Ares Rights sería el responsable de la suspensión de las cuentas de los tuiteros Carlos Andrés Vera (@polificcion) y @carlitoswayec, conocidos por sus comentarios críticos al gobierno.

La Supercom admitió a trámite una denuncia contra diario La Hora, por supuestamente violar los artículos 10 y 25 y de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC),

Un día antes de la jornada de protestas, Twitter suspendió la cuenta de @Diana_Amores, conocida por sus comentarios críticos con el gobierno.

En menos de una semana, el periodista Diego Oquendo de Radio Visión fue descalificado en cadenas ordenadas por la Secretaría de Comunicación.

El 13 de noviembre de 2014 se conoció a través de redes sociales que el programa cómico “La Pareja Feliz” saldrá del aire.

Caricaturista y medio sancionados bajo Ley de Comunicación

Viernes, Enero 31, 2014 - 17:45

El 31 de enero de 2014, la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM) resolvió imponer una multa a diario El Universo, equivalente al 2% de su facturación promediada de los últimos tres meses, así como exigió que dentro de 72 horas se rectifique el texto que consta en la caricatura titulada “Regale la navidad” de autoría de Xavier Bonilla “Bonil”, publicada el pasado 28 de diciembre de 2013. En ella, el humorista gráfico de diario El Universo retrató el allanamiento y confiscación de las computadoras del periodista y activista Fernando Villavicencio.

La Supercom resolvió que la rectificación deberá hacerse “con las mismas características, dimensiones, en el mismo espacio y sección (…) por cuanto la afirmación que hace en su contenido no corresponde a la realidad de los hechos y estigmatiza la acción tanto de la Fiscalía General del Estado y como de la Policía Judicial".

Para el Dr. Ramiro García, defensor del caricaturista, se ha dado un “juzgamiento inconstitucional”, pues “la misma entidad que acusa es la que resuelve, es decir, es juez y parte y se rompe el principio de la imparcialidad”. Por ello aseguró que apelará esta decisión ante la justicia constitucional a través de las acciones de protección respectivas.

En la audiencia de sustentación de pruebas, que se desarrolló el pasado martes 28 de enero y que duró cerca de dos horas, las partes presentaron sus argumentos y pruebas de cargo y descargo, dentro del proceso que incluye la Ley Orgánica de Comunicación y un reglamento de sanciones. Este se abrió el 10 de enero pasado contra el caricaturista y en cuyo informe se aseguró que la caricatura en cuestión, “apoya a la agitación social” y “deslegitima la acción de la autoridad”.

El representante de la Supercom, Bolívar Torres, leyó durante la audiencia el reporte interno emitido por el personal técnico y jurídico de esa entidad de control e insistió en que “la caricatura es un producto comunicacional que refleja la opinión, por tanto regulado por la Ley y no está exento de responsabilidad”. También citó artículos de la Ley de Comunicación que, según Torres, no excluyen a los caricaturistas de recibir sanciones.

En un escrito que presentó la defensa del humorista gráfico se afirmó que “una caricatura es una forma de opinión humorística gráfica, por tanto sujeta a la perspectiva tanto de quien la realiza, como de quien la observa (…)”.Sobre el caso en específico, el caricaturista detalló que todos y cada uno de los cuadros que componen el conjunto de la caricatura, responden a la información que se encontraba a su alcance el 27 de diciembre de 2013, sobre el allanamiento a la vivienda de Villavicencio.

La caricatura que desató este proceso fue publicada junto a una leyenda que decía lo siguiente: “Policía y Fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción”. Por ese texto, el presidente Rafael Correa, durante el enlace ciudadano No. 355 del  4 de enero, amenazó al caricaturista con aplicar la Ley de Comunicación, a la vez que lo tildó de "sicario de tinta y enfermo”. Tras esto, el pasado lunes 6 de enero, el Superintendente de la Información y Comunicación solicitó a diario El Universo copias de la caricatura y “la identidad del autor” de la misma, información a ser entregada en 72 horas, lo que constituyó el primer paso para el inicio del proceso.

Descargue la resolución AQUÍ

Agredidos: 
Numero: 
1
Ecuador