Comunicados

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Más  de 837 procesos se han tramitado ante la Supercom en contra de medios de comunicación y periodistas desde octubre del 2013 hasta mayo del 2017 a causa de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). 524 terminaron en sanción: 323 fueron multas, 136 amonestaciones escritas y 54 disculpas públicas.
Estos resultados serán analizados por expertos y afectados en el foro público Resistiendo a la Censura: 4 años de la Ley Mordaza, que se llevará a cabo el próximo jueves 22 de junio, a las 17:30 en el auditorio Julio Tobar Donoso de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
El evento presentará dos paneles que evaluarán los resultados, recogerán los testimonios de las víctimas y las reformas a la LOC. El primero estará conformado por expertos, académicos y víctimas de la Ley, donde se hará un recuento en cifras de los procesos tramitados por la Supercom y las Intendencias Zonales, junto con un breve análisis de las sanciones más controversiales en contra de medios de comunicación y periodistas desde el año 2013.
El segundo panel contará con la presencia de asambleístas y representantes de la sociedad civil, quienes discutirán las reformas necesarias a la LOC, con el fin de garantizar derechos básicos como la libertad de expresión y la libertad de prensa  para mejorar la situación general en el Ecuador, que se ha venido deteriorando severamente los últimos años.
El foro público busca continuar con el debate respecto a este crucial tema para las libertades de expresión y prensa en el país, más aún en momentos en que toma fuerza la idea de reformar la Ley.

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Reciba esta carta en representación de las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes que defienden y promueven los Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza en nuestro país.

En primer lugar, deseamos expresar los deseos de éxito para su administración, en beneficio del país y de sus ciudadanos y como organizaciones de la sociedad civil nos mostramos dispuestos a establecer un diálogo respetuoso y basado siempre en la defensa de los principios democráticos y de defensa de los Derechos Humanos.

Es precisamente por esta convicción democrática, misma que debe caracterizar el ejercicio de su cargo, que manifestamos a usted nuestra profunda preocupación por la postulación del Dr. Alexis Mera Giler, como uno de los siete miembros del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). Este organismo internacional ha sido concebido como el mayor referente en el impulso de reformas en los sistemas de justicia de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Si bien el Doctor Mera tiene, sin duda, méritos personales y profesionales, el irrespeto sistemático a la Constitución vigente, a tratados internacionales y a principios universales del derecho, así como un discurso misógino que ha estigmatizado a un grupo tan amplio de la población como son las mujeres; también contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, caracterizaron el paso del Dr. Mera por la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Las elecciones para ocupar el cargo antes mencionado se llevarán a cabo entre el 19 y el 22 de junio, en la próxima Asamblea General de la OEA.

Creemos que una representación tan importante no puede ser promovida por su Gobierno que ha iniciado un proceso de transición hacia una democracia más plena, por eso solicitamos a usted, que considere el retiro de esta postulación, pues la sola presencia del Dr. Mera como candidato ante tan prestigioso organismo sentaría un grave precedente en la defensa de los Derechos Humanos para un Gobierno que es visto de forma muy favorable por la comunidad internacional.

Firmantes:

1. Plataforma por la Defensa de la Democracia y los DDHH en Ecuador

2. Mujeres por el Cambio

3. Fundamedios

4. Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

5. Ecuador Unido en Resistencia

6. Mujeres Libres

7. Frente de Resistencia Civil del Ecuador (FRE)

8. Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

9. Internacional de Servicios Públicos en el Ecuador

10. Fundación Dayuma

11. Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador

12. Asamblea de Quito

13. ACDemocracia

14. Confederación Kichwa del Ecuador—ECUARUNARI

15. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI

16. Red de Mujeres Políticas del Ecuador

17. Fundación Ciudadanía y Desarrollo

18. Observatorio Ciudadano Electoral

19. Nosotras por la Democracia

20. Nelson Reascos Vallejo

21. María José Calderón, PhD

22. Rosario Utreras

23. Isabel Proaño

24. Julio Echeverría

25. Jaime Vintimilla Saldaña, docente

26. Manuel Jiménez Carrera

27. Marisol Rodríguez Pérez

28. Pablo Piedra, docente de la escuela de Derecho UDLA

29. Mariana Neira

30. Observatorio de Derechos y Justicia

Documentos asociados

Carta a Lenín Moreno PDF

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Loja, una de las ciudades más importantes del Ecuador en la zona limítrofe con el Perú se ha convertido en una zona peligrosa para ejercer el periodismo.

Todo debido a las actividades contra la libertad de prensa y la libertad de expresión de su alcalde, José Bolívar Castillo. “Castillo se ha convertido en un  tiranuelo autoritario que ha planteado decenas de juicios contra todo el que ose criticarlo, ha movilizado empleados municipales para acallar hasta las paredes y ha convertido a Loja en la zona más peligrosa para ejercer el periodismo en el Ecuador” dijo César Ricaurte, director de Fundamedios, quien actualmente es residente en Estados Unidos, al referirse al prontuario de agresiones contra la prensa que acumula el actual alcalde de Loja y que lo convierte en el mayor depredador de la libertad de expresión, en el Ecuador.

El recuento de hechos acompaña estos comentarios:

  1. PRIMER JUICIO Y SENTENCIA CONTRA FREDDY APONTE.

Freddy Aponte Aponte,  periodista de radio Luz y Vida, de la ciudad de Loja,  fue sentenciado a 6 meses de prisión por la III Sala de lo Penal de la ex Corte Suprema de Justicia (hoy Corte Nacional de Justicia), el pasado 25 de septiembre de 2008,  acusado de los cargos de injuria calumniosa en la querella interpuesta por el ex alcalde de Loja, José Bolívar Castillo Vivanco. Aponte es acusado de haber emitido falsas acusaciones contra el burgomaestre el 18 de junio del 2007 en el marco de una entrevista al ex diputado Oswaldo Burneo en su programa matinal de opinión Primer Plano. Según Castillo, Aponte lo tildó de ‘ladrón’, acusación que el periodista niega haberla emitido, pero que le costó un juicio por injurias. El periodista cumplió su condena de prisión el año pasado y fue procesado cuando se desempeñaba como Director del programa de opinión “Primer Plano” de Radio Luz y Vida de Loja .

  1. AMENAZAS A COMUNICADOR

El lunes 09 de marzo de 2009, Lenin Paladines Salvador, Director de RadiO Centinela del Sur de la ciudad de Loja  fue amenazado con ser enjuiciado penalmente por José Bolívar Castillo Vivanco, candidato a la alcaldía de esa ciudad, por no invitarlo a participar en su programa. La amenaza de Castillo fue presentada al comunicador mediante una carta donde le solicita intervenir en la emisora por media hora como réplica ante supuestos ataques a su candidatura.

  1. SEGUNDO JUICIO PLANTEADO CONTRA FREDDY APONTE

El 17 de febrero de 2009, José Bolívar Castillo inició un segundo juicio en contra de Freddy Aponte, por daño moral. El proceso fue consecuencia de la sentencia de última instancia dictada el 25 de octubre de 2008, que lo condenó a 6 meses de prisión, indemnización por daño moral y pago de costas procesales por 1.500 dólares.

  1. SEGUNDA SENTENCIA CONTRA FREDY APONTE

El Periodista Freddy Aponte Aponte fue sentenciado en febrero de 2009, a pagar 54.633,00 dólares, producto por un juicio seguido en su contra por daño moral, interpuesto por el ex alcalde de Loja, José Bolívar Castillo. Aponte reconoció no haber podido cancelado los valores “por carecer de recursos”.

  1. TERCER JUICIO PLANTEADO CONTRA FREDDY APONTE

Por el no pago de la multa impuesta en sentencia de febrero pasado, Aponte afronta un tercer juicio por la vía penal, interpuesto, en el 2009, por el mismo Castillo, quien lo acusa de los cargos de insolvencia fraudulenta, proceso que se tramita ante el Juez IV de Garantías Penales de Loja, Wilson Jaramillo.

  1. TERCERA SENTENCIA CONTRA FREDDY APONTE

El 27 de julio de 2011, el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja, declaró culpable al periodista Freddy Aponte, por insolvencia fraudulenta, tras el no pago de una indemnización de cerca de $55 000 al ex alcalde de esa ciudad, José Bolívar Castillo, producto de un juicio anterior, por daño moral, que a su vez siguió a un juicio por injurias.  El 20 de agosto de 2012 la Sala de Conjueces de la Corte Provincial de Justicia de Loja sentenció a cinco años de prisión al periodista Freddy Aponte, tras ratificar, por escrito, la condena de primera instancia. El 26 de marzo de 2013, la sala Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró inocente al periodista Freddy Aponte.

  1. CUARTO PROCESO CONTRA FREDDY APONTE

Tras la declaratoria de inocencia del periodista, Bolívar Castillo interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional respecto a la acción contra la sentencia absolutoria de Aponte. El 13 de noviembre de 2014 la Corte Constitucional aceptó La acción extraordinaria y declaró “la vulneración constitucional al debido proceso en su garantía de la motivación” y, como medida de reparación integral, dispuso dejar sin efecto el fallo emitido por la Corte Nacional de Justicia, el pasado 26 de marzo de 2013. La Corte Constitucional no dio más argumentos jurídicos.

  1. QUINTO JUICIO CONTRA FREDDY APONTE

El 26 de septiembre de 2013, el Juzgado Sexto de Garantías Penales de Pichincha admitió a trámite la demanda por injuria no calumniosa grave interpuesta por el asambleísta Bolívar Castillo, contra el periodista lojano Freddy Aponte. Con este, suman cinco los procesos legales que ha seguido Castillo en contra del comunicador. En su demanda, Castillo acusa a Aponte de haberlo injuriado durante una entrevista realizada el 25 de junio de 2013, en el programa Contacto Directo de Ecuavisa. En junio de 2014, El juzgado Sexto de Garantías Penales de Pichincha declaró en abandono la acusación particular que, por injuria no calumniosa grave, presentó Bolívar Castillo.

  1. ALCALDE SUSPENDE TRANSMISIÓN RADIAL

El 21 de agosto de 2014, José Bolívar Castillo, alcalde de Loja ordenó suspender la transmisión radial de una sesión del Concejo del cabildo porque, según dijo, “no va a permitir que se conviertan en show”. Estas sesiones son normalmente transmitidas en la radio Municipal, por disposición de una Ordenanza local que obliga a su difusión.El portal de SRRADIO informó que en dicha reunión se programó, entre otros temas,  el debate de la reforma del presupuesto prorrogado del 2014, el cual habría incomodado al Alcalde y ciertos concejales, quienes decidieron suspender la transmisión radial.

10. CASTILLO OBLIGA A PUBLICAR RECTIFICACIÓN

El 25 de febrero de 2015, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) ordenó a diario La Hora, edición regional de Loja publicar una rectificación y disculpas públicas al alcalde de ésta ciudad, Bolívar Castillo, quien denunció al medio de comunicación por supuestamente incumplir con un pedido de rectificación realizado el 21 de enero por una nota periodística referente al uso de toletes eléctricos por parte de la policía de esa municipalidad. La Supercom resolvió que el diario La Hora incumplió con el artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) sobre la obligación de los medios a rectificar información “cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información”.

11. CASO DE CENSURA PREVIA CONTRA LA HORA

El 23 de marzo de 2015, el alcalde de Loja José Bolívar Castillo Vivanco y el procurador Síndico del Municipio de esa ciudad, Álvaro Reyes Abarca, interpusieron una denuncia ante la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), en contra del Diario La Hora por considerar que el medio no dio suficiente cobertura a la rendición de cuentas del Alcalde que se llevó a cabo el 23 de enero de 2015 y que fue publicada por el rotativo el 24 de enero de 2015 y el día 25 de febrero de 2015 respectivamente. Según Castillo, el medio habría infringido el artículo 18 y 10, numeral 3, literal f) de la Ley  Orgánica de Comunicación (LOC) referentes a la prohibición de censura previa.El 13 de mayo de 2015, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), sancionó a Diario La Hora con una multa de USD 3540

12. CASO JEANNINE CRUZ

El 20 de noviembre la Unidad Judicial Penal de Loja –ubicada en la frontera sur del país- admitió a trámite la demanda que planteó el alcalde de la ciudad, José Bolívar Castillo, en contra de la concejala Jeannine Cruz, por un video y un mensaje que publicó en su cuenta personal de Twitter @Jeanninecruzz. Castillo pide que se procese a la edil bajo el artículo 396 del Código Penal, el cual establece una pena de 15 a 30 días en prisión para la persona que “por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra”. El 4 de enero de 2016, el juez Oswaldo Saritama condenó a 30 días de prisión contra la concejala .

13. SE BORRAN FRASES EN EXTERIORES DE CANAL POR ORDEN DE CASTILLO

El 12 de enero de 2016, Obreros municipales, junto a  un inspector del ornato  llegaron a los exteriores del dos veces allanando y actualmente impedido de transmitir en señal abierta canal Ecotel TV en Loja para borrar, con pintura, frases alusivas a la libertad de expresión que habían sido escritas en sus muros días atrás, luego del allanamiento e incautación de los equipos de ese medio de comunicación, que permanece fuera del aire tras el retiro de su frecuencia. En diálogo con Fundamedios, Ramiro Cueva, director y propietario del canal aseguró que los personeros municipales intentaron en tres ocasiones borrar las frases escritas en los exteriores del medio de comunicación. Primero llegaron el domingo en horas de la madrugada, luego el lunes, pero debido a la calidad de la pintura utilizada no consiguieron su objetivo, hasta que finalmente el martes al mediodía borraron dichas frases con esmalte.

14. SEGUNDO PROCESO CONTRA JEANNINE CRUZ

El 7 de marzo de 2016 se admitió a trámite la acción penal por calumnias interpuesta por el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, en contra de la concejala de esa ciudad, Jeannine Cruz. La edil cumple actualmente una pena de un mes en prisión por otra acción que planteó Castillo “por faltar a su honra” a través de redes sociales. Este segundo proceso penal fue planteado por los comentarios vertidos por Cruz en una entrevista el pasado 3 de febrero de este año, en el programa “Los desayunos de 24 Horas” en el canal de televisión Teleamazonas, en la que se refirió al primer juicio y a las pruebas que presentaría en su defensa.

15. PRESIONES PARA LA SALIDA DE UN COMUNICADOR

El periodista Wilman Morocho denunció que fue despedido de Radio Satelital de Loja, la tarde del viernes 7 de abril de 2017, tras supuestas presiones ejercidas por el Alcalde de esa localidad, ubicada al sur del Ecuador.En diálogo con Fundamedios, Morocho aseguró que tras siete años al frente del noticiero de ese medio de comunicación fue informado que, por problemas económicos, no podía continuar laborando. Sin embargo, el comunicador sostuvo que esta acción responde directamente a presiones ejercidas por el Alcalde José Bolívar Castillo, debido a su postura crítica, tanto desde el noticiero radial, como desde una página de Facebook, “Sin tapujos”, desde la que, a título personal, ha cuestionado la labor del Burgomaestre y sus contradicciones. Como antecedente, Morocho comentó que desde enero, supo que el Alcalde pedía su salida, lonual quedó evidenciado en una nota que fue difundida por Ecotel TV.

16. IRRUMPE EN NOTICIERO

El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo irrumpió en el programa radial Primer Plano, conducido por el periodista Freddy Aponte, en radio Zapotillo para imponer una “réplica”.  La irrupción ocurrió sin previo aviso, cuando el Burgomaestre de esa ciudad fronteriza ubicada al sur del país llegó a la emisora la mañana del 26 de abril de 2017 y pidió micrófonos. El Alcalde llegó a la emisora cerca de las 07:30 de la mañana y exigió hablar en la radio, a lo que el periodista se vio obligado a acceder pese a que eso le implicó cambiar y mover las entrevistas que tenía programadas para ese día.

17. MEDIDAS CONTRA ACTIVISTA Y BLOGUERO

El matemático, activista y bloguero Bolívar Loján fue prohibido de utilizar medios informáticos como parte de una medida cautelar dictada en el marco de un proceso judicial que se sigue en su contra, por el supuesto de delito de perjurio. El delito se habría cometido en la participación de Loján como testigo en el proceso que siguió el alcalde Loja, José Bolívar Castillo, contra la concejala Jeannine Cruz, por supuestamente haber “proferido expresiones de descrédito o deshonra” en redes sociales. Es el mismo alcalde de Loja quien plantea la acción en contra del activista, quien podría enfrentar una pena de cárcel de hasta tres años, según el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal.

Por todas estas acciones, Fundamedios designa a Castillo como el “Mayor Depredador de la Libertad de Prensa en el Ecuador” actualmente e insta a todos los gremios y asociaciones de medios y periodistas a rechazar las acciones del Alcalde Loja y a los ciudadanos a pronunciarse abiertamente contra un Alcalde que ha contradicho las condiciones democráticas de su elección.

Por último exhortamos al mismo José Bolívar Castillo a que entienda que su cargo exige un espíritu democrático de tolerancia a las expresiones críticas y a entender que ser alcalde de una ciudad no es ser el dueño de una hacienda colonial, dónde puede vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos a su antojo.

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¿Qué tienen las organizaciones de la sociedad civil que molestan tanto al poder? Bueno, al menos al saliente, ya que lo registrado en los últimos cuatro años es insólito. La respuesta viene del lado de los cuestionamientos incómodos al poder en ámbitos como respeto a derechos básicos o simples desacuerdos frente a las políticas de Estado.

En 2013 se disolvió a la Fundación Pachamama y en 2016, a la Unión Nacional de Educadores –UNE-. Esto es bien conocido por todos. También se intentó disolver a las ONGs Fundamedios y Acción Ecológica, pero no han sido casos aislados. Cuando Correa firmó los decretos 16 y 739 nos metió gato por liebre: estos supuestamente estaban hechos para organizar mejor al sector civil. Pero no fue así. Estas disoluciones son la punta del iceberg de un mecanismo creado desde el Ejecutivo para controlar, acallar y limitar a las organizaciones de la sociedad civil, vulnerando el derecho fundamental a la libre asociación, incluido en tratados internacionales y en la Constitución.

Las alarmas saltaron por tres causales de disolución incluidas en tales decretos:  desviarse de los fines para los que fueron constituidas; dedicarse a actividades políticas partidistas; y atentar en contra de la seguridad del Estado. Sin embargo, estas no son las únicas instrumentalizadas para tal propósito. A la UNE la disolvieron por “no registrar la directiva”, pese a que lo hizo. Y lo volvió a hacer, y se lo volvieron a negar valiéndose de un sinsentido legal kafkiano.

Estos absurdos no son patrimonio de los procesos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) al ser disueltas. Obtener un dato exacto acerca de cuántas OSC realmente han sido disueltas desde 2013 es como entrar a un laberinto sin salida. Tratar de levantar datos a través del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales –SUIOS- se convierte en una tarea ingrata. Quién diría que fue creado para organizar en una sola plataforma la información y los procesos relacionados a las organizaciones, y que fue la razón de ser de los Decretos 16 y 739:

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Según estos decretos/reglamentos, el sistema debía contar con una plataforma de registro de las organizaciones -RUOS por sus siglas- a través de un portal web. El portal existe, sí, y  supuestamente tiene los registros de todas las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Pero cuando uno entra se entera de que no hay criterios de búsqueda, por lo que para determinar cuántas son las organizaciones que se hallan en estatus de “disueltas” habría que hacer una búsqueda manual, siendo que son nada más que 9mil páginas. A cincuenta páginas por día, hagan las cuentas.

Digamos que si algún día lográsemos terminar tal labor, lo lógico sería tener datos fidedignos acerca del número de organizaciones sociales registradas a nivel nacional. Pues no. La investigación realizada por Fundamedios dice lo contrario: la información que arroja el sistema es inexacta y no es de fácil acceso público. Entonces, si los decretos 16 y 739 no han servido para establecer el correcto funcionamiento del SUIOS, como consta en el reglamento, ¿para qué han servido en realidad? ¿Estamos frente a un despropósito?

Para responder esta pregunta primero hay que analizar los datos cotejados para esta investigación. Como ya sabemos, el proceso de obtener datos a través de la plataforma SUIOS pone a prueba la paciencia de cualquiera, y por eso se enviaron oficios solicitando información a varios ministerios y a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, que es la entidad encargada de manejar el sistema de registro. Aquí empiezan las imprecisiones.

Según la información proporcionada por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, al 27 de abril de 2017, el número de organizaciones de la sociedad civil registradas en el SUIOS es de 91.034. No obstante, la cifra arrojada por la plataforma web en una fecha cercana era de 90.148. Casi mil menos. A fecha actual aún no se equiparan esas cifras… y se supone que la información pertenece a la misma plataforma. Que alguien lo explique.

Ministerios-2Fig. 1

En la infografía se observa el número de organizaciones registradas en cada ministerio o secretaría, y hay un apartado para las organizaciones registradas -se sobreentiende- directamente en la plataforma, las cuales estarían en proceso de actualización. Según el reglamento, todas las organizaciones deberían registrarse directamente en la plataforma.  ¿Duplicidad de acciones? Sí. Y recursos desperdiciados, también. El 70% de organizaciones estarían a la cola en el proceso de registro:

Fig.-3Fig. 2

Aunque los datos que proporcionó la Secretaría acerca del número de organizaciones disueltas y liquidadas desde 2013 estuvieron firmados, sellados y sumillados por varios funcionarios que, tras varias llamadas en espera y derivaciones a uno y otro departamento, aseguraron formalmente que estos eran, vamos a tener que olvidarnos de ellos más adelante. Ya entenderán por qué:

Fig.-2

Fig. 3

Cuarenta y ocho organizaciones disueltas por ahora no suena a mucho, más si la mayoría serían disoluciones voluntarias (40), según los acuerdos ministeriales que adjuntó la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. De las cuatro restantes no se conoce la causa de disolución pues “no se dispone el acuerdo ministerial en razón de que el ministerio o secretaría correspondiente actualizó el estado jurídico a disuelta”, según el oficio enviado por dicha cartera.

Es el mismo caso con las organizaciones liquidadas: tres serían  voluntarias, y la última no tendría el acuerdo ministerial, pues “el ministerio o secretaría está en proceso de carga de información al sistema”. Como se aprecia, un sistema bastante efectivo y funcional.

Se trató de rastrear a las organizaciones sin causa conocida de disolución, pero no se obtuvo mayor información que la proporcionada por el SRI. Todas constan con su RUC pasivo y el local registrado como cerrado. Tres de estas organizaciones se dedicaban a actividades de carácter social, una era una asociación de profesores y la última realizaba actividades de enseñanza post universitaria.

En la lista proporcionada por dicha secretaría, no consta ni la UNE ni la fundación Pachamama. Pero, ¿no fueron estas las primeras organizaciones disueltas? ¿Desapareció su registro entre las pilas de archivos ministeriales? Nunca lo sabremos.

Pese a lo engorroso del proceso, en Fundamedios insistimos en hacer un análisis manual de datos al 35% de las organizaciones enlistadas en la página web del RUOS (imposible hacerlo al 100% sin perder la paciencia). Encontramos 27 organizaciones disueltas, la mayoría registradas en el MIES y domiciliadas en la provincia del Guayas. No obstante, solo diez de ellas constan en la lista de organizaciones disueltas enviada por la Secretaría de Gestión de la Política. Se supone que ambos datos salen del mismo SUIOS. Insólito.

Por otro lado, el motivo de disolución no está disponible en la web del sistema, pero existe un antecedente: en julio de 2016 el Ministerio de Educación inició el proceso de disolución de nueve organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la UNE y el Comité Central de Padres de Familia del Colegio Montúfar, ambas con posiciones críticas frente al Gobierno. Salvo la UNE, al resto se las iba a disolver por hallarse supuestamente inactivas.

Estos datos se cotejaron con la lista actualizada de organizaciones disueltas que se solicitó al Ministerio de Educación, y en efecto constan como disueltas ocho de esas nueve organizaciones, menos el Comité de Padres de Familia del Montúfar, que a día de hoy consta en estatus de registrado en la página del RUOS, pero su hoja de registro está vacía y no existe el acuerdo ministerial. En el SRI su estado es pasivo y el estado del establecimiento consta como cerrado, por lo que parecería que tal comité existe y no existe a la vez.

En busca de una respuesta a tanta inconsistencia, conversamos con un funcionario de la Secretaría de Gestión de la Política, quien señaló que la razón principal de disolución de las OSC, además de la voluntaria, es la inactividad o el no haber presentado toda la documentación requerida para su registro o actualización. Pero, como ya imaginábamos, no hay información total levantada al respecto.

La mayor respuesta a estos misterios numéricos vino de coincidencia, cuando una funcionaria del Ministerio de Agricultura -MAGAP- comentó que el SUIOS no funciona adecuadamente, y que desde la aplicación del decreto 16, los trámites y requisitos para el registro de las organizaciones de la sociedad civil se volvieron una traba.

“La funcionalidad del SUIOS era importante en el Decreto 16, pero con el 739 le quitaron importancia al sistema. Antes era requisito que las organizaciones se registren en él, pero por las complicaciones que hubo, en una reunión se llegó a un acuerdo en el que cada ministerio se comprometía a subir en el sistema la información de las organizaciones que se registren en cada entidad”, explicó.

Pero esto no quedó ahí. La misma funcionaria fue más allá y de plano dio a entender que la plataforma SUIOS es un fracaso. En el ministerio en el que labora, por ejemplo, no se ha dado seguimiento a la actualización del sistema. “No ha habido el interés ni se ha puesto empeño en ello”, agregó de la forma más tranquila. Lo curioso, por decir lo menos, es que tal Ministerio desarrolló su propio sistema, el Registro de Organizaciones del Multisector –ROM-, que pese a tener un registro completo de las organizaciones inactivas, no posee datos consolidados acerca de las organizaciones disueltas por el MAGAP. ¿Un sistema paralelo? Más recursos públicos.

El MAGAP fue uno de los seis ministerios a los que se solicitó información acerca de las organizaciones registradas y disueltas, de los cuales solo tres respondieron con la información completa. El resto o acudió a leguleyadas para no dar la información, o simplemente declaró no tenerla levantada.

Ahora sí, veamos por qué debíamos olvidarnos de las 44 organizaciones disueltas que nos había dicho la Secretaría de Gestión de la Política. Son muchas más:

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Si se hace una comparación entre los datos de la Fig. 1 proporcionados por la Secretaría de Gestión de la Política y los datos de la Fig. 4, claramente se aprecia que las cifras no coinciden ni en el número de organizaciones registradas, ni en el número de disueltas. Respecto a esto último, sólo en los tres ministerios que respondieron a la petición de información, la cifra total (445) es diez veces mayor a la proporcionada por el SUIOS (44).

¿Más explicaciones? Según el funcionario de la Secretaría de la Gestión de la Política que consultamos para esta investigación, la diferencia entre los datos subidos al SUIOS y los que poseen los ministerios es porque, en efecto, cada ministerio está encargado de actualizar esta información y que se demoran en hacerlo… si es que lo hacen. Recordemos lo dicho por la funcionaria del MAGAP.

Ahora, vamos a lo preocupante. Si tanto el decreto 16 como el 739 fueron creados para crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales (de hecho, así se llama dicho reglamento), y este claramente no cumple su objetivo, ¿para qué se busca convertirlo en ley? En la entrega anterior de este reportaje se consultaron varios expertos que coincidieron en que se trata de una ley que busca limitar, perseguir y anular a las organizaciones de la sociedad civil, pese a que su propósito inicial era el de organizar un sistema que a las claras mal funciona.

Como se mencionó anteriormente, la funcionaria del MAGAP consultada reveló que los procesos y requisitos impuestos por los decretos 16 y 739 se volvieron tan engorrosos e imposibles para el registro y funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, que ellos simplemente decidieron pasarlos por alto y crear su propio sistema, lo cual suena absurdo por donde se lo mire.

Con todo los datos analizados, podemos concluir que, si de las aproximadamente 90mil organizaciones registradas en el SUIOS, la mayoría están en proceso de registro y son solo 18mil las realmente registradas, y de ellas, hay que determinar las que están en estado activo (solo en el MAGAP hay más de 1.900 inactivas), la cifra de 445 organizaciones disueltas cobra gran relevancia, y eso que solo pertenecen a 3 de los 28 ministerios en los que se registran las OSC.

Estaríamos entonces frente a dos decretos que hoy están próximos a convertirse en el Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, los cuales básicamente han desvirtuado su supuesta razón de ser original para convertirse en un mecanismo de disolución de organizaciones de la sociedad civil, ya que, como pudimos constatar, es lo único que realmente funciona y se aplica de tales reglamentos.

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Fue estigmatizada por el presidente Rafael Correa como “gordita horrorosa” en 2007. Sin embargo, la periodista Sandra Ochoa, quien dejó este mundo físico la tarde del 10 de mayo de 2017 por los efectos de un cáncer, ha sido célebre, no solo por ser la primera reportera en increpar al Primer Mandatario por no responder preguntas de interés público, sino también por su trayectoria periodística y su talento para contar historias, así como por su profesionalismo y solidaridad, según han destacado sus compañeros y amigos.

La trayectoria de Ochoa incluye haber ganado el primer lugar del Premio Nacional de Periodismo Jaime Mantilla Ortega en 2005, por un reportaje  titulado: “Por la puerta trasera hacia Estados Unidos: un feroz viaje de inmigrantes en el mar”, que fue publicado en The New York Times. Además, Ochoa fue corresponsal en diario El Universo en Cuenca y una de las primeras corresponsales para Fundamedios en la zona austral. También fue editora general del semanario El Pueblo, de Gualaceo, reportera de radio Visión de Cuenca y docente universitaria.

El periodista cuencano Rubén Morocho, compañero de micrófonos en radio Visión y amigo personal de Ochoa, destacó su profesionalismo y calidad humana al considerar que “La gordita”, o “La Osita”, como la llamaban de cariño, era una persona muy solidaria, no solo con su familia, sino con sus colegas periodistas y la gente de la calle, con la que compartió hasta sus últimos días, desde su trabajo como reportera. Morocho destacó que su amiga era una persona alegre, que le gustaba bailar, cantar y reír. También alguien muy profesional y cumplia su trabajo a cabalidad, y siempre trataba de ser justa y buscar la verdad, por lo que, según dijo, no solo él y sus familiares y allegados han lamentado su muerte, sino toda la ciudad de Cuenca que está consternada con la noticia.

Ochoa falleció a los 44 años, en los que se dedicó a contar historias, aunque, según cuentan sus allegados, desde muy joven tuvo vocación religiosa y hasta ingresó a un convento para convertirse en monja, aunque luego prefirió estudiar periodismo y jurisprudencia, hasta obtener una Maestría en Docencia en la Universidad de Cuenca, y un Diplomado en Periodismo por la Universidad de Loja.

Fundamedios lamenta profundamente la muerte de Sandra Ochoa y se solidariza con sus familiares y amigos. Su fallecimiento es una pérdida para el periodismo ecuatoriano, no solo por su profesionalismo y solidaridad, sino por su calidad como ser humano.

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El Gobierno de Ecuador rechazó 19 de las 182 recomendaciones formuladas por 83 Estados que examinaron al país, durante el tercer Examen Periódico Universal (EPU), que tuvo lugar el 1 de mayo en la sede de la ONU, en Ginebra. El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos por el cual se evalúa a los Estados miembros, en el cumplimiento de sus compromisos internacionales sobre la materia.

La decisión se conoció este 6 de mayo durante la sesión de adopción del informe del EPU. De las 182 recomendaciones, 159 tuvieron el apoyo del Ecuador afirmando que ya están implementadas o en proceso de implementación, mientras que la posición de 4 de ellas quedaron diferidas y deberán conocerse hasta el 36 Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en septiembre de este año.

Las recomendaciones, que no fueron aceptadas por el Ecuador tienen relación con el respeto pleno y la garantía de los derechos de libertad de expresión y asociación (la revisión de la Ley Orgánica de Comunicación y otras normas como el Decreto Ejecutivo 16 y 739 que resultan restrictivas para el ejercicio de los derechos), así como la independencia de la justicia, con especial énfasis en la revisión de la figura de “error inexcusable” para sancionar a jueces.

María Fernanda Espinosa, Embajadora de Ecuador en la ONU cuestionó que el país ha recibido algunas recomendaciones sobre ciertos aspectos normativos o políticas públicas que “simplemente no existen o no corresponden a la realidad ecuatoriana”. Al respecto, la funcionaria afirmó que “es de fundamental importancia asegurar que este mecanismo mantenga su carácter constructivo, objetivo y no politizado, sin duda una de las formas de hacerlo, es asegurando que las recomendaciones que realicen los estados en el diálogo interactivo sean coherentes con las propias realidades internas y las buenas prácticas de los Estados que las proponen. Solo así el EPU podrá mantener su legitimidad y credibilidad. Por otra parte, creemos fundamental mantener el objetivo principal del Examen Periódico Universal como mecanismo en el que los países sean examinados bajo estándares de información objetiva y fidedigna”.

De las 182 recomendaciones formuladas, 36 corresponden exclusivamente al respeto y mejora de los derechos de libertad de expresión y asociación emitidas por los siguientes países: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Costa Rica, Estonia, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Liechtenstein, México, Perú, República Checa, República de Corea, Reino Unido, Suecia, Suiza y Ucrania.

A continuación puede revisar las recomendaciones formuladas por cada país en el siguiente cuadro:

RECOMENDACIONES EPU PDF

 

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Por el Día Mundial por la Libertad de Prensa, Fundamedios ratifica la voluntad de diálogo

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En 10 años, la libertad de expresión ha sufrido 2213 agresiones; los medios de comunicación han sido atacados en 1081 ocasiones y los periodistas, en 644. Estas cifras se traducen en el deterioro que ha sufrido este derecho fundamental durante la última década en el Ecuador, y que vale tomarlas en cuenta en este 3 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día Mundial por la Libertad de Prensa, puesto que, “no existe democracia sin prensa libre”.

Solo en este primer cuatrimestre del año, se han registrado 148 ataques a la libertad de expresión, siendo el mes de el más violento febrero, que coincide con la época electoral. Sin embargo, si comparamos con las cifras reportadas en el mismo cuatrimestre de 2016, el número de agresiones fue similar, aunque ligeramente mayor el año pasado, con un total de 160.

Las agresiones más recurrentes en este último cuatrimestre se han dado en el ámbito digital, que abarca la censura en Internet, hackeos y ciber acoso, con 29 casos; seguido por 23 casos de agresiones verbales y 19 por el uso abusivo del poder del Estado, lo que significa que cada vez, son más vulnerables los medios digitales y los ciudadanos que se expresan a través de redes sociales.

Esta primera radiografía del 2017 nos indica que el Estado, el encargado de promover y proteger la libertad de expresión, es el que más agrede, junto a los funcionarios públicos, puesto que las agresiones verbales siguen ocupando los primeros lugares, ahondando en el discurso estigmatizante en contra de medios y periodistas que han sido descalificados desde los enlaces presidenciales o cadenas nacionales.

En este 3 de mayo, Fundamedios ratifica la voluntad de diálogo con el Estado y todas la partes involucradas de la sociedad, con el fin de encontrar las vías idóneas para recuperar la libertad de expresión, un pilar fundamental de la democracia.

Para el efecto, la Organización, junto a la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) y la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) trabajaron en la denominada “Hoja de Ruta”, un proyecto que tiene el objetivo de trazar una serie de acciones ejecutivas, legislativas, judiciales y de otros sectores de la sociedad con miras a recuperar la libertad de expresión en el país. Este documento fue entregado formalmente a los candidatos Lenín Moreno y Guillermo Lasso el pasado 1 de febrero y se espera que el nuevo gobierno acoja estas sugerencias, en su compromiso para promover y proteger este derecho fundamental.

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La situación de los Derechos Humanos de Ecuador fue evaluada, por tercera ocasión, en el Exámen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se realizó en Ginebra el 1 de mayo de 2017. Durante la sesión, que duró 3 horas y media, 26 Estados emitieron observaciones y recomendaciones directamente relacionadas a la situación de la libertad de expresión, prensa y asociación en el país. De ese total, se registra que 12 Estados mostraron expresa preocupación por la libertad de asociación.

Canadá, México, Estados Unidos, Suiza, Costa Rica, República Checa y Bélgica observaron con preocupación la situación de la libertad de expresión y el trabajo de periodistas y medios de comunicación en el país, así como las restricciones al trabajo de las organizaciones en cuanto a la libertad de asociación. Fueron enfáticos en señalar las restricciones contenidas en la Ley Orgánica de Comunicación y en los Decretos Ejecutivos 16 y 739, solicitando expresamente su reforma o derogatoria, a fin de cumplir con los estándares internacionales contenidos en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Alemania enfatizó además en la criminalización de la protesta social, debiendo revisarse también disposiciones del Código Orgánico Integral Penal como las figuras de ataque y resistencia, sabotaje y terrorismo.

Además, Estados como Australia, Botswana, Brasil, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Montenegro, Holanda, Perú, República de Corea, Eslovaquia, España, Suecia, Ucrania y Reino Unido manifestaron su preocupación por las restricciones al ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, las garantías al trabajo periodístico, la situación de las organizaciones de la sociedad civil y las amenazas y represalias que sufren activistas y defensores de derechos fundamentales.

La delegación del Gobierno Nacional estuvo encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores Guillaume Long y por varios ministros y secretarios de Estado, así como por la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, y la vocal del Consejo de la Judicatura, Karina Peralta. Long, en su intervención final aseguró que pareciera que los Estados hablaron de un país distinto a Ecuador producto de la desinformación, que además es ocasionada por unas pocas organizaciones, financiadas desde el extranjero.

Hasta el miércoles 3 de mayo, el grupo evaluador conocido como “Troika” (integrada por Bolivia, República de Corea y Costa de Marfil) elaborará el informe con la evaluación y las recomendaciones recibidas durantes el EPU. El viernes 5 de mayo tendrá lugar la sesión de adopción del informe en la que el Estado se pronunciará al respecto.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que permite evaluar cada 5 años la situación de Derechos Humanos de los 193 países miembros de Naciones Unidas y así promover avances en la materia. En 2012 Ecuador tuvo su segundo Examen en el que recibió 24 observaciones relacionadas con el derecho a la libertad de expresión, por parte de 18 Estados que mostraron su preocupación por la situación de este derecho fundamental.

Los Estados que emitieron sus observaciones y recomendaciones sobre la situación de las libertades de expresión, prensa y asociación en Ecuador fueron:

Bélgica
Canadá
Botswana
Costa Rica
Brasil
República Checa
Estonia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
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México
Montenegro
Holanda
Perú
República de Corea
Eslovaquia
España
Suecia
Suiza
Ucrania
Reino Unido
Estados Unidos
Australia

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El próximo lunes 1 de mayo la situación de los Derechos Humanos de Ecuador será evaluada en Ginebra, por tercera ocasión, en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (EPU). La sesión empezará a partir de las 07h30 hora de Ecuador (14h30 de Ginebra), hasta las 11h00 (18h00 de Ginebra), y será transmitida en vivo a través del siguiente link: http://webtv.un.org.

El minuto a minuto de la sesión se puede seguir a través de la cuentas de Twitter y Facebook de Fundamedios (@fundamedios), y Rayuela Radio www.rayuelaradio.com con el hashtag #EPUEcuador.

Para evaluar el proceso estarán disponibles: César Ricaurte, director de Fundamedios (Móvil: 001-202-569-0403), Mauricio Alarcón, director de proyectos de la Fundación (Móvil: 092940542).

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que permite evaluar cada 4 o 5 años la situación de Derechos Humanos de los 193 países miembros de Naciones Unidas y así promover avances en la materia, correspondientes en cada nación.

El pasado octubre más de una veintena de organizaciones enviaron 16 informes sobre la situación de derechos humanos para el EPU de Ecuador. Hace cinco años el Ecuador se presentó ante su segundo examen donde recibió 134 observaciones, de las cuales 24 estuvieron directamente relacionadas con el derecho a la libertad de expresión; 18 Estados mostraron su preocupación por la situación de esta libertad fundamental en nuestro país.

La mayor parte de recomendaciones fueron realizadas por países europeos, Estados Unidos y Canadá quienes cuestionaron también los intentos de controlar a las organizaciones no gubernamentales; la criminalización de la protesta social; los lentos cambios en la reestructuración de la justicia y la falta de políticas agresivas para favorecer a sectores sensibles como niños y poblaciones indígenas.

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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la organización Freedom House presentaron este 28 de abril de 2017, sus informes anuales respecto a la libertad de expresión. Estos informes se emiten a días de que el Ecuador sea examinado por los países miembros de Naciones Unidas, en el cumplimiento de las medidas adoptadas para mejorar la situación de los Derechos Humanos en el país. Esta evaluación, denominada “Examen Periódico Universal, EPU”, se lleva a cabo cada cuatro años y este 1 de mayo será el turno del Ecuador, en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza.

Respecto al estado de la libertad de expresión en el Ecuador, la Relatoría dedicó 20 páginas distribuidos en nueve subcapítulos para detallar los casos de violaciones a este derecho fundamental que más le preocupan a este organismo, en su informe del 2016. Entre los subcapítulos se encuentran las amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación, protesta social, declaraciones estigmatizantes, responsabilidades ulteriores, Ley de Comunicación, Internet y libertad de expresión, uso de los derechos de propiedad intelectual para bloquear contenidos en Internet, diversidad y pluralismo y otras situaciones relevantes.

En dichos apartados se destaca, por ejemplo, la reiterada preocupación de la Relatoría en la aplicación de la Ley de Comunicación “por las gravosas restricciones que la ley establece y el amplio margen de discreción que le otorga a la autoridad de aplicación para restringir contenidos difundidos por medios”. Es así que en este último informe, la Relatoría reiteró que la ambigüedad en los términos de las restricciones y la cuantía exorbitante de las sanciones impuestas podrían generar un efecto amedrentador en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Ecuador.

En ese sentido, el informe de la Relatoría hace especial énfasis en los abusos al derecho a la rectificación y afirmó que a través de este mecanismo es posible obligar a un medio a difundir una información que no desea publicar. “El artículo 14 de la Convención establece condiciones estrictas para que proceda su imposición a los medios de comunicación social de modo de respetar las exigencias del derecho a la libertad de expresión. En efecto, entre otras cosas, el derecho no procede ante la mera mención de una persona en un medio de comunicación, sino ante afectaciones producidas por informaciones inexactas o agraviantes”, apuntó la Relatoría.

En esa línea y dentro del apartado “Diversidad y pluralismo”, la Relatoría se refirió al concurso de frecuencias que lleva a cabo la ARCOTEL, en donde aseguró que ha recibido información sobre las dificultades que habrían enfrentado las radios comunitarias, en especial aquellas en los lugares más alejados de la capital para participar en el concurso, toda vez que el formulario de postulación resultaba de un alto contenido técnico y no tenía en consideración características propias de las radios comunitarias.

La Relatoría recordó que la asignación de licencias de radio y televisión debe estar orientada por criterios democráticos y procedimientos preestablecidos, públicos y transparentes, que sirvan de freno a la posible arbitrariedad del Estado y que garanticen condiciones de igualdad de oportunidades para todas las personas y sectores interesados.

Los temas de derechos digitales también son de la preocupación de la Relatoría, por lo que se refirió a los ataques a portales informativos, en donde aseguró que el Estado debe “investigar cuando un sitio de Internet es objeto de ataques como, por ejemplo, los llamados Denial of Service Attacks (DoS). “Este tipo de agresiones informáticas pueden estar dirigidas a personas en particular o a medios de comunicación y pueden ser enormemente disruptivos para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, razón por la cual el Estado está obligado a investigar estos ataques y repararlos adecuadamente”

En su informe, la Relatoría  también se refirió al bloqueo de contenidos, a propósito de las reclamaciones que ha hecho la Secretaría de Comunicación, por supuestas violaciones a los derechos de Copyright, por lo que recordó que este tipo de acciones son “una medida extrema que debe evitar ser utilizada para restringir la difusión de discursos especialmente protegidos o que tienen presunción de protección cuando dicha presunción no ha sido desvirtuada por una autoridad competente que ofrezca suficientes garantías de independencia, autonomía e imparcialidad”

En cuanto a las intimidaciones sufridas por los periodistas y la criminalización a la protesta social, la Relatoría recordó casos como las amenazas a través de redes sociales a los miembros del portal 4Pelagatos, por haber cuestionado al presidente Correa por utilizar el diario estatal El Telégrafo para publicar un artículo de su hija; la agresión con palos al periodista Jean Cano durante unas protestas en marzo; o el caso de los “29 de Saraguro”, quienes fueron procesados tras una jornada de protestas.

Al respecto, la Relatoría recordó que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”. Sobre la protesta social, aseguró que esta es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos y es esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las autoridades

Finalmente, las declaraciones estigmatizantes siguen siendo un tema de preocupación para la Relatoría y este último informe reiteró que “los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos…”. Esto, a propósito de los insultos y descalificaciones emitidas por el presidente Correa durante sus Enlaces Ciudadanos de cada sábado.

En cuanto al informe de Freedom House, este organismo pone al Ecuador en la categoría de “No libre”, con un puntaje de 66/100, el más bajo de latinoamérica después de Venezuela, que obtuvo la puntuación de 81/100 y Cuba, que fue calificada con 91/100. El puntaje de Ecuador es igual al obtenido el año pasado y es el mismo obtenido por Marruecos o Camerún y similar al de otros países africanos.

A nivel global, Freedom House recalcó que la libertad de prensa en el mundo ha sufrido una recaída a su punto más bajo en 13 años debido a las constantes amenazas en contra de medios y periodistas y la creciente tendencia a controlar la información por parte  de gobiernos autoritarios. Según este organismo, el 45% de la población mundial vive en países sin prensa libre, cuyas peores calificaciones las obtuvieron: Azerbaijan, Crimea, Cuba, Guinea Ecuatorial, Irán, Corea del Norte, Siria, Turkmenistán y Uzbekistán.

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