alexis mera

La administración anterior nos dejó una serie de perlas que pelean entre sí por el puesto de la más insensata. Sin embargo, una de las frases más desatinadas, no solo por lo fuera de lugar, sino por la vulneración de derechos básicos que suponía, fue la del entonces Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, quien con todo el desconocimiento del caso aseguró en una entrevista en Diario El Comercio, en marzo de 2015, que “el Estado debe enseñar a las mujeres que es preferible que retrasen su vida sexual y que retrasen la concepción para que puedan terminar una carrera”.

Las voces críticas desde la sociedad civil no tardaron en levantarse frente a tan desafortunadas declaraciones, las cuales no eran aisladas: en diciembre de 2014, mediante el Decreto Ejecutivo 491 se disolvía la Estrategia Intersectorial de Prevención de Embarazo Adolescente y Planificación Familiar –ENIPLA- para ser reemplazada por el Plan Familia, proyecto comandado por una miembro del Opus Dei y manejado desde el Ejecutivo con la venia y apoyo de Mera, quien con aquellas declaraciones demostró el tamaño de su visión sobre derechos reproductivos conocimiento sobre prevención de embarazo adolescente y planificación familiar.

Esta es apenas una muestra del criterio aplicado por este abogado nacido en Bahía de Caráquez en 1966, en la elaboración de los marcos jurídicos con los que se ha gobernado el país desde 2007. Criterio que pese a que, según Correa, provendría de uno de los “jóvenes revolucionarios de izquierda” que formó parte de su gobierno desde el día uno hasta el final, lo cierto es que ciertas herramientas legales salidas desde la Secretaría dirigida por Mera junto al despacho presidencial son más que nada regresivas.

Este sería uno de los motivos por los que organizaciones de DDHH de Washington han alertado sobre la candidatura de Mera al Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), un organismo internacional dedicado al impulso de reformas en los sistemas de justicia de los países miembros, los cuales son integrantes activos de la OEA. Esta paradójica designación genera preocupación de cara a las próximas elecciones se llevarán a cabo en la próxima Asamblea General de la OEA,  entre el 19 y el 22 de junio.

Alexis Mera saltó a la vida pública como un joven y brillante abogado que se convirtió en el asesor jurídico de León Febres Cordero, cuando ejerció como alcalde de Guayaquil, a lo cual se refirió en una entrevista como “un honor”. Recordemos que León Febres Cordero fue Presidente de la República, entre 1984 y 1988, y entre los mayores cuestionamientos que se ha hecho a su ejercicio del poder fue su autoritarismo y reiteradas violaciones a los Derechos Humanos.

En los 10 años de Mera en la primera línea de la Revolución Ciudadana, aplicó una doctrina por la cual se construyó un Estado todopoderoso aún a costa de los derechos individuales. Así por ejemplo, la principal herramienta punitiva que tiene el Estado, el Código Orgánico Penal –COIP-, ha sido utilizado para juzgar a defensores de DDHH quienes, vulnerados en su derecho fundamental a la protesta social, han sido acusados de sabotaje y terrorismo; delitos que luego fueron modificados en las reformas al COIP y se englobaron en los llamados “delitos contra la estructura del Estado Constitucional”, por los que hoy esperan la amnistía 177 personas y el indulto 20 ciudadanos, criminalizados por protestar.

Según recogía un artículo de diario El Universo en 2011, Gustavo Larrea, exministro de Gobierno de Correa, señaló que tal tipificación de delitos en el COIP eran “consejos de Alexis, acostumbrado a darle consejos a León. Es absurdo usar el Código Penal para enjuiciar a dirigentes sociales. Hay más de 180 ciudadanos acusados por terrorismo. ¿Podemos decir que en Ecuador hay terrorismo? No. Eso es ‘acomodar’ el derecho y las circunstancias a tipificaciones penales que no calzan en la realidad”.

Es así que, acomodando el derecho para fines discrecionales, este ex compañero de Correa en los grupos apostólicos del colegio Cristóbal Colón ha dejado su huella visible en diversos instrumentos legales como la Ley Orgánica de Comunicación LOC, la cual ha sido usada como herramienta de persecución a medios y periodistas, con 519 sanciones expedidas desde su aprobación en 2013.

Y es que para Mera, el que en dicha ley se haya declarado a la comunicación como un derecho y un servicio público, así como que se incluyera la figura de linchamiento mediático o de censura previa, no representaba una vulneración a la libertad de expresión y libertad de prensa, sino “un empoderamiento ciudadano para la defensa de sus derechos”. Por tanto, se refirió a la acción de inconstitucionalidad contra la Ley presentada por varios actores civiles como “una paranoia de ciertos sectores de la prensa encabezados por organizaciones como Fundamedios”.

Asimismo, refiriéndose a las críticas de instancias internacionales, dijo que “se habla mucho de las opiniones consultivas de las relatorías de las libertades de expresión, que no tienen ningún valor vinculante para el Gobierno nacional porque no hay ningún tratado internacional que diga que la opinión de una señora, que obedece a intereses internacionales, sea vinculante para el Ecuador”. Ello pese a que la acción de inconstitucionalidad atacaba 64 artículos que atentaban contra 16 principios constitucionales, dos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y uno del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por tales declaraciones, parecería que este profesional del derecho que empezó su carrera en el estudio jurídico Romero & Menéndez, del cual es accionista en la actualidad, desconoce las herramientas del derecho internacional, pues varias leyes y normativas que se han expedido bajo su venia o consejo, violan directamente los estándares internacionales.

Entre ellas están los decretos presidenciales 16 y 739, los cuales fueron puestos en vigencia supuestamente para sistematizar en una misma plataforma los procesos de registro de las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, han sido utilizados como un instrumento de silenciamiento y persecución de aquellas organizaciones que presentan críticas incómodas al poder, sobre todo aquellas que promocionan la defensa de derechos fundamentales.

Este fue el caso de la disolución de fundación Pachamama y la Unión Nacional de Educadores – el gremio más grande y uno de los más antiguos del país-, o de las fundaciones Acción Ecológica y Fundamedios que se intentaron cerrar bajo una de las tres causales de disolución polémicas incluidas en tales decretos, las cuales claramente violan el derecho a la libre asociación por ser ambiguas y discrecionales: desviarse de los fines para los que fueron constituidas, hacer política partidista, y atentar en contra de la seguridad del Estado.

Lo mismo sucede con el Decreto Ejecutivo 1247 sobre consulta previa, libre e informada respecto a explotación petrolera en áreas de comunidades indígenas, el cual fue concebido básicamente como “un instrumento de carácter informativo del proceso de consulta, reduciéndolo a un proceso formal no garantista, que desvirtúa el espíritu y propósitos de la consulta”, según se detalla en un informe del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, CEDA. No obstante, este carácter informativo tampoco contempla los riesgos potenciales a las comunidades y al entorno natural, sino simplemente los beneficios de la explotación.

Este decreto, además, tampoco cumpliría con los estándares de varios instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, o las observaciones del Comité (de la ONU) para la eliminación de la Discriminación Racial en el Ecuador, pues estos dicen que no sólo debería existir consulta previa sino consentimiento previo, lo cual no consta en dicho reglamento. Además, la decisión final según tal decreto la tendría la autoridad de hidrocarburos y no las poblaciones consultadas.

Frente a ello, el abogado Marcelo Espinel de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se pregunta: “¿Cómo es que un abogado y secretario jurídico de la presidencia permite que se regulen por decreto dos derechos, el de libertad de asociación y de consulta previa a pueblos indígenas, si esto es inconstitucional y va en contra de los estándares de instrumentos jurídicos internacionales?”.

La respuesta está justamente en el uso acomodaticio que Mera ha hecho no solo de los instrumentos legales, sino de la justicia. Como hombre de confianza de Héctor Romero Parducci, adquirió experiencia en el sistema judicial cuando fue su asesor mientras éste presidió la llamada Corte Suprema de Justicia durante tres años, desde 1997. Esto quizás explique de algún modo la ventaja de conocimiento que tendría sobre el funcionamiento de la justicia en el país.

No es un secreto, por tanto, la intromisión en este poder del Estado que se ha develado en diversas ocasiones, como cuando salieron a la luz pública dos comunicados advirtiendo a los jueces con sancionarlos si  resolvían favorablemente acciones de protección en contra del Estado. El autor de los mismos fue Alexis Mera, quien en noviembre del 2010 alertó en un oficio sobre el “abuso ilegítimo de la acción de protección y de las medidas cautelares”.

Dos años después, el 19 de julio del 2012, Mera informó en un memorándum dirigido a los directores provinciales de la Judicatura de Transición que se aplicarían sanciones y la destitución de los jueces que resolvieron favorablemente esta figura. Esto pese a que limitar o impedir las acciones de protección en contra del Estado estaría violando las garantías constitucionales.

Ello es consecuente con unas declaraciones que dio en 2011, en las que aseguró que desde la creación del Consejo Nacional de la Judicatura -CNJ- “las cosas mejoraron en alguna forma”, siendo que él mismo fue asesor de dicha entidad desde su inicio hasta 2003. “¿Cuántas veces botaron a un juez antes de tener un CNJ? Me acuerdo que tramitaba las quejas cuando estaba en ahí. No decidía, solo tramitaba”, aclaró en la misma ocasión.

Una de las mayores muestras de su metida de mano en la justicia ha sido la presión e intimidación a jueces, como fue el caso del juez Wilfrido Erazo, quien rechazó una acción de protección de los trabajadores de casinos legales de hoteles de primera categoría, debido a las amenazas de destitución y de acciones penales en su contra contenidas en una carta enviada por Mera.

Al parecer, las cartas intimidatorias o de presión son el modus operandi de dicho ex funcionario, como lo denunció en 2015 el ex juez primero de Garantías Penales de Cuenca, Miguel Antonio Arias, quien renunció por haber recibido presiones para cambiar sentencias y porque, según declaró, la justicia estaba cooptada por el poder político. En las declaraciones que dio al respecto, también se refirió al caso de los profesores jubilados de Manabí que interpusieron en 2011 una acción de protección por considerar que no recibieron el pago que les correspondía por sus jubilaciones:

“Hemos visto estos atropellos como la carta que envía el secretario particular de la Presidencia de la República, Alexis Mera, al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dándole instrucciones a fin de que ordene a los jueces de su provincia de que no admitan acciones constitucionales a favor de los profesores, que por situaciones de jubilación tenían necesidad de una respuesta constitucional”, expuso Arias.

Dicha carta, que fue remitida a los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo número 4, con sede en Portoviejo, está escrita y firmada por Mera, y dice textualmente: “De persistir la tramitación de tales juicios contenciosos administrativos en esta sede judicial (…), me veré en la obligación de solicitar al Consejo de la Judicatura y a la Corte Constitucional, ésta como órgano encargado de sancionar a los jueces constitucionales, inicie las acciones pertinentes contra los responsables de esta infamante renuencia de acatar los precedentes jurisprudenciales constitucionales”.

La carta completa se puede leer en este enlace:

 http://www.fundamedios.org/wp-content/uploads/2017/06/Memorándum-Alexis-Mera-jubilados-Manabí.pdf

Las amenazas de destitución de jueces no cayeron en terreno baldío. En 2015, el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalk, se enorgullecía de la cantidad de jueces destituidos en un año: 110.

No obstante, el caso más sonado de manipulación de la justicia fue la histórica sentencia a Diario el Universo en 2011, que condenó al pago de 40 millones de dólares por un artículo de opinión publicado por el entonces columnista del diario Emilio Palacio, además de la    prisión de tres años para el periodista y los directivos del rotativo. Se descubrió que dicha sentencia no fue redactada por el Juez Paredes, quien llevaba la causa, sino por Gutemberg Vera abogado del demandante, Rafael Correa, bajo la batuta de Alexis Mera. Más tarde los sentenciados fueron perdonados por el expresidente, aunque el Juez Paredes fue denunciado por los delitos de prevaricato y falsedad ideológica, por parte de dicho diario. Nunca pasó nada con tal denuncia.

Otra muestra de la fácil forma de desechar procesos judiciales con solo una palabra de Mera, fue el caso de la ex Ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga y la compra sobrepreciada de terrenos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) para la construcción del Parque Samanes, ubicado en Guayaquil. Bastó con que Mera dijera que se trató de “un error de buena fe”, para que el juez dejara de investigar y se cerrara el caso.

Toda esta manipulación de la justicia e influencia en la elaboración de leyes no será, sin duda, ninguna sorpresa para quienes fueron parte del proceso constituyente del 2008, pues era de conocimiento general que Mera se paseaba por las mesas sugiriendo y revisando los artículos, lo cual generó molestia entre los asambleístas, sobre todo en la redacción del texto final, cuando algunos aseguran que planteó observaciones y correcciones que él mismo redactó en la Carta Magna.

Tampoco es novedoso que un día antes de que concluya su mandato, el Presidente Correa haya enviado a la Asamblea el proyecto de ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet, tomando en cuenta que Alexis Mera, propuso ya en 2013 la regulación a las redes sociales en los casos de injuria y calumnia. “He propuesto que se regule mejor todo lo que es procesos de calumnia en redes sociales porque no pueden ser un instrumento de impunidad”, declaró en esa época.

Como se ve, espacio faltaría para exponer todos los casos en los que Mera ha tenido injerencia directa o indirecta tanto en la elaboración de instrumentos legales, como en el manejo de la justicia. Sin duda, estamos frente a uno de los grandes responsables de la vulneración de derechos básicos, y del quiebre del aparato democrático y de la institucionalidad del país en los últimos diez años.