Fundamedios condena millonaria sentencia en contra de los periodistas Calderón y Zurita

Martes, 7 de febrero de 2012

El martes 07 de febrero de 2012, los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita fueron sentenciados al pago de $2 millones de dólares ($1 millón por cada uno) más $100 mil dólares de pago a los abogados del Presidente de la República, por el supuesto daño moral causado al presidente Rafael Correa, tras la publicación del libro de investigación “El Gran Hermano”. La jueza Quinta de lo Civil de Pichincha, Mercedes Portilla, dictó esta sentencia en primera instancia.

La sentencia se conoció la noche anterior al ser difundida por TC Televisión, canal incautado por el Gobierno. Sin embargo, los periodistas condenados no fueron notificados sino hasta hoy a las 11:30. Previamente, la sentencia estuvo disponible en la página web de la Función Judicial, de forma parcial y sin la parte resolutiva, desde las 08:30, de este martes.

La sentencia establece que “En aplicación de las reglas de la sana crítica y de la apreciación en conjunto de la prueba aportada por las partes litigantes; Por estas consideraciones expuestas y fundamentada en lo que disponen los artículos 2232, inciso tercero; 2233; y 2234 de Código Civil; 18, 40 del Código Judicial; 169, 76.1.4 de la Constitución de la República… desechándose las excepciones de los demandados y establecida la inexistencia de reconvención, se declara con lugar la demanda propuesta por el señor economista Rafael Vicente Correa Delgado en contra de los señores Juan Carlos Calderón Vivanco y Christian Zurita Ron, disponiéndose como Resarcimiento o Indemnización, a título de reparación del Daño Moral causado al actor y al pago de un millón de dólares de los Estados Unidos de Norte América que cada demandado pagara al demandante. Con costas.- En Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica se regulan los honorarios de los abogados defensores del actor”.

No obstante el Presidente de la República como acusador y sus abogados no habían aportado ninguna prueba del supuesto daño moral o de los perjuicios causados por los periodistas, salvo su propio testimonio rendido a través de un juramento deferido.

Ramiro Aguilar, abogado defensor de los periodistas aseguró que la sentencia denota claramente que la Jueza quiso congraciarse con el Presidente. Sin embargo, por la contundencia de las pruebas presentadas, la magistrada no pudo afirmar que lo que se dice en el libro es falso y reconoció que no existía ningún documento que demuestre que el Presidente de la República padeció angustia, daño psicológico o físico y a pesar de estos dos elementos importantes, concluyó que el Presidente,  por ser Presidente y por su juramento, que fue la única prueba presentada, se ha mancillado su honor.

“Ante la imposibilidad de destruir nuestras pruebas, la jueza concluyó en que la sensibilidad del Presidente se vio afectada y que esta se probó con su juramento. Es decir que esa sensibilidad cuesta $2 millones”, dijo Aguilar.

El presidente Rafael Correa presentó la demanda en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita el pasado 28 de febrero del 2011 y exigió una indemnización de $10 millones de dólares, por considerar que el libro, que revela los contratos que mantenía el hermano del Presidente con el Estado, contiene "imágenes suyas y de su hermano sin autorización";  además de  hechos falsos que menoscaban, hieren, mancillan mi dignidad y mi buen nombre...".

Aguilar, denunció en su momento irregularidades en el proceso, después de que la Jueza Portilla aceptó que el Presidente rinda su "juramento deferido" (confesión de sí mismo) como prueba a su favor, algo que legalmente no está permitido. Aguilar comentó que la decisión de la jueza era inadmisible puesto que bajo las leyes del Ecuador, el juramento deferido es pedido por una parte para que la otra jure, pero no se puede pedir este juramento para sí misma y explicó que esta prueba en un juicio civil es decisoria. “Lo que se jura, se sentencia. Por lo cual, resulta absurdo de que el acusador vaya al juzgado, se reciba su juramento y sobre eso se produzca la sentencia”, puntualizaba el abogado.

La sentencia se emitió después de que los abogados del Presidente de la República, y sin que se hubiera evacuado todas las pruebas que habían pedido los periodistas.

Fundamedios rechaza este gravísimo atentado contra la libertad de expresión y de prensa que abona al clima de acelerado deterioro de las libertades democráticas y los derechos fundamentales que se produce actualmente en el Ecuador. Alertamos a la comunidad internacional de este intento de acallar a los periodistas ecuatorianos, pues esta sentencia no es más que una advertencia de lo que  puede ocurrir a quienes investigan y denuncian casos de corrupción en el ejercicio del poder.

On Tuesday 2 February 2012, journalists Juan Carlos Calderón and Christian Zurita were sentenced to pay damages for $2 million dollars ($1 million each), plus $100 thousand in fees to the President of the Republic's attorneys, for the alleged moral damage caused to President Rafael Correa by the publication of the investigative book “El Gran Hermano”.The Fifth Civil Judge of Pichincha, Mercedes Portilla, issued this first instance ruling.

TCTelevisión, a TV station that was seized by the government, reported the news about the sentence the night before.The convicted journalists, however, were not notified until today at 11:30 am. A partial version of the sentence, without the operative part, was available in the Judiciary’s web page from 8:30 am this Tuesday.

The sentence establishes that “In accordance to the principles of sound judgment and an overall assessment of the evidence presented by the litigants; in light of the above and as disposed by articles 2232, item 3; 2233; and 2234 of the Civil Code; 18, 40 of the Judicial Code; 169, 76.1.4 of the Constitution of the Republic... having dismissed the defendants exceptions and established the lack of a counterclaim, we admit the suit filed by Mr Rafael Vicente Correa Delgado against Messrs Juan Carlos CalderónVivanco and Christian Zurita Ron, and impose as compensation or indemnity, as way of reparation for the moral damage caused to the actor, the payment of one million North American Dollars by each of the defendants to the plaintiff.With costs.- The fees for the actor’s attorneys are established at one hundred thousand North American Dollars”.   

However, neither the President of the Republic, as the accuser, nor his attorneys, presented any evidence of the alleged moral damage caused by the journalists, except for his own testimony made as a decisory oath.

Ramiro Aguilar, the journalists’ counsel, stated that the sentence clearly shows that the judge wanted to ingratiate herself to the president.However, due to the forcefulness of the evidence presented by the accused, the judge was not able to declare that what the book says is false and she even recognized there is no document that shows that the president suffered any anguish or physical or psychological damage. Despite these two important elements, she concluded that the president, for the mere fact of being the president, and based on his decisory oath, the only evidence presented by the accuser, had been dishonored.

“Faced by the impossibility of destroying our evidence, the judge concluded that the president’s sensibility was affected and this was proven by his oath.This means that this sensibility costs $2 million”, said Aguilar.

President Rafael Correa filed the lawsuit against journalists Juan Carlos Calderón and Christian Zurita on 28 February 2011 and requested compensation amounting to $10 million. He considered that the book, which revealed the contracts his brother had with the State, contained "images of himself and his brother published without authorization; as well as false information that undermines, damages, dishonors my dignity and my good name...”

At the time, Aguilar denounced irregularities in the process after Judge Portilla accepted the president’s “decisory oath” (self-confession) as evidence in his favor, something that is not legally allowed.Aguilar commented that the judge’s decision was inadmissible because under Ecuadorian laws, a decisory oath has to be requested by the other party, it cannot be a one-way decision. He explained that in a civil trial this evidence is decisive.“What is sworn is sentenced.Therefore, it is absurd that the accuser should go to the tribunal,where his oath would be received, and that the sentence should be based on this”, the lawyer stated explicitly.

The sentence was issued before the president’s attorneys presented all the evidence requested by the journalists.

Fundamedios rejects this very serious attempt against the freedom of expression and of the press, which contributes to the atmosphere of deterioration of democratic liberties and fundamental rights currently in motion in Ecuador.We alert the international community to this attempt to silence Ecuadorian journalists. This sentence is no more than a warning of what can happen to those who dare to investigate and denounce cases of corruption during the exercise of power.