentencia en contra de Pepe Acacho, entre otras.


5. Exigimos a la Corte Constitucional el tratamiento sin más demoras de las demandas de inconstitucionalidad presentadas por diversas organizaciones y la adopción urgente de medidas cautelares que suspenda la vigencia del Decreto 16 ante la urgencia y el daño irreparable que se puede causar a la organización social en el país.


6. Rechazamos las cartas de respuesta que la Dirección Jurídica de la Presidencia ha realizado a las cartas que las organizaciones de la sociedad civil hemos presentado al Presidente de la República pidiendo la derogatoria del Decreto 16, pues no contiene ningún sustento legal y menos de protección de derechos válido.


7. Pedimos que el Gobierno ecuatoriano entregue la información solicitada por los Relatores de los sistemas mundial e interamericano de protección de Derechos Humanos sobre la vigencia del Decreto 16 y que se acepten los estándares internacionales que recomiendas que el Derecho humano fundamental a la libre asociación solo debe ser regulado por Ley sometida a la discusión parlamentaria y debe construirse de forma incluyente en consultas con la sociedad civil organizada.


Dado en Quito, 17 de diciembre de 2014


Firman:


LAS ORGANZACIONES, PROFESIONALES Y CIUDADANOS


Ecuarunari
Cucomitae
Federación de Barrios de Quito
Observatorio de Derechos y Justicia
La red de mujeres políticas (Rempe)
ISP-Ecuador
Unión Nacional de Educadores
Junta Cívica de Guayaquil
Fundamedios
Acción Nacional Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo – Plataforma Nacional de las Mujeres
Arog
AEDEP
Centro de Investigación y Desarrollo Estratégico (CIDES)
Corporación Participación Ciudadana
Federación Nacional de Periodistas del Ecuador
Yasunidos
Frente Popular
Luis Verdesoto
Martha Roldós
Raúl Moscoso
Verónica Albuja

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Diversas organizaciones sociales enviaron hoy a las misiones diplomáticas de la UNASUR en Ecuador una copia de la carta dirigida al presidente Rafael Correa insistiendo en el pedido de derogatoria del Decreto Ejecutivo 16 por ser atentatorio contra el derecho de la libertad de asociación en el Ecuador.

Las organizaciones sociales firmantes de la carta al Presidente consideran indispensable hacer un llamado a la comunidad de la UNASUR -que se reúne mañana en Quito- sobre este Decreto, que es un grave riesgo para la existencia de las organizaciones.  Uno de aquellos riesgos tiene que ver con el carácter discrecional y ambiguo del Decreto, dando poder a un funcionario de Estado de determinar, a su criterio, si una organización cumple o no con los requisitos para su inscripción, o si no contraviene el orden público o las leyes. Esto impide y limita la creación y funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

Cabe señalar que la mencionada disposición presidencial ha merecido observaciones unánimes de todos los organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos.

La carta al Presidente fue entregada hoy en el Palacio de Carondelet y la suscriben las siguientes organizaciones: Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador, Federación de Barrios de Quito, Unión Nacional de Educadores,  Frente de Lucha por Ingreso al Magisterio, Observatorio de Derechos y Justicia, ACDemocracia, Ecuarunari, Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, Fundamedios, Junta Cívica de Guayaquil, entre otras.

Una copia de esta misiva llegó hoy a las embajadas de Brasil, Perú, Colombia, Chile y Uruguay con la finalidad de que la hagan extensiva a los presidentes de sus países.

El próximo 20 de diciembre termina nuevamente el plazo para el registro de las organizaciones como lo establece el Decreto 16. El primer plazo venció el pasado 20 de junio. Días antes de esta fecha, el Presidente expidió una prórroga por seis meses más.

Adjuntamos copia de la carta.

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El Colectivo contra el Decreto 16 presentó este jueves, 24 de julio, el libro “El derecho a reunirnos en paz: El Decreto 16 y las amenazas a la organización social en Ecuador”, un trabajo conjunto entre varias organizaciones que aportaron, desde su experiencia, con análisis sobre la situación del derecho a la libre asociación en el país.

La publicación, editada por Fundamedios, disecciona desde los ámbitos jurídico, sociológico y social los riesgos del Decreto 16, publicado en el Registro Oficial de 20 de junio de 2013 para reglamentar el funcionamiento de las organizaciones sociales. El artículo 7, numeral 10, dispone por ejemplo que: “las organizaciones (…) no podrán negar el ingreso a las personas que tuvieren interés legítimo a participar en ella”.

Organismos nacionales e internacionales han señalado que esta es una clara violación al derecho que tiene toda persona a asociarse libremente con personas de su elección para fines lícitos. Hoy, Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari; Carlos Castellanos, presidente de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cucomitae); Rosana Palacios, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE); y Marita Paz, presidenta de la Junta Cívica de Guayaquil, insistieron en estos riesgos, que están documentados y argumentados en el libro.

Carlos Pérez Guartambel recalcó que el Decreto 16 es un tema político para el control de las organizaciones. Mientras que Delfín Tenesaca, líder indígena, coincidió en que este control también se evidencia en los intentos de dividir las organizaciones. “Un gobierno no puede condicionar los derechos que están inéditos en nuestra naturaleza humana”, dijo Marita Paz.

“También hay mucha silencio y autocensura en la sociedad ecuatoriana. Tenemos la responsabilidad histórica de no callarnos”, expresó César Ricaurte, director de Fundamedios.

El libro cuenta además con artículos de opinión y reportajes de la prensa nacional que explican los alcances del Decreto 16. Asimismo contiene las demandas de inconstitucionalidad que tres organizaciones presentaron ante la Corte Constitucional y aún no tienen respuesta. El libro se completa con pronunciamientos internacionales y el discurso de las organizaciones que acudieron a la CIDH en octubre del 2013 para tratar este tema.

¿Cuáles son las contradicciones de este Decreto con el derecho internacional?, ¿la sociedad civil en el actual Gobierno tiene algún papel?, ¿cómo afecta esta resolución presidencial a movimientos históricos como el indígena? Este libro busca las respuesta a estas preguntas e intenta ser una guía para la defensa de un derecho fundamental como la libertad de asociación.

El libro es gratuito y puede descargarlo aquí

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La consejera Marcela Miranda, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS),  dijo ayer, martes 27 que “hay voluntad política” para revisar las inconsistencias del Decreto 16 señaladas por una docena de organizaciones sociales que acudieron a una reunión de trabajo en el organismo con el fin de pedir la derogatoria de dicho Decreto.

En la cita estuvieron presentes seis de los siete consejeros del CPCCS y al menos cinco se mostraron a favor de atender las demandas de las organizaciones, que consideran al Decreto 16 como inconstitucional y violatorio del derecho de libre asociación.

El Decreto 16 está vigente desde el 20 de junio del 2013. Dispone como causal de disolución de las organizaciones la participación en actividades de política partidista, de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad del Estado o que afecten la paz pública y establece un registro único para todo tipo de organización de la sociedad civil.

Miranda señaló que efectivamente el Decreto 16 es incoherente con el artículo 96 de la Constitución, que reconoce todas las formas de organización de la sociedad. Coincidió con el presidente del CPCCS, Fernando Cedeño, en que la disposición presidencial se confunden los roles de las organizaciones ciudadanas y de las no gubernamentales. “Me parece que hay algunos artículos que hay que analizarlos cotejándolos con la Constitución”, dijo Miranda y se mostró a favor de hacer una mesa de trabajo sobre el Decreto 16 con las organizaciones.

Los consejeros David Rosero y Andrea Rivera reiteraron que las organizaciones de hecho “no pueden ser invisibilizadas por un Decreto”. Y el consejero Hugo Arias se mostró a favor de la movilización de las organizaciones sociales para la derogatoria de esta disposición presidencial y de respaldar un Amicus curiae (cuando un tercero envía sus criterios para que la Corte o Tribunal los considere en su decisión) para agilitar el trámite de las tres demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto que se encuentran en la Corte Constitucional. No se pronunció la consejera Mónica Banegas.

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El 10 de febrero de 2014, la Secretaría de Nacional de Comunicación (SECOM) negó el pedido de réplica solicitado por Fundamedios el pasado 29 de enero, luego de que lo medios estatales El Telégrafo, El Ciudadano y la Agencia Andes publicaran el comunicado de esa cartera de Estado y con notas alusivas sobre las declaraciones realizadas por los directivos de Fundamedios, respecto a que la organización tendrá como su ente regulador a la SECOM, quien es su principal agresora.

La Secom justifica la negativa al indicar que “no hay ninguna información falsa sobre la que tengamos que otorgar réplica (…) además de ser una institución de distinta naturaleza a la de un medio de comunicación”. Cabe recordar que el derecho a la réplica está definida en la misma Ley de Comunicación como: “el derecho que tiene una persona o un colectiva de personas que haya sido directamente aludido a través de un medio de comunicación, de forma que se afecte el derecho a la dignidad, honra o reputación, a replicar esas informaciones.”

En la misma respuesta la Secretaria de Comunicación asegura que no se ha configurado el silencio administrativo solicitado por Fundamedios, respecto al registro de la directiva y nuevos socios de la Organización, al no tener respuesta del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Responsabilizan a la Fundación del retraso de ese trámite administrativo, cuando fueron los funcionarios del MIES, quienes por más de un año y medio aplazaron dicho registro.

Por otro lado, sobre las cadenas nacionales o enlaces en los que hemos sido atacados, la SECOM defiende la difusión de los mismos, argumentando que “si FUNDAMEDIOS ha sido mencionada en alguna cadena informativa o de rendición de cuentas se debe a que su organización emitió información que no se apega a la verdad”.

En realidad, por lo menos en 20 ocasiones se han difundido cadenas nacionales para descalificar y desprestigiar su trabajo, y que al menos en 36 enlaces sabatinos el Presidente de la República ha descalificado a la organización o sus directivos. La SECOM nada dice, además, de las 107 notas que han emitido los medios oficiales entre octubre de 2011 y enero de 2014 para desprestigiar la labor institucional.

Fundamedios solicitó su derecho a la réplica por las siguientes notas: El Telégrafo: “SECOM responde a las acusaciones de Fundamedios” (http://goo.gl/zAedja), Agencia Andes: “La Secretaría de Comunicación de Ecuador refuta rumores difundidos por ONG Fundamedios” (http://goo.gl/H7DvZM) y El Ciudadano difundió el comunicado de prensa de la SECOM  (http://goo.gl/CWwnxs).

Ver pedido de réplica de Fundamedios aquí.

Ver la respuesta de la Secom aquí.

 

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