Estado incumple con recomendaciones sobre libertad de expresión

Estado incumple con recomendaciones sobre libertad de expresión

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Estado ecuatoriano incumple con recomendaciones sobre libertad de expresión recibidas durante II Examen Periódico Universal

Al cumplirse un año desde que el Ecuador se sometió al Examen Periódico Universal EPU, en la sede de la ONU, en Suiza se puede concluir que existe incumplimiento y mínimo interés para que en Ecuador mejore la situación de las libertades de pensamiento y expresión, así como los derechos de asociación y protesta pacífica. Y es que los hechos hablan por sí solos, los problemas existentes en el país en esta materia no han mejorado al contrario se han profundizado en este último año. Esto se desprende de una valoración objetiva de los hechos de este último año que se establece en este informe.

En el examen, Ecuador recibió el 21 de mayo del año pasado, 24 recomendaciones sobre libertad de expresión de un paquete de 134 observaciones sobre derechos humanos. Durante el EPU, 18 Estados de los 193 que forman parte del sistema de Naciones Unidas mostraron su preocupación por la situación de este derecho fundamental en Ecuador.

En septiembre del año anterior, durante la sesión de adopción del informe,  Ecuador rechazó tres de las recomendaciones recibidas por estar ya implementándose. Sin embargo las 24 recomendaciones están siendo incumplidas, a esta conclusión se llegó luego de que de evaluar  la información entregada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre el “avance” la aplicación de las recomendaciones recibidas.

Para evaluar la información entregada por el Ministerio, las 24 recomendaciones fueron agrupadas en 5 grandes temáticas que versan sobre el trabajo de los órganos internacionales de protección del derecho a la libre expresión, garantías generales al ejercicio de este derecho,  la adecuación de la normativa penal en materia de libertad de expresión y por último la protección para la prensa y los defensores de derechos humanos.

A continuación se reseña brevemente los actos mediante los cuales el Ecuador ha incumplido estos compromisos en el último año y un cuadro comparativo de las recomendaciones que fueron acogidas por el Estado, ordenadas por temas, y se incluye la respuesta del Estado con respecto al cumplimiento de las mismas, cuando procede.

1 Recomendaciones acerca del trabajo de los órganos internacionales de protección del derecho a la libre expresión.

Recomendación:

“Aceptar la solicitud presentada en 2004 por el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión para visitar el país (Bélgica); aceptar la solicitud del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, que está a la espera de respuesta desde 2004 (Letonia)”.

Información del Estado: Ninguna

Actos de incumplimiento:

  • Desde el año 2012 el Ecuador ha llevado a cabo una campaña de debilitamiento a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).
  • Aunque el proceso de reforma promovido por Ecuador en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) terminó sin mermar las facultades de estos órganos, Ecuador persiste en llevar a cabo gestiones diplomáticas  que apuntan a disminuir el financiamiento de la CIDH y la RELE, deslegitimar la facultad de la CIDH de emitir medidas cautelares y convertir estos mecanismos de protección en un proceso largo y complicado.
  • Las gestiones del gobierno  buscan mermar la independencia institucional y financiera de la RELE, y minimizar su capacidad de acción en el Hemisferio mediante la invisibilización de los actos de promoción y protección que surgen desde esa oficina temática.
  • En el marco de estas discusiones, Ecuador ha amenazado con “salir” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entendemos que se refiere a una denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos CADH.
  • Ecuador es el  único país de la región que en el año 2013 ha controvertido el Informe Anual de la RELE, a pesar de contener mayormente fuentes oficiales y gubernamentales para sustentar la información allí vertida.
  • La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Ecuador, que estaba originalmente planificada para junio de 2013, aún no ha sido concretada por el Estado.

2.  Recomendaciones que consagran garantías generales al ejercicio de la libre expresión:

Recomendación:  Proseguir los esfuerzos para garantizar a todos los ecuatorianos el derecho a la comunicación libre, intercultural, y participativa en todos los entornos y medios de comunicación, y el derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información fidedigna, verificada, oportuna, contextualizada y plural (Perú); garantizar a todos, incluidos los periodistas y los defensores de los derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión; cumplir sus compromisos internacionales, en particular el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Estonia); promover y proteger el derecho a la libertad de opinión y de expresión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Suecia). proteger el derecho a la libertad de expresión de los periodistas (Australia); preparar mecanismos para aumentar la seguridad de los periodistas y asegurar que órganos independientes e imparciales investiguen todos los ataques (Austria);

Información del Estado: Sobre recomendación de Perú, informó que: “por primera vez en la historia del Ecuador ha existido acceso plural a los medios de comunicación. El Ecuador brinda acceso al espectro electromagnético a medios privados, comunitarios y públicos. De esta manera, el Estado está marcando una política que respeta la libertad de expresión y garantiza el derecho a la comunicación.”

Actos de Incumplimiento:

  • La constitución del Ecuador consagra el derecho de buscar, recibir y difundir información en el artículo 18, pero condiciona el ejercicio de este derecho a criterios subjetivos de objetividad, oportunidad y veracidad, en contradicción a los estándares internacionales en la materia.
  • En el año 2012, Fundamedios reportó 172 agresiones a periodistas y lo que vamos del 2013 ya se contabilizaron 68  ataques  a la libertad d expresión. El mayor número de estas agresiones provinieron del Presidente de la República.
  • Durante el año 2012 y lo que va del 2013, varios funcionarios públicos han anunciado la estatización de la comunicación como un servicio que debe ser provisto, administrado y otorgado por el Estado, en lugar de un derecho fundamental que debe reconocerse y garantizarse.
  • El Presidente ordenó a sus ministros no otorgar entrevistas a medios privados, para “no darles la primicia”. La medida verbal fue acatada por muchos miembros del gabinete presidencial y subiste hasta hoy.
  • El Presidente Correa prohibió bajo amenaza de destitución que los miembros de su gabinete brinden a asambleístas información requerida por ellos, a pesar de ser ésta una facultad constitucional y legal.  El Presidente ordenó que este tipo de información se canalice solo a través del presidente de la Asamblea.
  • Asamblea no podrían solicitar información.
  • Durante el año 2012 y lo que va del 2013 dos asambleístas de partidos opositores al gobierno han sido enjuiciados tras haber realizado denuncias de posibles actos de corrupción en la administración pública.
  • En julio de 2012 el Secretario de Comunicación ordenó que se retire el pautaje oficial de los medios de comunicación privados que sean críticos con el gobierno.
  • Entre el 2012 y 2013 se reportaron cuatro asesinatos a comunicadores sociales. El único que fue esclarecido correspondía al de un fotógrafo freelance hermano del Ministro del Interior. De los otros tres no se conoce avance alguno en las investigaciones realizadas.
  • En el año 2012 se registró el cierre de diez medios de comunicación, mediante la no renovación del contrato de frecuencia, o su terminación. Las acciones administrativas frecuentemente incluyeron la incautación y la destrucción de equipos, así como el uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos policiales que participaron en los operativos. Los procesos administrativos de cierre de frecuencias han sido criticados por la inobservancia a las normas de procedimiento establecidas en la ley, y en muchas casos han servido para silenciar a estaciones o periodistas críticos en zonas de poca aceptación al gobierno nacional.

3. Recomendaciones acerca del derecho a la libertad de expresión y asociación como requisitos para ejercer el derecho a la protesta social, y el trabajo de los defensores de DDHH Y ONGS en el país.

RECOMENDACIÓN:  Velar porque los activistas comunitarios y los dirigentes indígenas puedan ejercer su derecho de reunión y protesta pacífica y que la legislación antiterrorista no se utilice inadecuadamente para censurar esas actividades (Canadá); respetar el derecho a la libertad de expresión y de manifestación pacífica y restringir al mínimo estrictamente necesario los procesos penales contra quienes ejerzan estos derechos (Bélgica); velar porque las disposiciones penales no se utilicen para limitar la capacidad de los defensores de los derechos humanos o los manifestantes para ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación y que las autoridades competentes vuelvan a examinar los casos de las personas detenidas y procesadas (Alemania); Promover, proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación de conformidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos del país (Eslovaquia); velar porque todos los activistas de derechos humanos que actúen en el país, incluidas las personas que colaboren con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, estén libres de penalización, acoso o intimidación y puedan desempeñar libremente sus obligaciones legítimas (Eslovaquia); examinar la reciente legislación restrictiva sobre las ONG con vistas a impedir que las manifestaciones y las protestas legítimas de la sociedad civil puedan ser llevadas a los tribunales o penalizadas bajo la definición penal de “terrorismo” o “sabotaje” (España); participar en un diálogo constructivo con los medios de comunicación, las ONG y los órganos internacionales para promover la libertad de expresión en el Ecuador (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte); velar por que los Decretos n.º 982 y n.º 812, relativos a la libertad de asociación, la libertad de reunión y la libertad de expresión, no se apliquen para bloquear la labor legítima de las ONG (Suiza); asegurarse de que el Decreto Presidencial n.º 982 no se aplique de manera que impida la labor de los defensores de los derechos humanos (Austria).

Información del Estado: “No puede asimilarse las acusaciones por terrorismo bajo la legislación ecuatoriana frente a la noción internacional, en especial a los criterios que sobre terrorismo maneja la UNODC, puesto que tienen nociones y consideraciones de aplicabilidad distintas en virtud del momento histórico en el cual dicho delito fue tipificado en el Ecuador. En este sentido, se evidencia que los términos que maneja el Código Penal ecuatoriano no guardan relación con la concepción internacional del terrorismo. Por otro lado, frente a los casos de las personas que se presentan en protestas sociales que resultan con la destrucción de bienes y servicios públicos y su actuación incurre en acciones delictivas, la Policía Nacional aplica el Acuerdo Ministerial No. 1699 del Ministerio del Interior de fecha 18 de agosto de 2010 en el cual se ha reglamentado e institucionalizado el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza”.

Actos de incumplimiento:

  • En el año 2012, 10 jóvenes activistas de izquierda (los 10 de Luluncoto) fueron arrestados cuando se encontraban reunidos organizando una marcha pacífica. Originalmente fueron acusados de delito flagrante que no pudo ser demostrado, luego se les involucró sin evidencia alguna en el la explosión de bombas panfletarias en la ciudad de Guayaquil. Finalmente, la Corte Nacional de Justicia los sentenció a un año de prisión por el delito de tentativa de terrorismo, cambiando la figura penal por la que originalmente fueron acusados.
  • En el marco del caso de los “10 de Luluncoto”, los familiares de los acusados fueron víctimas de múltiples actos de hostigamiento, requisas sorpresivas e incursiones arbitrarias en sus domicilios por parte de la fuerza pública, algunas veces sin orden de la autoridad competente.
  • En agosto de 2012 los dirigentes campesinos Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán y Efraín Arpi fueron condenados a ocho días de prisión por la Corte Nacional de Justicia por el delito de cierre de vías públicas y obstrucción de servicios básicos tras realizar una protesta en vía pública en el año 2010 contra la Ley de Aguas y Minería, en defensa de la reserva de Kimsacocha.  
  • En mayo de 2012 la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE presentó a la Asamblea un pedido de Amnistía para 129 líderes indígenas que actualmente enfrentan procesos por sus actividades de protesta y organización social. 23 denuncias, de las cuales 17 son penales, 2 civiles y 4 acciones administrativas. En el caso de las penales, 6 son por sabotaje y terrorismo.
  • En marzo de 2013 varios jóvenes alumnos del colegio Central Técnico fueron detenidos tras participar en una manifestación pública en protesta a la reforma curricular que impediría que los alumnos obtuvieran títulos técnicos al graduarse. Se espera una audiencia para conocer el dictamen fiscal para el 12 de junio.  Varios de los acusados son menores de edad. Durante los Enlaces Ciudadanos, el Presidente ha ordenado que los estudiantes “sean expulsados” y “juzgados con todo el peso de la Ley”.
  • Desde el año 2012 el presidente Correa ha amenazado con expulsar del país a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, alegando que financian actos de desestabilización en el país. USAID provee de fondos a 16 proyectos en diversas áreas.
  • En septiembre de 2012 el gobierno formalizó la salida de 26 ONGs internacionales, alegando incumplimiento en sus planes operativos o que habían terminado sus operaciones en la región. 16 más fueron notificadas con la orden de suscribir un nuevo convenio. En mayo de 2013, se reportó que son 26 las ONGs que deben actualizar sus datos de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 812 de 2011, y que corren el riesgo de ser expulsadas del país.

4. Recomendaciones relativas a la adecuación de la normativa penal en materia de libertad de expresión y a la utilización de tipos penales que criminalizan la información y la opinión.

Recomendación:   Examinar las leyes vigentes y los proyectos de ley sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa para asegurarse de que estén en conformidad con las normas internacionales y, más concretamente, eliminar las disposiciones que penalicen la difamación, las también llamadas leyes de desacato (Canadá); despenalizar la difamación y hacer las modificaciones necesarias al respecto, de conformidad con las normas interamericanas e internacionales (Noruega); derogar todas las disposiciones legales que contravengan a las normas internacionales sobre la libertad de expresión, especialmente todas las leyes contra el insulto y todas las normas que penalicen la difamación de los funcionarios y las instituciones públicas (Letonia); poner toda la legislación penal sobre el insulto y la difamación en conformidad con las normas internacionales sobre la libertad de expresión. Esperaba que estos importantes elementos se tuvieran en cuenta en la reforma en curso del Código Penal (Bélgica); garantizar en todas las circunstancias la independencia de los medios de comunicación y adoptar las medidas necesarias para que la legislación nacional sobre los delitos contra el honor y la difamación no mine la libertad de expresión (Francia);  estudiar la posibilidad de adoptar medidas para garantizar la libertad de expresión, en particular la libertad de prensa, y armonizar la legislación nacional en este ámbito con las normas internacionales (Costa Rica); cumplir sus compromisos internacionales, en particular el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Estonia).

Información del Estado: Ninguna

ACTOS DE INCUMPLIMIENTO:

  • Los arts. 230 y 231 del Código Penal establecen figuras penales análogas al desacato protegiendo el honor del Presidente y varios funcionarios públicos. Los delitos que tipifican la injuria calumniosa y no calumniosa, contenido en el Título VII del Código referente a delitos contra la honra, contienen disposiciones abiertas que no excluyen de su ámbito de aplicación a cuestiones de interés público o a funcionarios públicos. En la práctica, han sido justamente utilizados por éstos para silenciar a la prensa o a opositores críticos que denuncian actos de corrupción.
  • El Proyecto de Código Orgánico Integral Penal ha mantenido los tipos penales de desacato bajo otras denominaciones, y ha aumentado su ámbito de aplicación a otras situaciones no previstas por el Código de 1998.
  • Además, el Proyecto incorpora otros tipos penales que sin estar relacionados con los delitos contra el honor afectan el ejercicio a la libertad de expresión: el acoso político, rebelión, ofensas a símbolos patrios, insubordinación, instigación, etc, podrían afectar el ejercicio de la libertad de expresión por su amplitud e indeterminación.
  • El Proyecto de ley de Comunicación que próximamente aprobará la Asamblea, contiene disposiciones que regulan la ética de los medios y periodistas desde el Estado, establece cuotas de programación y regulan contenidos. Podrían crear un órgano de control cuya independencia del Ejecutivo es cuestionada, y cuyas competencias no se encuentran claramente definidas en el ámbito de ésta.
  • Otras leyes y cuerpos normativos no penales también han sido aprobados con el objeto de silenciar el debate y la crítica.  La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia) cuyas últimas reformas entraron en vigencia en febrero de 2012 incluía disposiciones que mermaban la facultad de la prensa de informar y opinar en períodos de elecciones. En octubre de 2012 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad parcial sobre las Reformas, pero mantuvo las disposiciones que prohíben a la prensa “manifestarse a favor o en contra de algún candidato”.
  • En cuanto a los procesos judiciales  y acoso judicial contra periodistas seguidos como responsabilidad ulterior,  en el año 2012 se contabilizaron 11 procesos  judiciales en distintos foros: penal, judicial, contencioso electoral y constitucional.  Igualmente se incluyen acciones iniciadas por la Fiscalía. Estos procesos se iniciaron por la emisión de opinión o información sobre asuntos de interés público, posición política en el marco de un proceso electoral, y denuncias sobre actos de corrupción. Todos ellos terminaron con condenas en contra de los periodistas o medios de comunicación procesados. En lo que va del año 2013 se reportaron tres casos de sentencias de altas cortes nacionales que ponen en riesgo la vigencia del derecho a la libre expresión.

5. Recomendaciones relacionadas a la protección que la prensa y los defensores de derechos humanos deben gozar contra actos de persecución y hostigamiento, así como las garantías al trabajo de las ONGS  en el país.

Recomendación: Crear un entorno jurídico propicio para que las organizaciones de la sociedad civil contribuyan a la gobernanza democrática estableciendo oportunidades para el diálogo y absteniéndose de restringir sus posibilidades de actuar con independencia y libertad (Canadá);  facilitar que diversos actores de la social civil expresen sus ideas y opiniones con responsabilidad y objetividad (Santa Sede); Proteger a los defensores de los derechos humanos y los periodistas del acoso y los ataques y garantizar plenamente la libertad de reunión (Letonia);  (Luxemburgo);  Dar a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos el espacio necesario para que desempeñen su labor no violenta de promoción, organización de campañas, presentación de informes e investigación y que el Gobierno del Ecuador colabore de forma constructiva con los defensores de los derechos humanos en la búsqueda de soluciones a los problemas de derechos humanos del país (Noruega).

Información del Estado: Ninguna.

Actos de incumplimiento:

  • Desde abril de 2012 el presidente de la República y varios funcionarios públicos han acusado a Fundamedios de ser “vigilantes del Imperio” y de incurrir en actos de “desestabilización del Estado”. Las acusaciones surgieron a través de un cable diplomático de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador, donde indicaban que cierta información había sido provista por una organización “watchdog”(término anglosajón para referirse a organizaciones que monitorean distintos temas).  Estas acusaciones han persistido hasta la fecha. Las acusaciones también se refieren a presunta triangulación de fondos, y actos subversivos. En el marco de estas acusaciones, algunos funcionarios públicos han amenazado con iniciar investigaciones contra Fundamedios, pero no han brindado información alguna acerca de la existencia de tales procesos.

Similares acciones de descrédito y ridiculización ha tenido el Presidente con la presidenta de la Fundación Ecuménica de Derechos Humanos, Elsie Monge, y contra el presidente de la CONAIE.  En el año 2102, Fundamedios reportó  que el 20,8% de las agresiones constituían actos de hostigamiento verbal por parte del Presidente y varios funcionarios públicos, y para lo que va del 2013, se han reportado 15 actos de hostigamiento contra la prensa, y el uso de cadenas nacionales para insultar, deslegitimar o acosar a la prensa, defensores de DDHH constituye el 17, 19% del total de las agresiones reportadas.

Ecuador defaults on freedom of expression recommendations received during II Universal Periodic Review

Friday 31 May 2013

On the first anniversary since Ecuador submitted to the Universal Periodic Review (UPR) at the headquarters of the UN in Switzerland, we can conclude that the country has defaulted on the recommendations made then and there is little interest in improving the situation of freedom of thought and expression and the rights of association and peaceful protest.The facts speak for themselves. The problems in the country in this area have not improved; on the contrary, they have got worse over the past year.This follows from an objective assessment of the events of this past year as established in this report.

After the Review, on 21 May last year Ecuador received 24 recommendations on freedom of expression and a package of 134 observations on human rights.During the UPR, 18 of the 193 States that constitute the United Nations system showed their concern about the situation of this fundamental right in Ecuador.

In September last year, during the session of adoption of the report, Ecuador rejected three of the recommendations received stating they were already being implemented.However, Ecuador is defaulting on the 24 recommendations. This conclusion was reached after assessing the information provided by the Ministry of Justice and Human Rights on the “advance” in the implementation of the recommendations received.

To evaluate the information provided by the Ministry, the 24 recommendations were grouped into five major themes that deal with the work of international organizations that protect the right to free expression, general guarantees to ensure the exercise of this right, the adaptation of regulations on matters of freedom of expression, and finally protection for the press and human rights defenders.

The following is a brief description of the acts by which Ecuador has defaulted on these commitments over the last year and a comparative table of the recommendations that were accepted by the State, arranged by themes, including the State’s response with regard to compliance with them, where appropriate.

1. Recommendations on the work of international bodies to protect the right to free expression.

Recommendation:

“Accept the request of the Special Rapporteur on freedom of expression to visit the country which had been requested in 2004 (Belgium); Accept the request made by the Special Rapporteur on freedom of opinion and expression, which has been awaiting a response since 2004 (Latvia)”.

Information received from the State:None

Acts of default:

  • Since 2012 Ecuador has carried out a campaign to weaken the Inter-American System of Human Rights, in particular the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) and its Special Rapporteur on Freedom of Expression (SRFE).
  • Although the reform process promoted by Ecuador in the Permanent Council of the Organization of American States (OAS) did not eventually impair the authority of these institutions, Ecuador persists in conducting diplomatic efforts aimed at reducing the funding of the IACHR and the SRFE, delegitimizing the IACHR’s authority to issue injunctions and turn these mechanisms for protection into a long and complicated process.
  • The government’s efforts seek undermine the institutional and financial independence of the SRFE and minimize its capacity to operate in the hemisphere through preventing the visibility of this office’s acts of promotion and protection.
  • Within the framework of these discussions, Ecuador has threatened to “leave” the Inter-American Human Rights System.We understand it concerns a formal complaint to the American Convention on Human Rights (ACHR).
  • Ecuador is the only country in the region that in 2013 has disputed the SRFE Annual Report despite the fact that the sources used to support the information presented in it are mainly official and governmental.
  • The visit of the Inter-American Commission on Human Rights to Ecuador, which was originally planned for June 2013, has not yet been approved by the State.

2.  Recommendations that establish general guarantees for the exercise of free expression:

Recommendation:     Continue making efforts to guarantee all Ecuadorians the right to free intercultural, diverse and participative communication in all environments and media and the right to search, receive, exchange produce and circulate truthful, verified, timely, contextualized and plural information (Peru);stick to its international commitments, particularly to article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (Estonia); promote and protect the right to freedom of opinion and expression, in accordance with what is stated in article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (Sweden); protect the right to freedom of expression for journalists (Australia); develop mechanisms to improve the safety of journalists and ensure that all cases of attacks are investigated by independent and impartial bodies (Austria).

Information received from the State:On the recommendation made by Peru, it reported that:”For the first time in the history of Ecuador plural access to the media exists.Ecuador provides access to the electromagnetic spectrum to private, community based and public media. In this way the State is setting a policy that respects freedom of expression and guarantees the right to communication and information”.

Acts of default:

  • Article 18 of the Ecuadorian Constitution establishes the right to seek, receive and circulate information but conditions the exercise of this right to subjective criteria of objectivity, timeliness and veracity, in contradiction to international standards on the matter.
  • In 2012 Fundamedios reported 172 attacks on journalists and so far in 2013 there have already been 68 attacks on freedom of expression.The largest number of these attacks came from the president of the Republic.
  • During 2012 and so far in 2013 several public officials have announced the nationalization of communication as a service that must be provided, managed and granted by the State, rather than a fundamental right that must be recognized and guaranteed.
  • The President ordered his ministers not to grant interviews to private media so as “not to give them the scoop”.This verbal measure was obeyed by many members of the presidential cabinet and is still in force.
  • President Correa forbade, under threat of dismissal, all members of his cabinet from providing members of the Assembly with any information they requested despite this being a constitutional and legal faculty.The president ordered that this information should be channeled only through the president of the Assembly.
  • Assembly members cannot request information.
  • During 2012 and so far in 2013 two Assembly members from opposition parties have been prosecuted after making allegations of possible acts of corruption in the civil service.
  • In July 2012 the Communications Secretary ordered the removal of official advertising from private media outlets that are critical of the government.
  • Between 2012 and 2013 four murders of social communicators were reported.The only one that was cleared concerned a freelance photographer who was the brother of the Minister of the Interior.There has been no known progress in the investigations regarding the other three cases.
  • In 2012 ten media outlets were closed down by not renewing their frequency contract or by terminating it.Administrative actions often included the seizure and destruction of equipment as well as the use of excessive force by police officers who participated in the operations.The administrative processes to close down frequencies have been criticized for their failure to observe the rules of procedure established by law. In many cases they have been used to silence critical journalists or stations in areas where the national government is not popular.

3. Recommendations on the right to freedom of expression and association as requirements for exercising the right to social protest and the work of human rights defenders and NGOs in the country.

Recommendation:Ensure that community activists and indigenous leaders can exercise their right to peaceful assembly and protest and that anti-terrorist legislation is not misused to inappropriately censure such activities (Canada); respect the right to freedom of expression and peaceful demonstration, and restrict to the absolute minimum the use of criminal prosecutions against people who exercise these rights (Belgium); ensure that criminal provisions are not misused to curb the ability of human rights defenders or other protesters to exercise their rights to freedom of expression, assembly and association and that appropriate authorities reconsider the cases of those arrested and prosecuted (Germany); promote, protect and respect the right to freedom of expression, assembly and association in compliance with the country’s international HR obligations (Slovakia); ensure that all human rights activists operating in the country, including individuals cooperating with United Nations human rights mechanisms, are spared from any criminalization, harassment or intimidation and can perform freely their legitimate duties (Slovakia); examine recent restrictive legislation on NGOs with a view to prevent that legitimate demonstrations and protests by civil society can be taken to Court or criminalized under the penal definition of “terrorism” or “sabotage” (Spain); engage in a constructive dialogue with the media, NGOs and international bodies to promote freedom of expression in Ecuador (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland);  ensure that Decrees No. 982 and No. 812, with regard to the freedom of association, freedom of assembly and freedom of expression, are not applied to block thelegitimate work of NGOs (Switzerland); make sure that the Presidential Decree No. 982 is not applied as a way to impede the work of human rights defenders (Austria).

Information received from the State:“Accusations of terrorism under Ecuadorian law cannot be comprehended under the international notion, especially the criteria on terrorism handled by UNODC, since they have different notions and considerations of applicability by virtue of the different historical moment in which the offense was typified in Ecuador.In this sense, it appears that the terms applied by the Ecuadorian Criminal Code are unrelated to the international concept of terrorism.On the other hand, in the case of those who participate in social protests resulting in the destruction of public property and services and their performance incurs in criminal actions, the National Police applies Ministerial Agreement No.1699 of the Ministry of the Interior dated 18 August 2010 which regulates and has institutionalized the Progressive and Differential Use of Force”.

Acts of default:

  • In 2012 10 left-wing young activists (the Luluncoto 10) were arrested when they had gathered to organize a peaceful march.They were originally accused of flagrant offenses but these could not be proven. They were the linked without any evidence to the explosion of pamphlet bombs in the city of Guayaquil.Finally, the National Court of Justice sentenced them to one year in prison for the crime of attempted terrorism, changing the criminal offense for which they were originally charged.
  • Within the framework of the “Luluncoto 10″ case, the relatives of the accused were victims of multiple acts of harassment, surprise seizures and arbitrary raids at their homes by the police, sometimes without a warrant from a relevant authority.
  • In August 2012 peasant leaders Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán and EfraínArpiwere sentenced to eight days in prison by the National Court of Justice for the crime of blocking public roads and the obstruction of basic services after carrying out a protest on the streets in 2010 against the Water and Mining Law in defense of the Kimsacocha reserve.
  • In May 2012 the Confederation of Indigenous Nationalities CONAIE presented to the Assembly an Amnesty request for 129 indigenous leaders who currently face prosecution because of their protest and social organization activities.23 accusations, of which 17 are criminal, 2 civilian and 4 administrative actions.In the case of the criminal accusations, 6 are for sabotage and terrorism.
  • In March 2013 several young students from the Central Technical School were arrested after participating in a public demonstration in protest of the curriculum reform that would prevent students from obtaining technical diplomas on graduation.There will be a hearing when the prosecutor’s charges will be announced on 12 June.Several of the accused are minors.The president has used his Saturday program Enlace Ciudadano to order that students “should be expelled” and “prosecuted to the full extent of the law”.
  • Since 2012 President Correa has been threatening to expel from Ecuador the U.S. Agency for International Development USAID, claiming that it funds destabilizing acts.USAID provides funds to 16 projects in various areas.
  • In September 2012 the government formalized the expulsion of 26 international NGOs, claiming a breach of their operational plans or that they had completed their operations in the region.16 more were given the order to sign a new agreement.In May 2013 it was reported that 26 NGOs must update their data in accordance with the provisions of Executive Decree 812 of 2011 and that they are at risk of being expelled from the country.

4. Recommendations concerning the adaptation of criminal law on matters of freedom of expression and the use of types of offenses that criminalize information and opinion.

Recommendation:Undertake a review of existing and proposed legislation relating to freedom of expression and media freedom to ensure its alignment with international standards, and more specifically, eliminate any existing criminal defamation provisions, also known as desacato [contempt] laws (Canada); decriminalize defamation and make the necessary amendments in this regard, in line with Inter-American and international standards (Norway); repeal all legal provisions that contravene international norms on freedom of expression, especially all insult laws and all norms that criminalize defamation of public officials and institutions (Latvia); align criminal legislation on insult and defamation with international standards governing freedom of expression.It hoped that these important elements would be taken into account in the ongoing reform of the Penal Code (Belgium); guarantee in all circumstances the independence of the media and take the necessary measures in order that domestic legislation on the offense against honor and defamation does not undermine the freedom of expression (France); consider taking measures to guarantee freedom of expression, particularly the freedom of the press and to harmonize national legislation in this area with international norms (Costa Rica); stick to its international commitments, particularly to article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (Estonia).

Information received from the State:None

Acts of default:

  • Articles230 and 231 of the Criminal Code establish criminal categories akin to contempt protecting the honor of the president and several public officials.The crimes categorized as slanderous and non-slanderous offenses, contained in Title VII of the Code on crimes against honor, contain open provisions that do not exclude from their scope of application either public interest issues or public officials.In practice they have been used by these to silence the press or critical opponents who report acts of corruption.
  • The Organic Comprehensive Criminal Code bill has maintained the criminal categories of contempt under other names and increased its scope of application to other situations not covered by the Code of 1998.
  • In addition, the bill incorporates other criminal categories that without being related to crimes against honor affect the exercise of freedom of expression:political harassment, rebellion, offenses against national symbols, insubordination, instigation, etc., could affect the exercise of freedom of expression because of their extent and vagueness.
  • The Communications Bill that will shortly be approved by the Assembly contains provisions that regulate the ethics of the media and journalists from the State, establishes programming quotas and regulate content.It could lead to the creation of a supervisory body whose independence from the Executive is being questioned and whose competency is not clearly defined.
  • Other laws and non-criminal regulatory bodies have also been approved with the aim of silencing debate and criticism.The Organic Electoral and Political Organizations’ Law (Democracy Code), whose last reforms took effect in February 2012, included provisions that lessened the press’ ability to report and express opinions during electoral periods.In October 2012 the Constitutional Court declared the partial unconstitutionality of the Reforms but kept in force the provisions prohibiting the press to “express an opinion for or against any candidate”.
  • In regard to legal proceedings and judicial harassment against journalists presented as further liability, in 2012 there were 11 lawsuits in different forums:criminal, judicial, electoral contentious and constitutional.Also included are actions initiated by the Prosecutor’s Office.These processes were initiated after an opinion was expressed or information on matters of public interest was reported, a political position within an electoral process was declared or allegations of corruption were made.They all ended with convictions against the journalists or media outlets that were prosecuted.So far in 2013 three cases of sentences issued by high courts have been reported that threaten adherence to the right to free expression.

5. Recommendations related to the protection that the press and human rights defenders should have against acts of persecution and harassment, as well as guarantees for the work of NGOs in the country.

Recommendation:Create an enabling legal environment for civil society organizations to contribute to democratic governance by creating entry points for dialogue and refraining from restricting their freedom to operate independently and freely (Canada); facilitate that different civil society actors express their views and opinions with responsibility and objectivity (Holy See); protect human rights defenders and journalists against harassment and attacks and fully ensure freedom of assembly (Latvia); (Luxembourg); allow national and international human rights organizations the space to undertake their non-violent advocacy, campaigning, reporting and investigative work and that the Government of Ecuador engage constructively with human rights defenders in seeking solutions to address Ecuador’s human rights challenges (Norway).

Information received from the State:None

Acts of default:

  • Since April 2012 the president of the Republic and several public officials have accused Fundamedios of being “guards of the Empire” and of engaging in acts to “destabilize the State”.The allegations emerged through a diplomatic cable from the U.S. Embassy in Ecuador, which indicated that certain information had been provided by a “watchdog” organization.These accusations have persisted to date.The accusations also refer to an alleged triangulation of funds and subversive acts.Within the framework of these accusations some public officials have threatened to initiate investigations against Fundamedios, but have not provided any information about the existence of such processes.

The Ecuadorian president has engaged in similar actions to discredit and ridicule the president of the Ecumenical Human Rights Foundation, Elsie Monge, and the president of CONAIE.In 2102 Fundamedios reported that 20.8% of aggressions were acts of verbal harassment by the president and several public officials and so far in 2013 15 acts of harassment against the press have been reported and the use of national chains to insult, discredit or harass the press and human rights defenders constitutes 17,19% of reported aggressions.