Jueza declara culpables a miembros de comisión anticorrupción en juicio por calumnias

Jueza declara culpables a miembros de comisión anticorrupción en juicio por calumnias



18051872_1846690792266877_1279086058_n

Los nueve integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción fueron sentenciados el 20 de abril de 2017, a un año de prisión por calumnias al contralor general del Estado, Carlos Pólit. La jueza Karen Matamoros también ordenó que se pida disculpas públicas al funcionario y que cada uno le pague como indemnización el equivalente a un mes sueldo de Contralor. Sin embargo, se perdonó la pena porque se declaró extinta la acción penal una vez que el defensor del Contralor desistió de la querella.

Todo esto ocurrió horas después de que el presidente electo Lenín Moreno exhortara al contralor Pólit a desistir de la causa. En su cuenta oficial de Twitter, Moreno escribió: “Animo al señor Contralor, Carlos Pólit a revisar demanda contra @CNACEcuador Es momento de mayor tolerancia….Pero también exhortamos a las organizaciones sociales a proceder con mayor rigor y responsabilidad”, apuntó.

Esta acción fue calificada por los Comisionados como una “pantomima” y una “vergüenza” y aseguraron que no aceptarán este juzgamiento. “Es una resolución írrita, vergonzosa que desdice lo que debe ser la justicia y debe ser combatida. La Comisión Anticorrupción no se ha acabado hoy día, tenemos más fuerza para seguir combatiendo a estos miserables”, apuntó Jorge Rodríguez, titular de la Comisión Nacional Anticorrupción.

Antes de conocer el desistimiento de la causa, el Contralor pedía una pena de hasta dos años en prisión y el pago de una indemnización de USD 900 mil por las supuestas calumnias. Esto porque la Comisión presentó en febrero de 2016, una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue la existencia de un supuesto delito de cohecho y el presunto sobreprecio en la compra del terreno para la Refinería del Pacífico. Sin embargo, el caso denunciado se archivó y el fiscal general Galo Chiriboga se abstuvo de seguir con la investigación por considerar que no habían pruebas suficientes. Tras esto, la Corte Nacional calificó a la denuncia de la Comisión como maliciosa y temeraria y el Contralor procedió a acusar a los Comisionados. Los nueve demandados son: Maria de Lourdes Arboleda, Byron Patricio Celi, Simón Espinosa, Isabel Robalino, Germán Alfredo Rodas, Jorge Rodríguez, Ramiro Román, Julio César Trujillo, Juan Fernando Vega, todos ellos, conocidos personajes de la academia.

Durante la audiencia desarrollada en el Complejo Judicial, al norte de Quito, la defensa de los acusados coincidió en que los querellados son inocentes porque no se ha demostrado el ánimo ni la intención de daño. A su criterio, tampoco se ha demostrado que el Contralor, quien fue reelecto en su cargo, fue afectado psicológica o moralmente por las denuncias. También coincidieron en que la causa ha prescrito porque aseguraron que ya transcurrieron más de seis meses que dicta la ley, desde que se presentó la denuncia -con la que se habría calumniado a Pólit- hasta que este presentó la querella en octubre del año pasado. También cuestionaron la ausencia del Contralor, quien estuvo representado por su abogado Hernán Ulloa.

Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y abogado de dos de los querellados, insistió en que la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su aplicación, ha dejado en claro que no es legítimo el uso de la vía penal para la protección del derecho a la honra de un funcionario público. “La diferencia lo hace en el umbral de protección, porque el funcionario público cuando acepta el cargo se somete al escrutinio público y el que se acepte la vía penal para proteger el derecho al honor del funcionario inhibiría el debate democrático”, apuntó García, para quien resulta paradójico que la Fiscalía, en lugar de investigar las denuncias de corrupción con fondos públicos, se abstenga y ahora se procese a los denunciantes por calumnias.

Por su parte, Hernán Ulloa, en representación del Contralor aseguró que una vez que la fiscalía se abstuvo de investigar las denuncias de corrupción por falta de prueba y se declaró la malicia y temeridad de las mismas, se perfeccionó el delito.

La Jueza Matamoros, durante la lectura de la sentencia justificó la culpabilidad de los querellados por considerar que la falsa imputación de un delito se verifica cuando se declaró la denuncia de maliciosa y temeraria. También aseguró que el artículo 11 de la Convención Americana “protege el honor de las personas”, incluyendo la de los funcionarios públicos.

 

Documentos asociados