Organizaciones exigen derogatoria de decretos que violan la libertad de asociación

Organizaciones exigen derogatoria de decretos que violan la libertad de asociación

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El pasado 4 de agosto de 2015 el presidente de la República expidió el Decreto Ejecutivo No. 739 que reforma y codifica el Decreto No. 16, vigente desde junio de 2013, que contiene el denominado Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, y que regula el derecho constitucional de los ciudadanos a asociarse en forma libre y voluntaria, así como el funcionamiento de todas las formas de organización de la sociedad civil.

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Gestión de la Política, ha afirmado que las reformas tienen como fin homologar los requisitos de funcionamiento de las organizaciones sociales y ciudadanas, y son consecuencia de acuerdos alcanzados en el proceso de diálogo que han impulsado.

Las organizaciones que suscriben el presente comunicado señalan enfáticamente que este nuevo Decreto mantiene las restricciones y las amenazas a la libertad de asociación de los ciudadanos, partiendo de la abierta violación a los artículos 132 y 133 de la Constitución de la República que consagran los principios de legalidad y de reserva de ley para regular el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales. Se mantienen las causales ambiguas de disolución de las organizaciones, así como el procedimiento de disolución controvertida, en abierta violación a los principios y estándares internacionales, que sobre la libertad de asociación, han emitido los principales organismos internacionales y relatorías especiales de los sistemas de protección de derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que los Estados tienen facultad para reglamentar la inscripción, vigilancia y control de organizaciones dentro de sus jurisdicciones, pero que “deben asegurar que los requisitos legales no impidan, retrasen o limiten la creación o funcionamiento de estas organizaciones”.

Así también Maina Kiai, relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, ha insistido en la necesidad de asegurar la existencia de un ambiente propicio para la sociedad civil, que permita el libre ejercicio de los derechos de asociación y reunión pacífica, y que el Estado tiene una obligación positiva de llevar a cabo medidas eficaces para hacer efectivo el disfrute de estos derechos. En más de una ocasión ha hecho hincapié en los artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Ecuador ratificó y se comprometió a respetar y a garantizar el 6 de marzo de 1969, y que garantizan los derechos de reunión pacífica y asociación.

Por estas consideraciones, quienes suscriben este comunicado exigen la derogatoria de los Decretos Ejecutivos 16 y 739. Además varias organizaciones presentarán nuevos argumentos jurídicos respecto del Decreto Ejecutivo No. 739 y dentro del trámite de las acciones de inconstitucionalidad que, desde agosto de 2013, se presentaron ante la Corte Constitucional, sin que hasta el momento haya resultado alguno.

Suscriben las siguientes organizaciones:

  1. Ecuarunari
  2. Corporación Participación Ciudadana
  3. Federación Nacional de Periodistas
  4. Federación Médica Ecuatoriana
  5. Federación de Barrios de Quito
  6. Junta Cívica de Guayaquil
  7. Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cucomitae)
  8. Centro sobre Derecho y Sociedad (CIDES)
  9. Red de Mujeres Políticas del Ecuador (REMPE)
  10. ACDemocracia
  11. Acción Ecológica
  12. Fundamedios
  13. Fundación Ciudadanía y Desarrollo
  14. Internacional de Servicios Públicos, ISP – Ecuador

Suscriben los siguientes ciudadanos:

  1. Nelson Reascos
  2. David Rosero
  3. Martha Roldós
  4. Mauricio Alarcón Salvador
  5. Jaime Vintimilla
  6. Patricio Camacho